Este texto resume el informe Haití: Desarme retrasado, justicia denegada

La violencia grave, la impunidad flagrante y la ausencia del Estado de Derecho siguen siendo fenómenos generalizados en Haití. Pese a la presencia de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se han hecho escasos avances tangibles en materia de protección de los Derechos Humanos desde la asunción al poder del Gobierno de Transición a principios de marzo de 2004 y durante el año transcurrido desde la llegada al país de la MINUSTAH.

La proliferación de las armas ha intensificado la crisis política y el desarme se ha convertido en la cuestión principal y más acuciante en Haití. La consolidación de la paz, la seguridad y el Estado de Derecho depende del éxito del desarme, la desmovilización y la reintegración de todos los grupos armados.

Desde la asunción al poder del Gobierno de Transición no se ha hecho ningún esfuerzo serio para abordar la cuestión del desarme, pese al brusco aumento de la violencia y las muertes ocasionadas por armas de fuego. Las actividades delictivas de las bandas armadas siguen estando generalizadas.

El Gobierno de Transición parece estar mostrando una mayor tolerancia hacia los ex militares y otros grupos ilegales vinculados a la ex oposición, mientras que persigue a los grupos armados a los que se atribuyen vínculos con el ex presidente Jean-Bertrand Aristide.

Las actividades de la MINUSTAH se han visto restringidas por la falta de voluntad política del Gobierno para adoptar una postura firme frente a estos grupos. En especial, el Gobierno se ha abstenido de impedir que lleven a cabo actividades ilegales y cometan graves abusos contra los Derechos Humanos como homicidios, detenciones ilegítimas, reclusión de personas sin fundamento legal alguno, actos de intimidación de la población civil y amenazas de derrocar al Gobierno de Transición.

La fuerza policial tiene una dotación insuficiente de personal, y carece de equipo y formación adecuados pese al esfuerzo sostenido de la comunidad internacional para prestarle asistencia en sus programas de formación y profesionalización desde su creación en 1995.

Los agentes de policía haitianos infringen de manera habitual las normas internacionales en su utilización de medios letales.

Amnistía Internacional considera que faltan la voluntad política, los recursos y los mecanismos necesarios para determinar si los agentes de policía son responsables de violaciones de Derechos Humanos.

Pese a las promesas formuladas por el primer ministro provisional, Gérard Latortue, no se ha creado una comisión independiente encargada de investigar los abusos policiales, y la administración de la justicia penal sigue siendo sumamente disfuncional.

La independencia e imparcialidad de la judicatura se han visto puestas a prueba, especialmente en numerosos casos de carácter político.

Los casos de detención preventiva a largo plazo siguen siendo la regla y no la excepción, y han causado una situación de hacinamiento en las prisiones, donde se recluye a las personas durante periodos prolongados sin darles la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención.

Uno de los motivos de preocupación relativos a la aplicación del mandato de la MINUSTAH ha sido la tensión existente entre su función de protección de la población civil y la de asistencia a la Policía Nacional. Además, la ausencia de informes frecuentes, exhaustivos y públicos hace difícil determinar cuáles son las medidas adoptadas para proteger y promover los Derechos Humanos.

Los actos de violencia contra las mujeres son particularmente frecuentes en ausencia del Estado de Derecho. Las mujeres son víctimas de la violencia aleatoria en los barrios pobres de la capital y las campañas de terror caracterizadas por violaciones, asesinatos, incendios y saqueos.

Una gran proporción de las violaciones de Derechos Humanos que se cometen hoy en día contra los niños haitianos, especialmente actos de tortura y homicidios ilegítimos, son obra de agentes de policía en el curso de operaciones supuestamente destinadas a combatir la delincuencia.

Amnistía Internacional ve con honda preocupación el desprecio por la vida y la integridad física de las personas que reina en Haití y hace un llamamiento al Gobierno de Transición y a la MINUSTAH para que lleven a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre todas las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el país.

Amnistía Internacional siente consternación frente al hecho de que el Gobierno de Transición no haya hecho un intento serio de trabajar conjuntamente con la MINUSTAH para establecer un programa auténtico y duradero de desarme, desmovilización y reintegración, paso esencial para restablecer el Estado de Derecho en todo el país.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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