Amnistía Internacional - 7 de octubre de 2005
República Popular de China: en peligro de ejecución inminente
cuatro hombres que confesaron bajo tortura
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Huang Zhiqiang, de 32 años, Fang Chunping, de 27 años, Cheng Fagen, de 37 años y Cheng Lihe, de 28 años están en peligro de ejecución inminente y al parecer fueron torturados por la policía para que confesaran. Todos son agricultores y carpinteros de la ciudad de Leping, en la provincia de Jiangxi. Según los documentos del Tribunal, fueron declarados culpables de asesinato, violación, atraco y extorsión por participar todos ellos en tres crímenes distintos cometidos entre septiembre de 1999 y mayo de 2000. En su primer juicio, fueron condenados a muerte por el Tribunal Popular Intermedio de Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi. Los cuatro apelaron ante el Tribunal Popular Superior de Jiangxi, que el 17 de enero de 2004 estimó que el caso debía reenviarse al Tribunal Intermedio para llevar a cabo un nuevo juicio, pues los detalles de sus testimonios habían cambiado varias veces y no había suficientes pruebas para condenarlos. En sus declaraciones de defensa, los cuatro hombres también habían puesto de manifiesto varias contradicciones en sus testimonios, y habían afirmado que se habían confesado autores de los crímenes bajo tortura a manos de la policía. Sin embargo, el Tribunal Intermedio los condenó de nuevo a muerte el 18 de noviembre de 2004, al parecer sin tener en cuenta las denuncias de tortura. Los cuatro siguen condenados a muerte, y no se sabe a ciencia cierta por qué aún no han sido ejecutados. Es posible que el Tribunal Superior de Jiangxi continúe negándose a aprobar la sentencia. Los cuatro están en el Centro de Detención de la Policía de Leping. INFORMACIÓN GENERAL China sigue siendo el país del mundo donde más se aplica la pena capital. Según cálculos de Amnistía Internacional, basados en los informes oficiales disponibles, sólo en 2004 fueron ejecutadas más de tres mil personas y condenadas a muerte seis mil. Y se cree que las verdaderas cifras, calificadas de "secreto de Estado" son mucho más altas. En marzo de 2004, un destacado miembro de la Asamblea Nacional Popular afirmó que China ejecuta a unas diez mil personas al año. En la República Popular de China aún hay unos sesenta y ocho delitos punibles con la muerte. Algunos son delitos no violentos, como el fraude fiscal y otros fraudes económicos, el contrabando y la falsificación. La ejecución es mediante disparo o inyección letal. La pena de muerte se utiliza de forma amplia y arbitraria, frecuentemente como resultado de injerencias políticas. Se usa especialmente durante las campañas periódicas de "mano dura" contra la delincuencia, durante las cuales se dictan condenas a muerte por delitos que en otros momentos habrían sido castigados con penas de prisión. En un evidente intento de mejorar la calidad de los juicios de pena capital y reducir las injerencias políticas en los procedimientos de los tribunales, las autoridades chinas anunciaron recientemente que el Tribunal Supremo reanudaría su función de revisión de todas las condenas a muerte dictadas en China. El Supremo había delegado esta función en los Tribunales Superiores para la mayoría de los delitos punibles con la muerte en una serie de decisiones de los últimos años. Sigue sin estar claro cuándo comenzará el Supremo sus revisiones, pero Amnistía Internacional espera que esta decisión suponga una mayor salvaguardia contra los errores judiciales y lleve a una reducción del número de personas condenadas a muerte y ejecutadas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades chinas para aprobar leyes y normativas que eviten el uso de torturas y malos tratos, continúa habiendo informes de estos abusos en muy diversas instituciones estatales de toda China, país en el que los policías recurren habitualmente a formas de tortura o malos tratos para conseguir confesiones. También pueden consultar la versión completa de esta página. |