GLORIA HELENA REY. BOGOTÁ.

La familia de Fabio Durango Ortiz, un niño de diez años asesinado por los paramilitares de ultraderecha el 20 de mayo de 1995 en Apartadó (departamento de Antioquia), en el oeste de Colombia, no sabe qué es The New York Times, la ONU o Amnistía Internacional, pero, al igual que ellos, tampoco se conforma con la ley de justicia y paz aprobada por el Congreso colombiano, rubricada hace poco por el presidente, Álvaro Uribe, y que, según defensores de los Derechos Humanos, dejará impunes cientos de miles de crímenes atroces cometidos por los paramilitares en Colombia durante décadas.

En un mar de sangre, que tuvo sus orígenes en la década de los sesenta y no ha parado de crecer desde la de los ochenta, los paramilitares han sembrado muerte, luto y traumas en miles de familias colombianas y han destruido movimientos sociales, humanitarios y políticos con métodos feroces de barbarie, según Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado 1988 - 2003, un recién divulgado y muy bien documentado informe de quinientas páginas. El dosier está realizado por el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), vinculado a la Iglesia católica y ha estado patrocinado por la Unión Europea.

Quince mil asesinados

En ese documento se ilustra, con nombres, apellidos, fechas y lugares, las casi quince mil víctimas del exterminio paramilitar entre 1988 y el 2003, es decir unas mil personas por año, y se aclara que no están incluidos los crímenes cometidos en periodos anteriores, especialmente a comienzos de los ochenta, cuando los paramilitares asesinaron a más de tres mil militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda, y a integrantes de otros movimientos sociales.

El Estado colombiano adoptó la estrategia insurgente paramilitar a raíz de unas directrices secretas de Estados Unidos en 1962, en las que recomendó vincular a la población civil a la guerra (paramilitarismo) con "un entrenamiento clandestino en operaciones de represión" para integrar "una estructura cívico-militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más", según el documento oficial del Ejército norteamericano.

También recomendó convertir a la población civil en blanco principal de la guerra, es decir, combatir a los inconformes con el statu quo.

Los paramilitares acabaron en Colombia con "grupos, organizaciones, movimientos e iniciativas que buscaron, dentro de los marcos legales formalmente democráticos, la satisfacción de necesidades biológicas y de convivencia más elementales de las mayorías nacionales, tratando de construir estructuras de mayor justicia social", afirma el documento del CINEP, que sostiene que la identidad de sus víctimas debe estar hoy más presente que nunca para que se haga justicia.

Penas de cinco a ocho años

Pero la aprobada ley de justicia y paz, que es el marco legal para juzgarlos en el proceso de paz del Gobierno de Uribe, les brinda estatus de presos políticos y les otorga penas de entre cinco y ocho años cárcel, que podrán cumplir en granjas y no en prisiones normales, aunque sean culpables de crímenes de lesa Humanidad como asesinatos masivos, masacres, desapariciones forzadas y torturas.

Por eso fue calificada como "una ley de impunidad para asesinos, terroristas y grandes traficantes de cocaína", por The New York Times.

Amnistía Internacional denunció que ley que no cumple con "las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".

Uribe sostiene, entre otras cosas, que las críticas corresponden, sobre todo, a falta de información; defiende la ley con el argumento de que no indulta ni da amnistía a los culpables de delitos atroces, porque estipula penas de cárcel, y asegura que tampoco beneficia a narcotraficantes. También afirma que los paramilitares que se beneficien de ella deben, en reparación a las víctimas, entregar los bienes que obtuvieron de forma ilícita.

Pero eso no es suficiente ni para los familiares ni para los defensores de los Derechos Humanos como el CINEP, que considera que "no habrá ninguna reconciliación mientras no se aclare lo que pasó, en el análisis y corrección de los factores que produjeron los daños y en la reparación, reconstrucción, compensación y sanción de lo que fue destruido".

El Periódico de Catalunya

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