Amnistía Internacional - 9 de diciembre de 2005

Yemen: ejecución inminente de Yahia Hussein al-Dailami

El Tribunal de Apelación confirmó el 3 de diciembre en la capital yemení, Saná, la pena de muerte impuesta a Yahia Hussein al-Dailami.

Se espera que la condena se remita al Tribunal Supremo en los próximos días, por lo que si éste también la confirma, Yahia Hussein al-Dailami podría ser ejecutado en cualquier momento.

El la vista del 3 de diciembre se confirmó también la condena de ocho años de prisión impuesta a otro clérigo chií zaidí, Mohamed Ahmed Miftah, el 29 de mayo, en el mismo juicio en que Yahia Hussein al-Dailami fue condenado a muerte.

También en este caso se remitirá ahora la condena al Tribunal Supremo. Es probable que el fiscal pida la pena de muerte. Si el Supremo está de acuerdo, se podría devolver la causa al Tribunal de Apelación para que la examine de nuevo. El proceso completo puede desarrollarse rápidamente, con lo que en unas semanas Mohamed Ahmed Miftah podría correr también riesgo inminente de ejecución.

Ambos clérigos fueron condenados en un juicio injusto, que no cumplió las normas internacionales mínimas de justicia procesal. Amnistía Internacional cree que son presos de conciencia, recluidos únicamente por sus críticas al Gobierno, por la expresión pacífica de sus convicciones profundas o por ser miembros de la comunidad zaidí.

Fueron detenidos en septiembre de 2004 y acusados dos meses después de delitos formulados de manera poco precisa, como "comunicarse con Irán", "conspirar para derrocar el sistema republicano" y "apoyar a Hussain Badr al-Din al-Huthi" (clérigo zaidí que criticó abiertamente la invasión estadounidense de Iraq).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La aplicación de la pena de muerte en Yemen es motivo de preocupación para Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo. La organización cree que en lo que va de año se ha ejecutado a decenas de personas, entre ellas Fuad 'Ali Mohsen al-Sharari, fusilado el 29 de noviembre tras un juicio injusto. Esta ejecución se llevó a cabo a pesar de numerosos llamamientos enviados por Amnistía Internacional y otras organizaciones, como la Unión Europea e incluso el Ministerio de Derechos Humanos yemení, uno de lo jueces más notables de Yemen y diversos grupos de Derechos Humanos del país.


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