YOLANDA MONGE - Washington

Ohio llevó ayer a cabo la ejecución número novecientos noventa y nueve desde que el Tribunal Supremo reinstaurase la pena de muerte en Estados Unidos tras una moratoria de diez años que acabó en 1976. A las diez y veinte de la mañana de ayer, John Hicks, de cuarenta y nueve años, era ejecutado en el Correccional de Lucasville, Ohio, por inyección letal. Hicks asesinó en 1985 a su suegra, de cincuenta y seis años, y a su hijastra de cinco.

Si el gobernador saliente de Virginia, el demócrata Mark Warner, no conmuta la sentencia a la pena capital para otro condenado, Robin Lovitt, este preso será ejecutado hoy por el Estado con una inyección letal. Su muerte elevará a mil el número de ejecuciones llevadas a cabo por Estados Unidos desde 1976.

Esta semana están programadas cinco penas capitales -una ya se ha cumplido- en cinco diferentes Estados de la Unión. Sin lugar a dudas, a final de la semana se habrá superado la cifra psicológica de las mil ejecuciones. Desde la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NCADP, por sus siglas en inglés) se llamaba ayer a "la reflexión". "Es un momento sombrío, pero aún así hay que decir que Estados Unidos está lentamente alejándose de la pena de muerte", aseguraba la NCADP.

Las penas capitales han descendido un cincuenta por ciento desde finales de la década de los noventa y las ejecuciones en un cuarenta por ciento, siendo el número más alto noventa y ocho, en 1999.

Un sondeo de Gallup del mes pasado revelaba que el sesenta y cuatro por ciento de los estadounidenses se mostraba a favor de la máxima pena, el nivel más bajo en veintisiete años. En 1994, más de un ochenta por ciento de norteamericanos se definieron a favor de la pena capital.

Para el Centro de Información sobre la Pena de Muerte existe un "considerable escepticismo público" sobre si los ejecutados son verdaderamente culpables, así como dudas sobre el sistema de condenas en su conjunto. Hasta la fecha se ha dejado en libertad a ciento veintidós condenados a muerte en todo el país, por haber sido declarados culpables por error.

Sobre el caso de Robit Lovitt hay "dudas más que razonables" de que cometiera el crimen por el que fue condenado a muerte en 1999, según informaron la semana pasada sus abogados.

La sentencia a la máxima pena para Lovitt atrajo la atención mundial y varios conservadores prominentes -incluido el fiscal especial Kenneth Starr, quien investigó la relación extramatrimonial del ex presidente Bill Clinton con la becaria Mónica Lewinsky- han reclamado al gobernador Warner que conmute la sentencia.

Lovitt fue condenado a muerte por el asesinato del jefe de noche de un local de billares en 1998. El reo asegura que el crimen lo cometió otra persona y sus abogados argumentan que habrían podido demostrar su inocencia si una prueba de ADN del acusado presentada en el juicio no hubiera sido destruida ilegalmente.

Sobre el popular gobernador Warner, visto por muchos como posible candidato a las presidenciales de 2008, están puestas ahora todas las miradas, y su decisión se escrutará políticamente. Warner rechazó las once peticiones de clemencia sobre las que tuvo que decidir durante su mandato. Si en esta ocasión accediese a la revisión del caso y Lovitt no fuese ejecutado hoy, otro condenado a muerte, Kenneth Boyd, puede convertirse en el preso ejecutado número mil si el próximo viernes se le administra la inyección letal en Carolina del Norte.

El también condenado a muerte Shawn Humphries será ejecutado el mismo día en Carolina del Sur, y haría el número mil uno. En Arkansas está prevista para esta semana la muerte de Eric Nance, y en Virginia, la de Daryl Atkins.

Texas y Oklahoma tienen en su haber más de la mitad de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1976. Sólo en Texas se han ejecutado trescientas cincuenta y cinco sentencias.

Nueva York, Illinois y Nueva Jersey han declarado una suspensión de las ejecuciones, y en todo el país se están planteando numerosas cuestiones sobre si el sistema de la pena de muerte es justo y eficaz.

En opinión de Amnistía Internacional, "la lotería de la muerte alcanza vergonzosos límites. El Estado ha matado en nombre de la justicia a casi un millar de personas", afirmó ayer.

El País

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