Amnistía Internacional - 5 de julio de 2005

Sri Lanka: AI insta a la presidenta
a no reanudar las ejecuciones

Amnistía Internacional siente honda preocupación por los informes que indican que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General han recomendado que se ejecuten las condenas de muerte impuestas a los asesinos de Rita John.

La organización de Derechos Humanos reconoce que la violación y asesinato de Rita John fue un crimen atroz cuyos responsables deben ser castigados. Sin embargo, por terrible que sea el crimen, nunca se puede justificar la pena de muerte, como violación del derecho a la vida y exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

Por ello, Amnistía Internacional insta a la presidenta a rechazar las recomendaciones del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General y mantenerse firme en la suspensión de las ejecuciones.

La ejecución de la pena de muerte en este caso sería un paso retrógrado, que pondría fin a una suspensión de veintinueve años de las ejecuciones y daría marcha atrás a los importantes progresos realizados por Sri Lanka en la protección y la promoción de los Derechos Humanos.

Además, en las últimas décadas Sri Lanka ha sido uno de los países asiáticos que ha dado ejemplo en la región al rechazar la pena de muerte, y la reactivación propuesta por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General rompería con esa tradición, y también con la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte.

Amnistía Internacional reconoce que Sri Lanka lleva tiempo enfrentándose a un aumento de los delitos graves y que el Estado debe responder a ello. Sin embargo, la pena de muerte viola los Derechos Humanos, y no existe ninguna prueba de que tenga un efecto disuasorio sobre la delincuencia superior al del encarcelamiento.

Información complementaria

La última ejecución llevada a cabo en Sri Lanka tuvo lugar en junio de 1976. Desde entonces, los presidentes consecutivos han conmutado automáticamente todas las condenas de muerte.

El 20 de noviembre de 2004, la Oficina de la Presidencia anunció que se iba a reactivar la pena de muerte, y declaró: "Desde el día de hoy, la pena de muerte será efectiva para los delitos de violación, asesinato y tráfico de drogas".

En respuesta a este inquietante anuncio, Amnistía Internacional escribió a la presidenta instándola a no reactivar la pena de muerte y proponiendo el establecimiento de una comisión encargada de estudiar el aparente aumento de la criminalidad en Sri Lanka y formular recomendaciones sobre medidas efectivas que puedan tomarse sin recurrir a la pena capital.

Amnistía Internacional ya hizo propuestas similares al Gobierno de Sri Lanka en marzo de 2003 y marzo de 1999.

En junio de 2001, el entonces ministro de Justicia había manifestado su interés en encargar un estudio de ese tipo.

Durante una reunión mantenida en junio de 2002 con una delegación de Amnistía Internacional que visitó Sri Lanka, la presidenta prometió continuar con la práctica de conmutar automáticamente todas las condenas de muerte que se le presentaran.