Amnistía Internacional - 17 de octubre de 2005

Reino Unido: utilizar en juicios pruebas
extraídas bajo tortura es aceptar lo inaceptable

Amnistía Internacional (AI) ha declarado hoy, día en que los jueces lores de Reino Unido empiezan a estudiar el asunto, que la tortura nunca es aceptable, y que las pruebas extraídas bajo tortura no se deben admitir en ningún caso en juicios en el Reino Unido, a no ser que se trate de procesos emprendidos contra el presunto torturador.

A partir de hoy, AI y otras trece organizaciones estarán representadas por abogados presentes en la sala, que pedirán a los jueces lores la invalidación de una resolución judicial de 2004, emitida por el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, que permite la admisibilidad, en juicios nacionales, de pruebas extraídas bajo tortura en el extranjero.

AI ha manifestado que "Reino Unido no debe aceptar lo inaceptable. La tortura es execrable, y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Su uso está, acertadamente, prohibido en virtud del Derecho Internacional. No hay lugar en el mundo para la tortura".

"Este caso es de capital importancia. Reino Unido se encuentra en una encrucijada. Puede reafirmar su posición en contra de la tortura, que está completamente prohibida, o alejarse de la legalidad y aceptar tácitamente que la tortura "es aceptable en ocasiones". Si toma este camino, proporcionará un halo de legalidad para actos que son ilegales".

El Tribunal de Apelaciones resolvió en agosto del 2004 que las pruebas obtenidas bajo tortura a terceros en el extranjero se podrían admitir en juicios de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, siempre que no fueran agentes de Reino Unido los que hubieran infligido o actuado como cómplices de los actos de tortura.

En su intervención ante el más alto tribunal de Reino Unido, Keir Starmer, QC (Queen's Counsel, título conferido a ciertos abogados de prestigio) que representa a AI y a otras trece organizaciones, subrayará el hecho de que, en virtud del Derecho Internacional, que Reino Unido no puede modificar unilateralmente, la tortura está absolutamente prohibida bajo cualquier circunstancia.

Por otro lado, AI también advirtió del peligroso precedente que sentaría una decisión de los lores que no condenara el uso de pruebas extraídas bajo tortura.

"Si no se descarta el uso de pruebas extraídas bajo tortura en los juicios de Reino Unido, se dará luz verde a los torturadores de todo el mundo. En lugar de liderar la lucha contra esta terrible práctica, Reino Unido legitimaría las acciones de los torturadores y dotaría a esta abominable e ilícita práctica de un halo de legalidad," afirmó AI.

En su exposición ante los jueces lores, AI se ha unido a otras trece organizaciones nacionales e internacionales con amplia experiencia en la lucha por erradicar el uso de la tortura:

Estas organizaciones tienen como abogados, pro bono, en este caso, a Keir Starmer QC, Mark Henderson, Joseph Middleton, Peter Morris, Laura Dubinsky y el doctor Nick Grief, todos ellos abogados de Doughty Street Chambers, así como a Richard Stein, Jamie Beagent y Jo Hickman, del bufete Leigh and Day.

Para finalizar, AI declara: "Dejemos claro de qué estamos hablando. No se trata de decidir si las pruebas son o no de utilidad; de lo que se trata es de decidir si Reino Unido hace la vista gorda cuando se mete a una persona en la cárcel y se la somete a malos tratos y horrores".

"El Derecho Internacional es claro, y ordena a los Estados que no torturen a nadie, que no envíen a nadie a un país donde corra peligro de ser torturado, y que no utilicen pruebas extraídas bajo tortura, a no ser en juicios contra torturadores. Reino Unido, que ya ha pedido "garantías diplomáticas" a Estados conocidos por su práctica de la tortura, con vistas a devolver a personas a países en los que correrían peligro de ser torturadas, se encuentra ahora a punto de deslizarse por una peligrosa pendiente que le llevaría a violar dos de estas tres prohibiciones".

Texto íntegro del recurso (en inglés)

Campaña de AI contra la tortura y los malos tratos en el contexto de la "guerra contra el terror"