Amnistía Internacional - 16 de junio de 2005
Prácticas de detención y expulsión:
los Derechos Humanos, en peligro
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado en 2005, Amnistía Internacional dirige su atención a la práctica de la detención arbitraria y la expulsión ilegítima de refugiados y solicitantes de asilo. El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, es una fecha en que el mundo debe centrar su atención en la difícil situación de los refugiados. Con motivo de esta celebración, Amnistía Internacional presenta tres informes sobre detención y prácticas de expulsión.
Encontrarán más información a cerca del trabajo de Amnistía Internacional sobre los refugiados y otras personas desplazadas en www.amnesty.org/refugees. Aunque los informes tratan de la situación en el Reino Unido, Italia y España, las prácticas de detención arbitraria y expulsión ilegítima no están restringidas a estos tres países. Representan una triste realidad en casi todas las partes del mundo. Dada la falta de estadísticas oficiales, se ignora la magnitud de problema. No obstante, lo que se sabe es que muchos de estos detenidos son personas en busca de asilo. A algunos los detienen automáticamente en cuanto llegan a un país de asilo sin la debida documentación o autorización. A otros los tienen privados de libertad mientras se examinan sus solicitudes de asilo. En muchos casos se recurre a la detención una vez desestimada la solicitud de asilo mediante procedimientos que no cumplen las normas básicas de imparcialidad. A veces, la detención durante un breve periodo es el preludio de la expulsión sin haber ofrecido la oportunidad de solicitar asilo o sin haber examinado debidamente la solicitud. Las condiciones de detención no cumplen las normas fundamentales de Derechos Humanos. Los detenidos suelen tener que soportar condiciones de hacinamiento y falta de higiene durante largos periodos, sin poder impugnar de manera efectiva la legalidad ni la necesidad de su detención ni de denunciar los malos tratos. En el informe sobre Italia, por ejemplo, Amnistía Internacional documenta denuncias sobre malos tratos físicos infligidos a personas internas en centros de reclusión temporal por agentes encargados de hacer cumplir la ley y supervisores y sobre administración excesiva e indebida de sedantes y tranquilizantes. En la mayoría de los casos, las posibilidades de recibir asesoramiento jurídico son limitadas o inexistentes. Recluidos tras verjas de seguridad, sin certidumbre alguna sobre su presente ni esperanzas de futuro, algunos detenidos padecen problemas de salud física y mental en condiciones de las que a veces se ha dicho que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Los niños y las víctimas de tortura son particularmente vulnerables. La ausencia de un mecanismo de revisión independiente para vigilar las condiciones de detención crea un clima de impunidad en virtud del cual esas condiciones y la conducta de las autoridades no están sometidas a ningún control. Los gobiernos han intentado justificar las prácticas de detención señalando que los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares constituyen una "amenaza a la seguridad". Sin embargo, muchos de estos detenidos no son en absoluto terroristas, sino las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos. Las prácticas de expulsión tampoco cumplen las normas básicas sobre trato humano y justicia procesal. En sus recientes investigaciones sobre las condiciones de detención en el Reino Unido, Amnistía Internacional ha tenido noticia de varias denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante intentos de devolución. En su informe sobre España, la organización registra la difícil situación de las personas que arriesgan la vida para llegar a Ceuta, las islas Canarias o la costa andaluza para, al final, ser devueltas de nuevo a Marruecos sin que se les haya ofrecido una oportunidad efectiva de solicitar asilo o de impugnar la decisión de expulsarlas. Entre estas personas hay niños y mujeres embarazadas. La detención arbitraria y las prácticas de expulsión ilegítima violan Derechos Humanos fundamentales. El derecho a la libertad y el derecho a no ser detenido arbitrariamente están recogidos en las normas internacionales de Derechos Humanos. La protección contra la expulsión legítima es un requisito esencial para garantizar el principio fundamental de no devolución ("non-refoulement"), que prohíbe devolver a una persona a un país donde esté expuesta a sufrir violaciones de Derechos Humanos. En el Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los Gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a la detención de solicitantes de asilo y refugiados sin cumplir estrictamente las obligaciones que han contraído en virtud del Derecho Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, la organización recuerda a los Gobiernos su obligación de respetar el principio de no devolución y garantizar que ninguna persona es devuelta a un país donde esté expuesta a sufrir violaciones de Derechos Humanos. Para cumplir sus compromisos, los Estados deben tomar medias que prevean la revisión automática y periódica de todas las decisiones de detención. Asimismo, deben garantizar el acceso a salvaguardias fundamentales de procedimiento a toda persona sujeta a expulsión, entre ellas acceso a asesoramiento jurídico y la oportunidad de apelar contra la decisión de expulsión. |