Reuters, AFP y DPA

Guatemala, 15 de diciembre. En Guatemala se han encontrado millones de documentos sobre torturas y asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad durante la guerra interna de treinta y seis años que terminó en 1996, y que sumados a documentos anteriores conforman el archivo más grande de América Latina en su tipo.

Funcionarios de Derechos Humanos, que recogieron los documentos en los distritos policiales de todo el país, informaron que este miércoles llegaron a la capital camiones con cajas y bolsas que contienen entre quince y veinte millones de documentos. Tales textos se sumarán a los ciento veinte millones ya recopilados en el pasado.

"Estos archivos tienen tremenda importancia para el país" por varias razones, dijo Frank LaRue, director de una comisión de Derechos Humanos asesora de la Presidencia.

En Guatemala murieron alrededor de doscientas mil personas en el largo conflicto armado interno, que tuvo su apogeo en las décadas de 1970 y 1980.

Explicó que la importancia radica en que servirán para una investigación histórica sobre las violaciones a los Derechos Humanos y para los casos de desaparecidos, que es un delito continuado ya que algunas causas siguen abiertas después de veinte años.

Por otra parte, se informó que Guatemala se convirtió en el quinto país de América Latina en culminar labores de desminado en su territorio.

Un archivo encontrado recientemente documenta décadas de brutales abusos, asesinatos y secuestros auspiciados por el Estado. El hallazgo es una esperanza de que se haga justicia.

GINGER THOMPSON - The New York Times

Los montones de documentos policiales enmohecidos, atados en paquetes desordenados y apilados desde el piso hasta el techo, parecen una gigantesca acumulación de basura.

Pero investigadores de Derechos Humanos los consideran un tesoro escondido.

En Guatemala, una nación que aún busca a tientas la verdad sobre décadas de secuestros y asesinatos patrocinados por el Estado, las estimadas setenta y cinco millones de páginas prometen una colección de nueva evidencia para las víctimas, y quizá la última esperanza de que se logre cierto grado de justicia.

El verano pasado, las autoridades de la oficina del ombudsman (defensor) de Derechos Humanos guatemalteco, buscando un depósito de municiones, descubrieron lo que parecen ser todos los expedientes de la Policía Nacional, una agencia inexorablemente vinculada con los abusos a Derechos Humanos que se dieron durante los 36 años de conflicto civil en este país. La Policía fue desintegrada como parte de los acuerdos de paz firmados en 1996.

En ese entonces, el gobierno del presidente Álvaro Arzu, luchando por guiar a Guatemala a través de una transición incierta de la guerra a la paz, negó a una comisión de la verdad que los expedientes policiacos existieran. Ahora parece claro, dicen investigadores legales, que el Gobierno de Arzu, así como los que le siguieron, supieron de los archivos todo el tiempo.

Desde que un golpe de Estado sacó del poder al presidente izquierdista Jacobo Arbenz Guzmán, se desencadenó un conflicto civil armado. Guatemala estuvo regida durante veintiocho años (1954-1982), por regímenes militares que utilizaron a partidos políticos para legitimar su poder a través de procesos electorales fraudulentos.

Esa época culmina con Efraín Ríos Montt, célebre por los crímenes contra los Derechos Humanos durante su presidencia de facto (1982-1983), cuyo partido militar, el Frente Republicano Guatemalteco está acusado de asesinar a decenas de dirigentes y activistas políticos.

Un informe de Naciones Unidas concluyó que pueblos enteros de población maya fueron víctimas de un genocidio en el período de Ríos Montt.

Oficialmente, la guerra civil culminó en 1990, pero la violencia sigue: sólo entre el 2002 y el 2003, fueron reportados noventa y cuatro actos de agresiones políticas y secuestros.

Los generales de la elite militar, acostumbrados al poder dictatorial, manejaban a su antojo a la Policía para sus fines.

Lo que sigue siendo poco claro, dicen investigadores, es por qué funcionarios de Gobiernos anteriores de Guatemala, particularmente la Policía, no destruyeron los archivos, aun cuando parecen contener evidencia de abusos atroces.

Ahora que los expedientes han sido encontrados, casi diez años después del fin de los combates que dejaron al menos doscientos mil muertos, un nuevo Gobierno, luchando por consolidar una paz naciente, sigue discutiendo cómo proceder.

"Esto representa un serio desafío porque van a salir muchos nombres de los expedientes, y el sistema de justicia es muy débil", dice Frank LaRue, director de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos.

"Pero el Gobierno sigue empeñado en abrir los archivos, y enjuiciar a las personas responsables de crímenes", agrega.

LaRue baja el tono de su voz y confiesa preocupado: "No estoy seguro de que todos en el gobierno estén de acuerdo con eso".

No es el primer grupo de documentos gubernamentales descubierto desde el fin del conflicto. Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional, una entidad no lucrativa basada en Washington, señala que el año pasado, el Gobierno calladamente abrió los expedientes de la ex agencia de espionaje presidencial, que también fue acusada de abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos.

Y en 1999, una bitácora de actividades de una unidad militar secreta responsable de secuestros y asesinatos de oponentes gubernamentales, fue sacada clandestinamente de los archivos de las fuerzas armadas.

Nada se hizo público de esos archivos, pues los expedientes de la agencia de espionaje habían sido saqueados antes de que investigadores de Derechos Humanos pudieran llegar a ellos.

Por eso, los expedientes de la Policía Nacional, mohosos y desordenados, pero aún intactos, prometen el relato más completo de la persecución del Gobierno contra personas sospechosas de ser izquierdistas, una campaña lanzada con dinero y asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos.

Los documentos incluyen desde boletos de transporte, solicitudes de licencias de conducir y expedientes de personal, hasta bitácoras de espionaje y registros de interrogatorios. Hay cientos de rollos de película y vídeo, junto con instantáneas de cuerpos no identificados, detenidos e informantes.

Hay gabinetes completos marcados con las leyendas "desaparecidos", "asesinos" y "casos especiales". Y hay montones de registros de arrestos que indican "comunista" como la razón por la que los sospechosos fueron arrestados.

Sergio Morales, jefe de la oficina del ombudsman, indicó a reporteros guatemaltecos que los archivos contienen listas de niños secuestrados, hijos de supuestos guerrilleros, junto con los nombres de las familias que aceptaron adoptarlos, por lo que el nuevo descubrimiento encierra la esperanza para decenas de padres y madres, de encontrar a sus hijos.

Morales agrega que hay archivos que se refieren a casos bien conocidos, como el asesinato de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack, muerta en 1990 por un escuadrón militar.

Un equipo de abogados belgas que investigan el asesinato del sacerdote Walter Voordeckers, en 1980, y la desaparición de Serge Berten, en 1982, ambos ciudadanos belgas, encontró expedientes sobre esos casos durante una visita a Guatemala en septiembre pasado, y citó a comparecer al ex jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina, por primera vez desde el fin de la guerra. Chupina nunca ha sido procesado legalmente por un crimen.

Morales dice que los defensores de derechos humanos tienen "grandes esperanzas de que estos expedientes aclaren los misterios que han atormentado a este país durante décadas".

Eso parece estar claro para los directores de proyectos de documentación de todo el mundo, incluyendo Iraq, Camboya y Serbia, que visitaron Guatemala para estudiar sus archivos policiales. El interrogante que ocupó su mente fue el mismo que cuando examinaron por primera vez expedientes llevados por el regímen del dictador Saddam Hussein o por organizaciones como el comunista Khmer Rojo.

"El Gobierno negó la existencia de los archivos todos estos años", dice Youk Chhang, director del Centro de Documentación de Camboya, mientras revisa los expedientes. "Pero ¿por qué cuando tuvieron la oportunidad no los destruyeron?", se pregunta.

Hassan Mneimneh, encargado de recopilar archivos del régimen de Hussein en Iraq, dice que no le sorprende del todo.

"Finalmente estos expedientes son la memoria institucional de la burocracia. Esperar que una burocracia destruya sus archivos, es esperar que se suicide", opina Mneimneh.

Heriberto Cifuentes, historiador guatemalteco que estuvo entre las primeras personas externas que tuvo acceso a los expedientes, dice que el hecho de que el gobierno no los destruyera refleja un hecho simple de la vida guatemalteca.

"La impunidad reina en Guatemala. Aunque haya documentos o no, la gente responsable de los delitos no espera pagar por ellos. Siempre han disfrutado de total inmunidad", indica.

La Jornada

Expreso de Guayaquil

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