En pleno escándalo en torno a los vuelos secretos de la CIA, los Jueces Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido, han fallado hoy que las pruebas contra presuntos terroristas extraídas mediante métodos de tortura en otros países no podrán utilizarse en los tribunales británicos.

"La tortura es un mal absoluto que nunca puede justificarse. Al contrario, debe ser siempre castigado", ha sentenciado Lord Brown, uno de los siete magistrados implicados en el veredicto, quienes han votado por unanimidad contra la validez de ese tipo de evidencias.

Otro juez, Lord Carswell, ha sido aún más contundente: "El deber de no tolerar el uso de tortura como admisión de prueba en procedimientos judiciales debe considerarse una prioridad, ya que permitir esa admisión conmocionaría a la conciencia".

El dictamen sienta un importante precedente judicial y tiene una consecuencia inmediata: el Ministerio del Interior deberá revisar la situación de ocho sospechosos de terrorismo extranjeros a la espera de que las autoridades británicas procedan a su deportación.

Los Jueces Lores, que se sientan en la Cámara Alta del Parlamento, han examinado el recurso presentado por esos ocho individuos, considerados una amenaza para la seguridad nacional y arrestados sin cargos en aplicación de la nueva ley antiterrorista. Entre esos imputados se encuentra, al parecer, el clérigo musulmán radical Abu Qatada, de origen jordano y considerado el "embajador" de Al Qaeda en Europa. Los sospechosos, apoyados por varias organizaciones pro Derechos Humanos, impugnaron ante los Lores un fallo de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Londres, que el pasado año se pronunció a favor del uso de información lograda con métodos ilegales siempre que no exista implicación alguna de las autoridades británicas.

El limbo de Guantánamo

Los ocho demandantes sostienen, entre otros argumentos, que el Reino Unido no debe admitir evidencias obtenidas en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), donde están recluidos cientos de presuntos terroristas sumidos en un limbo legal. Con el dictamen de los jueces pares en la mano, la gubernamental Comisión Especial de Apelación de Inmigración debe investigar ahora si las pruebas presentadas contra los ocho imputados pendientes de deportación se obtuvieron mediante tortura.

En respuesta a los Jueces Lores, el ministro del Interior, Charles Clarke, ha asegurado que el fallo no repercutirá en la lucha antiterrorista y ha hecho hincapié en que el Gobierno rechaza de plano la tortura. "Aceptamos esta decisión, que no afectará a los esfuerzos del Gobierno para combatir el terrorismo", ha dicho el titular de Interior.

Mientras, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y las libertades civiles han celebrado el veredicto de los Jueces Lores. "Éste es un importante mensaje sobre lo que nos distingue a nosotros de los dictadores y los terroristas. No permitiremos que se usen en nuestro sistema judicial evidencias conseguidas mediante tortura", ha declarado Shami Chakrabarti, director del grupo Liberty.

En la misma línea, el grupo pro Derechos Humanos Amnistía Internacional ha calificado el dictamen de una "decisión de capital importancia" que obliga al Ejecutivo a "cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación internacional". Además, Amnistía critica al Gobierno británico por "haber pretendido, de forma vergonzosa, defender lo indefendible".

Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea se han dado hoy por "satisfechos" con las garantías de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, sobre la postura de Washington contra la tortura y de respeto a la soberanía de sus aliados, aunque no ha hablado sobre las supuestas prisiones secretas. Rice y los ministros han explicado, al margen de la reunión de la OTAN, algunos detalles de la cena que mantuvieron anoche en Bruselas, y en la que la responsable estadounidense tampoco aportó información nueva, según los responsables europeos.

El tribunal de los Jueces Lores, máxima instancia judicial en Inglaterra y Gales, considera inadmisibles en las cortes del Reino Unido pruebas que hayan podido ser extraídas mediante tortura en otros países.

En una decisión que sienta precedente, los magistrados votaron por unanimidad contra el uso de ese tipo de pruebas y uno de ellos recordó que "la tortura no se puede justificar en ningún caso".

Este dictamen, que revoca una decisión anterior del Tribunal de Apelación, significa que el Ministerio del Interior deberá revisar la situación de los sospechosos de terrorismo cuyo caso depende de testimonios posiblemente obtenidos por medios ilícitos en el extranjero.

Los Jueces Lores, que se sientan en la Cámara alta del Parlamento, examinaron el recurso presentado por ocho de un grupo de diez sospechosos que estuvieron detenidos en el Reino Unido sin cargos ni juicio en virtud de las leyes antiterroristas.

Los demandantes, que mantienen que el Reino Unido no debería admitir pruebas obtenidas en el campo de detención estadounidense de Guantánamo, estuvieron apoyados por doce organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

"Hoy es un día muy importante", comentó Shami Chakrabarti, de la ONG Liberty, al conocer el dictamen judicial. "Los Jueces Lores han enviado una señal al mundo democrático de que no hay que hacer concesiones a la tortura", subrayó.

Rigurosas investigaciones

El año pasado, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que las pruebas obtenidas por terceros países mediante posibles torturas podrían ser admitidas en juicios en el Reino Unido siempre y cuando las autoridades británicas no hubiesen participado directamente en los interrogatorios.

La decisión obligará al Gobierno británico, que asegura que no usa información a sabiendas de que es ilegítima, a investigar mucho más rigurosamente la procedencia de los datos que utiliza para acusar a los sospechosos.

Los Jueces Lores ya dictaminaron a finales del 2004 que detener indefinidamente y sin cargos a un sospechoso de terrorismo es una violación de los Derechos Humanos, lo que obligó a liberar de la cárcel de alta seguridad de Belmarsh (sur de Londres) a los diez sospechosos, sometidos desde entonces a fuertes restricciones de movimientos.

La posición del alto tribunal británico se conoce un día después de que la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, manifestara que la prohibición del "trato cruel e inhumano a los presos" a la que obliga la normativa internacional se extiende a todo el personal de Estados Unidos "donde quiera que esté". Su declaración se interpretó como un cambio de política que responde a la presión internacional y a la del propio Congreso.

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