Amnistía Internacional ha declarado hoy que va a exponer ante las autoridades estadounidenses su preocupación por la presentación de cargos penales contra Daniel Strauss y Shanti Sellz, dos activistas que intentaron prestar ayuda humanitaria a tres migrantes hallados en un estado terrible en el desierto de Arizona el pasado mes de julio.

Daniel Strauss y Shanti Sellz pertenecían a un grupo de voluntarios llamado "No más muertes", una red de personas y organizaciones establecida principalmente para evitar las muertes de migrantes irregulares o indocumentados, que mueren a centenares cada año tras entrar en Estados Unidos desde México. La mayor parte mueren mientras cruzan el desierto de Arizona, un territorio que, según los informes, se ha cobrado más de doscientas sesenta vidas tan sólo el año pasado. Muchos de estos migrantes murieron a causa de la exposición a temperaturas extremas, como las altísimas temperaturas nunca antes registradas que llegaron a alcanzarse en julio de 2005.

Los tres migrantes a quienes Daniel Strauss y Shanti Sellz recogieron el 9 de julio de 2005, sufrían, al parecer, un hambre y una sed extremos, con vómitos persistentes y ampollas terribles que, de no tratarse, podían impedir a una persona caminar: una frecuente causa de muerte en el desierto. Strauss y Sellz conducían a los tres hombres a que recibieran tratamiento a manos de profesionales de la medicina que actúan como voluntarios en Tucson, cuando una Patrulla de Fronteras estadounidense les dio el alto y los detuvo.

Daniel Strauss y Shanti Sellz fueron acusados de cometer dos delitos graves en virtud de leyes federales: transportar a extranjeros ilegales y conspirar para hacerlo. Para ser declarado culpable en virtud de estas leyes, debe concluirse que el presunto delincuente ha transportado a un extranjero ilegal "apoyando dicha violación de la ley" (esto último se refiere a la situación irregular del migrante). Los cargos conllevan una pena máxima de quince años de prisión. Según los abogados de los dos activistas, en virtud de las leyes estadounidenses no es ilegal limitarse a prestar ayuda humanitaria, por lo que han pedido que se retiren los cargos. El 14 de diciembre se celebrará una vista para estudiar la moción que pide la retirada de los cargos.

Amnistía Internacional reconoce el derecho soberano de los Estados a controlar sus fronteras, y no aprueba la violación de la ley. Sin embargo, la organización subraya que no puede aplicarse ninguna política de control fronterizo a expensas de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado. A Amnistía Internacional le preocupa que, en este caso, Daniel Strauss y Shanti Sellz se enfrentan a un castigo, posiblemente una pena de prisión, exclusivamente por prestar ayuda humanitaria a personas necesitadas de ayuda urgente. Dada la elevada cifra de muertes entre los migrantes indocumentados que cruzan el desierto de Arizona, se puede decir que Strauss y Sellz actuaban directamente para proteger y conservar la vida, un derecho humano fundamental al que deben poder acceder todas las personas.

Amnistía Internacional señala que en ningún momento estos dos activistas ayudaron a migrantes a entrar en Estados Unidos en contra de la ley, ni parecieron ayudarles a evitar los controles de inmigración. Sus actividades se limitaron a prestar asistencia a tres hombres que parecían necesitar tratamiento médico urgente.

Amnistía Internacional señala además que hay voluntarios y voluntarias que han prestado abiertamente y durante varios años ayuda humanitaria en circunstancias similares sin sufrir castigo.

En vista de estas circunstancias, y sobre la base de los hechos tal y como se han presentado, Amnistía Internacional respalda la petición de que se retiren los cargos en este caso y considera que, de ser condenados y encarcelados, Daniel Strauss y Shanti Sellz serían presos de conciencia.

Dos de los tres migrantes recogidos por Daniel Strauss y Shanti Sellz el 9 de julio fueron expulsados inmediatamente, sin recibir atención médica. El tercero estuvo detenido durante dos meses como "testigo material" del caso y fue expulsado sin vista previa tras realizar una declaración grabada en vídeo que se utilizó para acusar a Strauss y Sellz. Se cree que todos eran mexicanos, y dos de ellos eran padre e hijo.

Amnistía Internacional considera que todas las personas migrantes, incluidas las irregulares o indocumentadas, deben tener acceso individual a procedimientos justos y transparentes antes de ser expulsadas, y que esos procedimientos deben incluir la posibilidad de exponer argumentos contra su expulsión y la posibilidad de que el caso sea revisado por una autoridad independiente. Estados Unidos debe garantizar que se protegen los Derechos Humanos fundamentales de todas las personas migrantes antes de cualquier proceso de expulsión y en su transcurso.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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