JOSÉ REINOSO - Pekín

El creciente descontento social y las cada vez más frecuentes protestas por las requisiciones de tierras realizadas en nombre del progreso económico han subido un peldaño esta semana en China. Al menos cuatro personas han muerto por disparos de la policía en Dongzhou, un pueblo de diez mil habitantes situado en la provincia sureña de Guangdong, según ha informado Amnistía Internacional. La organización de Derechos Humanos asegura que se trata de la primera vez que el Gobierno utiliza armas de fuego contra la población civil desde la masacre de Tiananmen, en 1989.

Los manifestantes se quejan de lo que consideran injustas compensaciones por la expropiación de terrenos para construir una planta energética.

Amnistía afirma que el martes pasado por la noche, policías antidisturbios dispararon contra una multitud de vecinos que habían bloqueado una de las carreteras del municipio para impedir el paso a las fuerzas de seguridad. Cientos de miembros de la Policía Armada Popular llegaron al pueblo, donde varios miles de vecinos se habían concentrado para exigir la liberación de algunos líderes que habían sido detenidos.

Los habitantes atacaron con "cócteles molotov" y cargas explosivas a los policías, y éstos replicaron con gases lacrimógenos y disparos. Al menos un agente resultó herido grave, según publicó ayer el diario de Hong Kong South China Morning Post.

Algunos habitantes aseguran que el número de fallecidos es de más de diez, y el de heridos, de cuarenta a cincuenta. La mayoría son hombres de entre veinte y cuarenta años. Pero la cifra de muertos no está clara, ya que algunos vecinos han desaparecido para evitar ser detenidos, mientras otros podrían figurar entre los heridos en los hospitales.

"No pensé que la policía abriría fuego", dijo Chen Zeyou, cuyo cuñado resultó muerto en el enfrentamiento, a la cadena Hong Kong Cable TV.

El Ministerio de Seguridad Pública se ha limitado a decir que investiga el asunto. Las autoridades han desplegado a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad alrededor del pueblo, y han bloqueado todas las entradas y salidas.

Los Gobiernos central y provincial han decretado el apagón informativo tanto en periódicos como en la televisión. Pekín teme que la publicación de la noticia pueda desencadenar hechos similares en otras partes del país.

Los habitantes de Dongzhou argumentan desde hace meses que las indemnizaciones fijadas por la expropiación de suelo para construir un parque eólico -una central térmica de carbón, según otras fuentes- son insuficientes y acusan a los dirigentes de corrupción. Además, los pescadores de la zona se quejan de las consecuencias medioambientales que tendrá el complejo.

No es la primera vez que se producen enfrentamientos violentos entre la policía y los habitantes de un pueblo levantado en pie de guerra para exigir sus derechos. Son frecuentes, pero pocos trascienden, ya que el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh) de los Gobiernos locales y central suele bloquear su difusión. Pero sí se trata de la primera vez que ha trascendido, en los últimos años, que los manifestantes utilizaron bombas caseras y las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la población civil.

Cada año, mayor malestar

Los abusos de poder de los Gobiernos locales, la requisición de tierras para construir proyectos inmobiliarios, la corrupción y la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres se han convertido en las causas principales del creciente malestar social en China, donde las protestas han pasado de diez mil en 1994 a setenta y cuatro mil el año pasado, según ha asegurado el propio Gobierno.

Son la otra cara del meteórico progreso económico que ha experimentado el país en los últimos veinte años, y la yesca que provoca estallidos de violencia como el que esta semana se ha desatado en Dongzhou.

En un país donde el sistema judicial está bajo la autoridad del partido, los campesinos saben que tienen pocas vías para oponerse a las decisiones de las autoridades. Una de las pocas alternativas -el sistema de reclamaciones ante organismos oficiales conocido como "shangfang"- tampoco da respuesta a las necesidades de la gente. Se estima que cada día hay en Pekín entre seis mil y treinta y seis mil personas, procedentes de todas partes de China, para presentar quejas ante instituciones como el Consejo de Estado. Pero tan sólo dos de cada mil de las apelaciones son resueltas a favor del demandante. Además, muchos de quienes acuden a la capital china son intimidados, atacados y detenidos por funcionarios de sus provincias de origen.

La policía china ha acordonado Dongzhou, un pueblo pesquero de la provincia sureña de Cantón, tras una serie de violentos enfrentamientos que dejaron veinte personas muertas y otras cincuenta desaparecidas, según testigos. Es la primera vez que se abre fuego contra manifestantes en el país desde la matanza de Tiananmen, en 1989.

Los hechos ocurrieron el martes por la tarde, después de que los antidisturbios fueran movilizados a Dongzhou para sofocar una protesta. En ella, más de un millar de ciudadanos reclamaban compensaciones a cambio de los terrenos perdidos por la construcción de una central de energía eólica.

"Desde las siete de la tarde, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos, pero esto no amedrentó a la gente", indicó Li, un testigo citado por The New York Times que asegura haber perdido a un conocido en los enfrentamientos.

"Después oímos más de diez explosiones y pensamos que eran simplemente detonadores, por lo que nadie se asustó", añadió. "A las ocho empezaron a disparar balas al suelo, sin apuntar a nadie. Por último, alrededor de las 22.00, comenzaron a matar personas".

Los manifestantes exigían la liberación de los tres líderes del movimiento popular, que habían sido encarcelados ese mismo día, cuando la policía abrió fuego sin que se conozca el motivo.

El balance oficial de víctimas aún se desconoce, pero varios residentes y grupos de Derechos Humanos hablan de entre veinte y treinta fallecidos.

Además, según varios vecinos citados por el diario South China Morning Post aseguran que algunos familiares de las víctimas han escondido los cadáveres para evitar que las autoridades intenten ocultarlos.

Si se confirman estas cifras, sería la mayor represión por parte de las autoridades desde la matanza en la plaza de Tiananmen. Entre el 3 y 4 de junio de 1989, tras seis semanas de manifestaciones por la democracia, cientos -probablemente miles- de personas fueron asesinadas, heridas y encarceladas, según disidentes y observadores. Desde entonces, Pekín no ha hecho un recuento oficial de las víctimas.

El pueblo, cercado

Centenares de policías han acordonado desde el pueblo desde los enfrentamientos. Según el mencionado periódico, los agentes -con escudos aunque aparentemente desarmados- controlan las entradas a la localidad y patrullan las calles en busca de los supuestos responsables de los disturbios.

Este jueves, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin Gang, declaró que el Gobierno no sabía exactamente qué había pasado y subrayó que está investigando los sucesos.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Propaganda de Shanwei, Liu Jingmao, aseguró este viernes que el Gobierno municipal haría un informe público de lo sucedido.

Silencio mediático

Los medios de la parte continental han silenciado la noticia y sólo la prensa de Hong Kong y extranjera se ha hecho eco de ellos.

El Partido Comunista chino tiene el monopolio de la fuerza y no tolera disensiones, pero las protestas son cada vez más comunes y habitualmente están provocadas por disputas relacionadas con el derecho a las tierras, la corrupción y la creciente brecha entre ricos y pobres.

Hace pocos meses se registró otro suceso de estas características en Taishi, también en la provincia de Cantón, cuando las autoridades acallaron con violencia una manifestación de miles de personas en la calle.

Para Amnistía Internacional, "el incremento en el número de estas disputas y el uso de la fuerza para resolverlas sugieren la urgente necesidad de que las autoridades chinas se centren en desarrollar canales efectivos para la resolución de estas disputas".

Reuters y DPA

Pekín, 9 de diciembre. La policía china tendió hoy un cerco alrededor de un pueblo de campesinos y pescadores en el sureste de China, luego de tres días de manifestaciones y enfrentamientos con agentes de seguridad pública, que dejaron saldo de por lo menos veinte muertos, según cifras extraoficiales.

Esta es la primera vez desde 1989, a raíz de las protestas de la Plaza de Tiananmen, que la policía impone el orden con disparos de armas de fuego.

Habitantes del pueblo costero de Dongzhou, en la provincia de Guangdong, iniciaron el martes una serie de protestas para reclamar la entrega de indemnizaciones por la expropiación de tierras donde será construida una central eléctrica regional.

Los incidentes en esta provincia ubicada en la costa del océano Pacífico -que es además la más próxima a Hong Kong-, son el punto culminante de manifestaciones que comenzaron hace cinco meses.

En una acción que no se había visto en China en años, campesinos y pescadores lanzaron bombas incendiarias y piedras contra policías.

Este viernes la situación es tensa, de acuerdo con testimonios recogidos por agencias internacionales de noticias.

Habitantes de Dongzhou dijeron vía telefónica que la policía prohibió la mayoría de la salida de personas de la localidad, al tiempo que a los conductores de camiones de carga y autobuses les fue impedido el tránsito por la zona.

La cifra de muertos es incierta. Una fuente consultada por DPA señaló que "murieron decenas de personas" y hay cadáveres abandonados en parajes rurales ubicados alrededor del pueblo. Las autoridades chinas mantienen silencio sobre las protestas.

El hospital de Dongzhou confirmó la existencia de "decenas de heridos", que fueron trasladados a la ciudad de Shanwei, al este de Hong Kong.

Las manifestaciones en China tienen generalmente su origen en disputas relacionadas con el uso de tierras y la corrupción, señaló la agencia Reuters.

Muchas de las protestas han acabado en enfrentamientos, pero de acuerdo con Amnistía Internacional (AI) esta es la primera vez en dieciséis años que la policía dispara contra la muchedumbre.

"Pedimos al Gobierno central que investigue lo sucedido en Dongzhou", dijo Chine Chan, un miembro de AI involucrado en la problemática de Asia.

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