Fatima Hussein al-Badi podría ser ejecutada en cualquier momento si el presidente de Yemen rechaza el último recurso que ha presentado para que se le conmute la condena de muerte alegando que su juicio fue injusto.

Fatima Hussein al-Badi y su hermano, Abdullah Hussein al-Badi, fueron detenidos el 13 de julio de 2000 por el asesinato de su esposo, Hamoud Ali al-Jalal, y condenados a muerte el 17 de febrero de 2001.

Según informes, durante el juicio no tuvieron asistencia letrada y fueron obligados a guardar silencio cada vez que intentaron hablar. Presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelación, que confirmó la condena el 12 de agosto de 2002. Entonces recurrieron ante el Tribunal Supremo, pero también éste la confirmó. El presidente 'Ali 'Abdullah Saleh ratificó posteriormente la condena.

El 2 de mayo de 2005, Abdullah Hussein al-Badi fue ejecutado, según informes, por su presunta participación en el asesinato.

En octubre, Fatima Hussein al-Badi presentó un recurso personal especial ante el presidente, pidiéndole que le conmutara la condena, ya que su juicio había sido injusto. Se cree que el presidente está estudiando el recurso. Si lo rechaza, Fatima Hussein al-Badi podría ser ejecutada en cuestión de semanas.

Según su abogado, Fatima Hussein al-Badi se ha declarado inocente del asesinato de su esposo desde su detención. De acuerdo con la información disponible, fue torturada cuando se hallaba bajo custodia en la comisaría de policía, pero se negó a "confesar".

Al parecer, su hermano también negó que estuvieran implicados en el asesinato, pero posteriormente "confesó" ante la policía, cuando le dijeron que si lo hacía la dejarían en libertad a ella.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A Amnistía Internacional le preocupa desde hace mucho tiempo el uso de la pena de muerte en Yemen y cree que este año se ha ejecutado allí a decenas de personas, entre ellas Fuad 'Ali Mohsen al-Sharari, que fue fusilado el 29 de noviembre tras un juicio injusto.

Esta ejecución se llevó a cabo a pesar de numerosos llamamientos enviados por Amnistía Internacional y otras organizaciones, como la Unión Europea, así como por el propio Ministerio de Derechos Humanos de Yemen y destacados jueces y grupos de Derechos Humanos yemeníes.

Aunque reconoce el derecho y el deber de los Gobiernos de poner a disposición judicial a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles, Amnistía Internacional se opone incondicionalmente y en todos los casos a la pena de muerte, por considerarla la forma más extrema de violación del derecho a la vida.

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