Más de treinta y seis mil ruandeses, entre sospechosos y confesos de haber participado en el genocidio de cerca de ochocientas mil personas en 1994, comenzaron ayer a salir de prisión. Se trata de la tercera fase de liberación de presuntos responsables del exterminio de la etnia tutsi y de hutus moderados durante la guerra civil.

El fiscal general de Ruanda, Jean de Dieu Mucyo, declaró que las liberaciones son "provisionales" y que "los que han confesado sus crímenes deberán comparecer ante los tribunales locales".

Las liberaciones comenzaron por la mañana. Los primeros en beneficiarse de la excarcelación provisional de los más de treinta y seis mil sospechosos y confesos de genocidio decretada el miércoles por el Gobierno ruandés fueron las personas mayores y los enfermos. Algunos de ellos salieron de las cárceles de Kigali, capital del país africano, en camillas, otros apoyándose en bastones, según informó la cadena de televisión británica BBC.

Ésta es la tercera y más importante fase de liberaciones puesta en marcha por las autoridades ruandesas a causa de la superpoblación de las cárceles desde el final del conflicto étnico, en 1994.

Entonces murieron, según Naciones Unidas, cerca de ochocientas mil personas, principalmente civiles de la minoría tutsi y exponentes moderados hutus, a manos de milicianos de la facción hutu radical en el poder.

Cuando terminó la guerra, fueron encarcelados más de ochenta mil presuntos responsables del genocidio, según fuentes del Ministerio de Justicia ruandés.

En enero de 2003, el presidente, Paul Kagame, de etnia tutsi, pidió a las autoridades judiciales poner en libertad a los presos de forma gradual y en conformidad con su grado de implicación en el conflicto. A la petición de Kagame siguió la excarcelación de más de veintidós mil personas en 2003 y de alrededor de cuatro mil quinientas en 2004.

La gran mayoría de los treinta y seis mil reclusos que ayer comenzaron a salir de prisión permanecían retenidos desde hace una década sin ser formalmente juzgados ni condenados, pese a haber reconocido su directa responsabilidad en el genocidio.

El fiscal general de Ruanda, Jean de Dieu Mucyo, declaró al respecto que se trata de liberaciones "provisionales" y destacó que los sospechosos no se beneficiarán de ninguna amnistía. En los próximos días, los detenidos excarcelados serán llevados a unos centros de acogida, donde durante seis semanas participarán en una programa de reinserción en la comunidad. Una vez terminada la rehabilitación social, todos los acusados deberán comparecer ante los tribunales locales, llamados "gacaca", y ser oficialmente juzgados.

La justicia belga, en virtud de su ley de competencia universal, ha procesado en dos ocasiones a ciudadanos ruandeses acusados de uno de los mayores genocidios del siglo XX.

En 2001, un tribunal belga condenó a cuatro personas que participaron en el exterminio, mientras que hace poco más de dos meses, dos comerciantes ruandeses comparecieron ante un juez en Bruselas. Los dos son hermanastros y están acusados de planificar y apoyar a los extremistas hutus en unas matanzas que sólo en la región de Kibungo, en el sureste del país, dejaron cincuenta mil muertos en apenas dos semanas.

El País

Enlaces sobre Direitos Humanos