Amnistía Internacional, 4 - X - 2005
Francisco Larrañaga: el perdón
de la presidenta de Filipinas es su única esperanza
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Francisco Juan Larrañaga es un español de veintisiete años que vive en Filipinas y lleva desde los diecinueve años en la cárcel. El 5 de mayo de 1999 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de primera instancia, junto con otros seis acusados, por secuestro, violación y muerte de dos mujeres filipinas: Maryjoy Chiong y Jacqueline Chiong (las "hermanas Chiong"). El 5 de febrero de 2004, el Tribunal Supremo de Filipinas revisó la sentencia y aumentó su condena a pena de muerte, condenando a Francisco Larrañaga y a otros cinco imputados. La decisión de elevar la pena a seis de los siete condenados fue aprobada por todos los miembros del Supremo, aunque el presidente del Alto Tribunal, Hilario Davide, se vio obligado a no participar en la votación, dado que las víctimas eran familiares de su esposa. En cuanto al séptimo condenado, James Anthony Uy, se le ha mantenido la cadena perpetua ya que cuando se llevo a cabo el crimen era menor de edad. Según la sentencia del Tribunal Supremo, Larrañaga y los demás condenados secuestraron el 16 de julio de 1997 en un centro comercial de la ciudad filipina de Cebú a las hermanas Maryjoy y Jacqueline Chiong, entonces con diecinueve y veintiún años respectivamente. Los condenados, añade la sentencia, violaron repetidamente a las victimas y el cadáver de Maryjoy, apareció el día siguiente, mientras que el cuerpo de Jacqueline sigue desaparecido. Francisco Larrañaga, así como su familia, ha manifestado en todo momento su inocencia, argumentando que en la mañana del 16 de julio de 1997 se estaba examinando en la Escuela de Artes Culinarias en Manila, a trescientos kilómetros por mar de la ciudad de Cebú, donde presuntamente se cometieron los crímenes. La coartada la ratificaron quince testigos, entre ellos la profesora de la escuela, sus compañeros de clase, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Manila y los amigos con los que estuvo aquella noche. Además, el juez no permitió declarar a otros veinte testigos, que decían poder corroborar la coartada de Francisco Larrañaga. Las investigaciones policiales se centraron en un principio en delincuentes habituales de Cebú. Al parecer, la primera pista que los llevó a los siete acusados fue una denuncia anterior de una joven que había señalado a Paco Larrañaga como la persona que había tratado de introducirla en su coche a la fuerza unos meses antes. Pero no fue hasta ocho meses más tarde, ante la presión popular para dar con los culpables que amenazaba a toda la jerarquía policial de Cebú, cuando los investigadores se encontraron con el testimonio de David Valiente Rusia, un delincuente con pequeños delitos pendientes en Estados Unidos que aseguraba haber participado en el crimen y señalaba entre los participantes a varios hijos de la elite local, incluido Paco Larrañaga. David Valiente Rusia, hoy en paradero desconocido, recibió inmediatamente inmunidad y se convirtió en testigo protegido a cambio de denunciar lo ocurrido durante el juicio, donde alegó que su conciencia no le había dejado dormir y que arrepentido se decidió a contar la verdad. Fuentes policiales afirman que el testimonio de David Valiente Rusia fue contrastado con numerosos testigos y que sus detalles eran tan concretos que difícilmente podrían haber sido inventados. La familia de Francisco Larrañaga y el abogado denuncian que durante las investigaciones y el propio juicio hubo serias irregularidades, entre ellas:
En marzo del 2004 los abogados elevaron una moción de reconsideración al Tribunal Supremo con la esperanza que debido a todas las irregularidades que caracterizaron al proceso, Paco tuviese un nuevo juicio. Sin embargo el 21 de julio 2005, el Tribunal Supremo desestimó la moción y confirmó la pena de muerte por inyección letal que pesa sobre él y sobre otras tres personas. Amnistía Internacional no entra a valorar la culpabilidad o la inocencia de Francisco Larrañaga pero se opone a la pena de muerte en todos los casos. Amnistía Internacional pide que se le conmute la condena a muerte, un castigo que supone una violación del derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles e inhumanas. Enlace para firmar la petición de Amnistía Internacional. Más información sobre este caso en pacolarranaga.com. La pena de muerte en Filipinas La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, levantó en noviembre de 2003 la suspensión de las ejecuciones en los casos de condenados por secuestro y tráfico de drogas. Anteriormente la presidenta había rechazado las peticiones de que se reanudaran las ejecuciones para responder a la preocupación de la opinión pública por el aumento de la delincuencia, sobre todo de los secuestros con petición de rescate, afirmando que la profunda reforma institucional de la Policía Nacional de Filipinas y del sistema de justicia penal ofrecía un medio más eficaz para hacer frente a la delincuencia y disuadir de la comisión de delitos. Tras la investidura de la presidenta Arroyo, celebrada en julio del 2004, se recibieron informes que indicaban que en breve se reanudarían las ejecuciones. Sin embargo, la presidenta concedió una serie de aplazamientos a las personas que se enfrentaban a una ejecución inminente. En el nuevo Congreso se presentaron proyectos de ley que pedían la revocación de la pena de muerte. Al finalizar 2004 había un total de mil ciento diez presos pendientes de ejecución. Desde la restauración de la pena de muerte en 1993 se han llevado a cabo siete ejecuciones. Al menos veintiún jóvenes continuaban condenados a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de dieciocho años, aun cuando la ley establecía con claridad que los menores no podían ser condenados a muerte ni ejecutados. Siete fueron trasladados fuera del pabellón de los condenados a muerte y sus casos regresaron al Tribunal Supremo tras ser examinadas por tribunales inferiores pruebas relativas a su edad. Según informes, los otros catorce continuaban pendientes de ejecución en espera de una revisión similar. |