El 16 de diciembre, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida por la policía en su casa de la ciudad de Cancún. Los policías la llevaron a una distancia de mil quinientos kilómetros, a la ciudad de Puebla. Estuvo detenida durante treinta horas, por cargos de difamación, antes de ser puesta en libertad bajo fianza.

Amnistía Internacional cree que su detención constituye acoso judicial, amenaza su derecho a la libertad de expresión y la hace más vulnerable a las amenazas y las intimidaciones relacionadas con su trabajo de defensa de los Derechos Humanos.

Lydia Cacho Ribeiro es periodista y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores, y la impunidad de que suelen gozar los responsables. Este mismo año ha publicado un libro en el que denuncia la participación de importantes empresarios en una red de pornografía infantil.

Uno de los empresarios a los que cita, con sede en Puebla, presentó una querella por difamación contra ella, y la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una investigación preliminar. A consecuencia de todo ello, un juez dictó una orden de detención contra Lydia Cacho Ribeiro.

Cuando la policía la llevó a Puebla, en un viaje por carretera que duró diez horas, la pusieron bajo custodia, y después la hicieron comparecer ante un juez que la puso en libertad bajo fianza de diez mil dólares.

Lydia Cacho Ribeiro debe comparecer ante un juez de Puebla todas las semanas mientras continúa el proceso judicial. Puede ser condenada a hasta cuatro años de prisión.

La difamación es un cargo penal en México, y en ocasiones se utiliza para silenciar e intimidar a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés público. En Puebla este delito se puede castigar con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que la difamación sea un cargo civil, no penal. México no ha tomado ninguna medida para adoptar esta recomendación.

Lydia Cacho Ribeiro ya ha sufrido amenazas e intimidaciones anteriormente a consecuencia de sus actividades de Derechos Humanos. Tras la emisión de la Acción Urgente (16 - II - 2005) sobre esta activista y su actualización (8 - VII - 2005), las autoridades le proporcionaron cierta protección policial, lo que le permitió continuar con su trabajo.

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Amnesty International

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