STELLA CALLONI, corresponsal

Buenos Aires, 14 de diciembre. El juez federal argentino Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex marino Alfredo Astiz y otros militares por el secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh, y también resolvió el embargo de los bienes de los inculpados por unos trescientos mil dólares.

Walsh, uno de los periodistas y escritores más importantes del país, quien escribió una carta histórica a la junta militar en la que denunciaba crímenes de lesa Humanidad, fue secuestrado herido en el barrio San Cristóbal, en esta capital, el 25 de marzo de 1977 por grupos de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde desapareció. Era dirigente de Montoneros y había fundado una agencia de prensa clandestina para denunciar los crímenes de la dictadura.

El juez Torres investiga las violaciones a los Derechos Humanos en la ESMA, donde desaparecieron unas cinco mil personas.

La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, consideradas de impunidad, decidida por el Congreso y la Corte Suprema recientemente, permitió retomar los juicios abiertos y en octubre pasado se ordenó la detención de dieciocho militares en ese caso, entre ellos Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, hombre clave en el centro clandestino de detención, que será convertido en Museo de la Memoria, entre otros destinos, por decisión del actual Gobierno. También hay un represor detenido en España por esa causa.

En el momento del secuestro, Walsh llevaba copias de la "Carta abierta de un escritor a la junta militar", que dio la vuelta al mundo; su figura fue considerada heroica por familias de las víctimas de la dictadura y organismos humanitarios. Una hija suya había sido desaparecida y luego su casa fue saqueada por los mismos grupos.

En otro avance en el tema de Derechos Humanos, diez policías y militares responsables del asesinato de un grupo de detenidos políticos en la provincia de El Chaco fueron procesados y enfrentarán juicio oral.

Aquella matanza, el 13 de diciembre de 1976 en el poblado Margarita Belén, cuando supuestamente "trasladaban" a veintidós detenidos que fueron fusilados, lleva el nombre del ese lugar. Simulando el traslado de los presos desde Resistencia a la capital Formosa -ambas limítrofes con Paraguay-, los detenidos fueron llevados en camiones del ejército y los militares presentaron el caso como intento de fuga. Los fusilaron en ese lugar desierto y fueron arrojados a una fosa.

En la impunidad pactada colaboraron algunos fiscales y jueces de la justicia de aquel lugar, pero hay que destacar la actitud del juez de Resistencia, Carlos Skidelsky, quien dictó el procesamiento de ocho militares, entre ellos varios oficiales, y también de dos policías. Hay un prófugo aún, excarcelado indebidamente en 2003.

En tanto, millones de personas vieron la semana pasada, y lo harán de nuevo hoy, el histórico documental del juicio a las juntas militares, que recoge lo que nunca se vio de esos procesos que concluyeron el 8 de diciembre de 1985, además de declaraciones de oficiales responsables de la desaparición de treinta mil personas entre 1976 y 1983.

En los juicios fueron condenados los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, luego indultados por el ex presidente Carlos Menem, en 1990.

En 1986 y 1987 se votaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que significaron impunidad para los criminales, que ahora con la derogación y anulación están comenzando a rendir cuenta de aquellos actos de terrorismo de Estado.

La Jornada

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