Amnistía Internacional - 16 de septiembre de 2005
Estados Unidos: previstas otras dos ejecuciones
de penas de muerte
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Está previsto que John W. Peoples Jr. sea ejecutado mediante inyección letal en el estado de Alabama el 22 de septiembre. Fue condenado a muerte en enero de 1984 por el asesinato de Paul y Judy Franklin y el hijo de éstos, Paul Jr., en el condado de Talladega. Existen dudas sobre la competencia del abogado que lo representó en el juicio en el que fue condenado. Su presunto cómplice fue declarado culpable de los mismos asesinatos pero condenado a cadena perpetua. La familia Franklin fue asesinada el 6 de julio de 1983. Según las pruebas presentadas en el juicio, Paul Franklin fue asesinado en su casa tras negarse a vender un automóvil a John Peoples Jr. y a su primo, Timothy Gooden. Su cadáver fue arrojado en los bosques cercanos, donde fueron conducidos y asesinados también su esposa y su hijo. John W. Peoples Jr. fue detenido cinco días después, y confesó los asesinatos sin que estuviera presente un abogado. Timothy Gooden también se declaró culpable de asesinato punible con la pena capital y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El equipo legal que se ocupa actualmente del caso de John Peoples Jr. alega que, pese a que éste colaboró plenamente con los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, en la fase de determinación de la pena de su juicio el abogado que lo representaba no ofreció ninguna prueba atenuante y dijo explícitamente al jurado que no existía ninguna alternativa a la ejecución. Timothy Gooden compareció como testigo de la defensa y testificó en favor de la ejecución. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la culpabilidad o la inocencia del acusado. La pena de muerte constituye un síntoma de una cultura de la violencia, no una solución a ella. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio único, niega la posibilidad de la rehabilitación, entraña el riesgo de que se cometan errores irreversibles y de que se aplique de forma incoherente y discriminatoria, y consume recursos que podrían utilizarse para combatir la delincuencia violenta y ayudar a quienes se ven afectados por ella. Actualmente, ciento veinte países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En Estados Unidos, el sistema de aplicación de la pena capital se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores. Desde que el país reanudó las ejecuciones en 1977 ha ejecutado a novecientos ochenta y dos presos, treinta y tres de ellos en Alabama. En este Estado hay ciento noventa y una personas en espera de ejecución. En Alabama, el gobernador tiene autoridad exclusiva para otorgar el indulto en casos de pena de muerte. Más información sobre el caso de John Peoples Jr. Está previsto que Alan Lehman Matheney sea ejecutado el 28 de septiembre. Fue condenado a muerte en 1990 por el asesinato de su ex esposa, Lisa Bianco, cometido el año anterior. En 1987, Alan Matheney empezó a cumplir una pena de prisión por agredir a Lisa Bianco y cruzar fronteras estatales con los hijos de ambos, violando una orden judicial. El 4 de marzo de 1989 recibió un permiso de ocho horas, con autorización para visitar Indianápolis. En lugar de realizar esa visita, se dirigió hacia la casa de su ex esposa en la localidad de Mishawaka. Irrumpió en la casa de Lisa Bianco y persiguió a ésta hasta la calle, donde la mató a golpes con la culata de un arma. Durante su estancia en prisión había manifestado repetidamente su deseo de matarla. Durante el juicio, Matheney alegó que estaba legalmente loco cuando cometió el asesinato. Creía que Lisa Bianco formaba parte de una elaborada conspiración para mantenerlo en prisión. Varios testigos declararon sobre su extraño comportamiento. Aunque ninguno de los médicos que lo examinaron declararon que Matheney estuviera legalmente loco en el momento del asesinato, varios han testificado sobre su enfermedad mental. En su juicio original, un médico declaró que Matheney sufría un trastorno de personalidad paranoide y otro declaró que sufría un "trastorno esquizofreniforme" (trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico). El jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte, rechazando la posibilidad de declarar a Matheney culpable pero enfermo mental o inocente por motivos de la locura. La declaración de culpabilidad y la condena se confirmaron en revisiones posteriores. El 29 de agosto de 2005, la Corte Suprema de Indiana resolvió que "puesto que concluimos que Matheney no ha demostrado una posibilidad razonable de tener derecho a reparación, denegamos su petición". La fecha de ejecución se fijó ese mismo día. Matheney había alegado que su condena de muerte es inconstitucional porque él sufría una enfermedad mental cuando cometió el asesinato. En septiembre de 1985, el doctor Charles Arens, que evaluó a Matheney cuando éste estaba en prisión, le diagnosticó "trastorno esquizofreniforme", observando que Matheney daba muestras de retraimiento social, confusión cognitiva, ansiedad y paranoia. En el momento de cometer el delito, Matheney se encontraba en un estado "fuertemente psicótico", según la doctora Helen Morrison, psiquiatra que lo evaluó en 1989 y que testificó en el juicio y en los procedimientos posteriores a la condena. La petición de indulto de Alan Matheney señala que éste sigue sufriendo "un trastorno delirante severo que limita notablemente su cognición y su orientación hacia la realidad". INFORMACIÓN GENERAL Desde 1977, fecha en que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales, la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido algunas salvaguardias constitucionales para proteger a las personas con deficiencia mental que se enfrenten a la pena de muerte. En 1986, en Ford vs. Wainwright, la Corte resolvió que la ejecución de personas dementes viola la prohibición, establecida por la Constitución estadounidense, de las "penas crueles e insólitas". Una decisión emitida por la Corte Suprema en 2002 (Atkins vs. Virginia) prohibía la pena de muerte para personas que sufrieran retraso mental, considerando que el retraso mental reduce la culpabilidad personal y hace que resulte difícil justificar la pena de muerte alegando como razones la disuasión y el justo castigo. El 1 de marzo de 2005, citando el "abrumador peso de la opinión internacional" y las "normas morales emergentes", la Corte Suprema, en Roper vs. Simmons, proscribió finalmente la pena de muerte para delincuentes que fueran menores de 18 años en el momento del delito. La opinión mayoritaria de Roper citaba la resolución Atkins: "La pena capital debe limitarse a los delincuentes que cometen una reducida categoría de los delitos más graves y cuya extrema culpabilidad los convierte en los más merecedores de ejecución". Amnistía Internacional cree que existe una profunda incongruencia en eximir de la pena capital a las personas con retraso mental y mantener expuestas a ella a las personas con enfermedad mental grave. De igual modo, el eximir de la pena de muerte a los menores a causa de su culpabilidad disminuida es incongruente respecto a ejecutar a quienes sufren enfermedad o deficiencia mental grave distinta del retraso. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha pedido reiteradamente a los países que aún mantienen la pena de muerte que no la usen contra personas que sufran un trastorno mental. Amnistía Internacional se opone a todas las ejecuciones, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al delincuente. La pena de muerte contraviene en sí misma las normas morales emergentes internacionales, y una mayoría clara y creciente de países no la utiliza contra ninguna persona, menos aún contra los enfermos mentales. |