Eleonora Gosman. SAN PABLO. CORRESPONSAL.

Los grupos de exterminio tienen vía libre para actuar en el nordeste de Brasil. Así lo revela un extenso informe de la Cámara de Diputados, que resultó de una investigación parlamentaria de dos años. El documento registró al menos mil cien ejecuciones sumarias ocurridas entre 2001 y 2002, muchas precedidas por torturas, en nueve Estados de esa región.

El epicentro de los crímenes se localizó en Salvador, capital de Bahía, donde los congresistas señalan que en una década (1995-2004) hubo ochocientos setenta y ocho asesinatos a manos de estos escuadrones de la muerte.

La Comisión Parlamentaria sobre grupos de exterminio en el Nordeste fue creada para investigar las denuncias de matanzas de jóvenes, sindicalistas, empresarios, trabajadores rurales, estudiantes, abogados y periodistas.

Descubrió que buena parte de los ejecutores de esas masacres, miembros de grupos secretos, eran oficiales y agentes policiales como también carceleros. "Ese personal tiene una gran capacidad en el acopio de armas, posee informaciones y actúa en libertad", señala el dossier parlamentario, al que accedió Clarín.

Estos asesinatos, realizados en forma individual o en masa, están vinculados a la guerra entre hacendados y campesinos, al tráfico de drogas y de armas, al robo de cargas, a la explotación sexual, adulteración de medicamentos y a la protección de políticos corruptos.

"El surgimiento de estas organizaciones paramilitares ocurrió bajo el pretexto de combatir el delito y limpiar la sociedad de sujetos considerados indeseables".

Otra de las comprobaciones hechas por los congresistas es que muchos de los miembros de esos grupos de exterminio, reclutados en el nordeste, actúan en las provincias del sudeste, norte y centro-oeste del país. Y, peor aún, hay indicios de que jueces y políticos actuarían en una red de protección de los asesinos.

Según el redactor del informe de la Comisión, diputado Luiz Couto (del Partido de los Trabajadores), las víctimas de los asesinatos eran jóvenes del sexo masculino de entre quince y veinticinco años, pobres y por lo general con antecedentes por robos pequeños. El legislador sostuvo que "es muy común que los comerciantes de un barrio se junten para contratar personal del grupo de exterminio y encomendarles que ejecuten a los jóvenes ladrones de gavillas".

Los pistoleros suelen dejar señales de los motivos de sus crímenes. Por ejemplo, atraviesan con candados las bocas de las víctimas que murieron por denunciar las actividades de los paramilitares. Fue el caso de varios testigos que se animaron a testificar ante los legisladores. "Ellos buscaban protección, que debería estar garantizada por el programa de testigos, y finalmente terminaron asesinados".

Entre los relatos más estremecedores del informe del Congreso figura la muerte de treinta y dos niños y cinco adolescentes ocurridas en Pernambuco (Estado brasileño). "Varias de las víctimas fueron arrastradas de sus residencias hacia un lugar aislado donde se les prendió fuego".

El legislador Couto, un sacerdote católico de Paraíba, contó que su cabeza tiene precio: "Supe el otro día que cuesta cuarenta mil reales (unos dieciocho mil dólares)". Ya recibió denuncias realizada por algunos asesinos a sueldo de que habría sectores policiales involucrados en la planificación de su muerte. En los dos últimos años, oficia misa vigilado por agentes, que se sitúan próximos al altar.

Clarín

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