WALTER OPPENHEIMER - Londres

Tony Blair se enrocó ayer en defensa de su propuesta de elevar de los actuales catorce hasta noventa días el periodo de detención cautelar sin cargos de los sospechosos de terrorismo. El Gobierno tuvo que aplazar una semana la votación de una enmienda de los rebeldes para fijar ese periodo en veintiocho días para evitar la casi segura primera derrota parlamentaria del laborismo desde que llegó al poder en 1997. "Que vayan este fin de semana a preguntarles a sus votantes si están de acuerdo o no con esta propuesta", desafió Blair a los rebeldes durante la reunión semanal del Gabinete.

Con una autoridad disminuida por su anuncio de que las pasadas eran sus últimas elecciones y por una victoria ajustada en esos comicios -que muchos atribuyeron más al peso de su rival político, Gordon Brown-, Tony Blair está expuesto a periódicos momentos de crisis de gravedad variable. La de los últimos días quizá sea una de las peores desde los días turbulentos de la víspera y la guerra de Iraq. La evidencia de diferencias internas en el Gabinete sobre cuestiones como la prohibición de fumar o la reforma de la educación secundaria se han interpretado como la consecuencia de su decreciente autoridad.

A la dimisión el miércoles por la mañana de David Blunkett, uno de los ministros de su confianza y el segundo aliado de Blair desde 1997 que se ve obligado a dejar el Gobierno no ya una, sino dos veces, se unió a última hora la amenaza de una derrota del Gobierno en la tramitación de nuevas propuestas antiterroristas en los Comunes. El Gobierno, con una mayoría de sesenta y seis diputados, vio cómo treinta y cinco rebeldes votaron a favor de una enmienda que fue rechazada por un voto, la ventaja más exigua en una votación parlamentaria desde que el laborismo llegó al poder.

Negociaciones

El ministro del Interior, Charles Kennedy, se vio obligado a ofrecer negociaciones con rebeldes y oposición para evitar la derrota, aplazando siete días la votación. "Lo que hemos visto es cómo la autoridad del primer ministro disminuye hasta esfumarse. Éste no es un hombre en condiciones de liderar con confianza su partido y las consecuencias que eso tiene para el país son serias", dijo el líder saliente de la oposición, Michael Howard.

Pero, como suele hacer en casos de crisis relacionadas con la lucha contra el terrorismo, Blair optó por el ataque en lugar de la defensa. En una reunión del Gabinete inusualmente larga, el primer ministro admitió que el Gobierno pasa por "momentos duros", pero añadió que "son duros porque este Gobierno está intentando hacer lo que tiene que hacer, tanto en la reforma de los servicios públicos como en educación, sanidad o contraterrorismo", según explicó su portavoz.

Blair le dijo a sus ministros lo que luego repitió en declaraciones a los medios: les recomendó a los rebeldes laboristas que este fin de semana, cuando vayan a sus circunscripciones, les pregunten a sus votantes si están de acuerdo con ellos o con el Gobierno.

El Gobierno quiere introducir los noventa días de detención preventiva y otras medidas como consecuencia de los atentados del 7 de julio en Londres. El diario The Mirror se apoyaba ayer en fuentes policiales para asegurar que los cuatro presuntos autores de los atentados de ese día habían estado un año antes en una lista de cien sospechosos de fanatismo islamista. Vigilados durante varias semanas, la policía llegó a la conclusión de que "no respondían al perfil preconcebido de un terrorista".

Los británicos no sólo están revisando sus sistemas antiterroristas como consecuencia del 7 de julio, sino la reacción de sus servicios de emergencia. Un comité de la Asamblea de Londres escuchó ayer algunas de las llamadas recibidas por la policía inmediatamente después de las explosiones. Una de las principales conclusiones fue que el sistema de comunicación desde el interior del metro con los servicios de emergencia está obsoleto.

El derecho a la libertad es un asunto que no puede ni debe ser objeto de negociación política, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La organización acoge con satisfacción que el Gobierno del Reino Unido haya accedido a que se revise el actual proyecto de disposición de la Ley de Terrorismo de 2005 que permite mantener a los sospechosos de terrorismo bajo custodia policial sin cargos hasta noventa días, pero insta al Gobierno y a los miembros del Parlamento a que garanticen que todas las disposiciones de esta Ley son compatibles con las obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud de del Derecho internacional e interno de Derechos Humanos.

Las disposiciones sobre detención, en particular, deben respetar el derecho a la libertad y la prohibición de la detención arbitraria, y el derecho del detenido a que se presenten con prontitud cargos contra él, a la presunción de inocencia y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

Amnistía Internacional considera también que cuanto más tiempo permanece una persona bajo custodia policial para su interrogatorio, más coactiva es la situación, por lo que cualquier declaración que haga tiene menos probabilidades de ser considerada en los tribunales como una declaración hecha voluntariamente.

"El Gobierno y los legisladores del Reino Unido no deben negociar estos derechos -ha manifestado la organización-. El tiempo que resulta permisible mantener a una persona bajo custodia policial sin cargos no es algo que deba ser objeto de negociaciones políticas. El derecho del detenido a que se presenten con prontitud cargos contra él es la línea divisoria entre el respeto del derecho a la libertad y la detención arbitraria."

Las normas de Derechos Humanos son claras a este respecto: se deben presentar cargos con prontitud. La propuesta de los noventa días de detención sin cargos equivale a internamiento, y veintiocho días no son tampoco un periodo compatible con la presentación de cargos con prontitud, por lo que constituyen también una violación del derecho a la libertad.

La legislación británica actual permite ya mantener bajo custodia policial sin cargos a los sospechosos de terrorismo hasta catorce días, periodo que, según un estudio del propio Ministerio del Interior británico, es más extenso que en todos los demás países examinados.

El País

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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