Amnistía Internacional - 4 de enero de 2006

Tailandia: los habitantes del sur del país,
atrapados por la escalada de violencia

Pueden consultar el informe completo en inglés: "Thailand: if you want peace, work for justice"

Los habitantes del extremo sur de Tailandia están atrapados entre los disparos efectuados desde vehículos en marcha y los atentados con explosivos perpetrados a diario por presuntos miembros de grupos armados musulmanes y las medidas brutales o inadecuadas que las fuerzas de seguridad aplican para enfrentarse a esta situación, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Al cumplirse el segundo aniversario del asalto a una base del ejército, perpetrado por insurgentes, momento en el cual se inició el recrudecimiento de la violencia, la organización presenta un informe sobre la situación, en el que insta a las autoridades tailandesas a que recurran sistemáticamente a la justicia, al mismo tiempo que pide a todos los grupos armados que detengan inmediatamente los ataques indiscriminados contra la población civil.

Desde enero de 2004 más de mil personas han fallecido en el extremo sur de Tailandia, donde los budistas viven junto a los musulmanes. Los insurgentes han situado en el punto de mira de sus agresiones a personas de todas las edades y profesiones, desde maestros y caucheros hasta monjes budistas y musulmanes de quienes se considera que cooperan con las autoridades. La violencia ha aumentado hasta un extremo en el que afecta a casi todos los ámbitos de la vida de los habitantes de la zona, tanto musulmanes como budistas, restringiendo su capacidad de trabajar, viajar, comerciar y recibir educación.

Las autoridades tailandesas han respondido con detenciones arbitrarias, torturas y uso excesivo de la fuerza con resultado letal. Tampoco han investigado adecuadamente las agresiones contra civiles budistas y musulmanes. Jóvenes musulmanes han sido incluidos en la "lista negra" y considerados culpables sin motivo alguno. A menudo los detenidos no tienen acceso a abogado ni intérprete. Un número indeterminado de personas ha "desaparecido" y los activistas de Derechos Humanos que intentan recoger información sobre sus casos han recibido amenazas de muerte anónimas y sufrido otras formas de intimidación.

Un joven activista de Derechos Humanos musulmán dijo: "Si incluso yo, que soy universitario, soy víctima de abusos, ¿qué será de los habitantes de los pueblos? Sufren más [...] Pierden constantemente, sufren dolores y pérdidas. Para lograr la paz es preciso centrarse en la justicia y la humanidad".

"Los habitantes de la zona se sienten cada vez más desprotegidos frente a la actual violencia", ha dicho Amnistía Internacional. "Está claro que para el Gobierno es un gran reto afrontar la violencia, pero tiene responsabilidades hacia sus ciudadanos y debe asegurarse de que se hace justicia."

Un grupo de una pequeña población budista de veinticuatro familias afirmó que siete de los habitantes del pueblo habían muerto a tiros desde febrero de 2004. Sólo viajaban en grupo y les preocupaba enviar a sus hijos al colegio. No habían podido recoger caucho desde hacía dos meses por temor a los ataques. Uno afirmó: "¿Puede el Gobierno ayudarnos a encontrar trabajo? Vivimos una existencia sin sentido [...] Nada es seguro. Nos limitamos a esperar la visita de la muerte".

Los habitantes de la zona dijeron también que las autoridades no habían investigado adecuadamente los homicidios, y que esto había contribuido a agudizar su sensación de vulnerabilidad, tanto de budistas como de musulmanes.

"Las autoridades tailandesas deben investigar todos los informes sobre abusos contra los Derechos Humanos, sean agresiones de civiles a manos de grupos armados o violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad", ha manifestado Amnistía Internacional. "Los responsables deben ser puestos a disposición judicial. Las leyes actuales que dan total inmunidad a las fuerzas de seguridad deben modificarse para permitir procesar a sus miembros".

"Los dirigentes de grupos armados deben ordenar a quienes están bajo su mando que no ataquen a civiles ni a sus propiedades bajo ninguna circunstancia, y condenar públicamente estos ataques."

Información complementaria

A comienzos del siglo XX, Tailandia se anexionó el sultanato de Pattani, que incluía las actuales Pattani, Narathiwat y Yala, así como partes de la provincia de Songkla. Aproximadamente el ochenta por ciento de la población de la región son musulmanes de etnia malaya, que hablan un dialecto del bahasa.

Casi desde el principio de la anexión empezaron a operar en la región grupos armados que pedían la independencia. Los grupos musulmanes armados de oposición han actuado con altibajos durante los últimos cien años, pero al llegar el siglo XXI su actividad ha aumentado radicalmente.

El 4 de enero de 2004, un grupo armado sin identificar atacó una base del ejército tailandés en el distrito de Cho Airong, provincia de Narathiwat. En el ataque resultaron heridos cuatro soldados y desaparecieron cuatrocientas armas. Al mismo tiempo, en lo que parecía una operación coordinada, fueron incendiados veinte colegios.

Desde la escalada de violencia de 2004, los grupos armados autores de los ataques no se han identificado ni planteado exigencias políticas, y tampoco se sabe que hayan dado señales de estar dispuestos a entablar conversaciones con el Gobierno. Es más, ningún grupo hasta ahora se ha responsabilizado de agresiones concretas.

El 12 de marzo de 2004, Somchai Neelapaijit, destacado abogado musulmán que representaba a varios de los detenidos por hechos violentos y había iniciado una campaña a favor del levantamiento de la ley marcial en el sur, "desapareció" en Bangkok. Sigue sin conocerse su paradero y a Amnistía Internacional le preocupa la falta de avances en la investigación sobre el caso. Su "desaparición" ha tenido un profundo impacto en el trabajo de otros activistas de Derechos Humanos del sur, que consideran que carecen de recursos frente a las amenazas que sufren.

En respuesta a la violencia, el Gobierno promulgó en julio de 2005 un Decreto de Excepción en el que se permitía la detención sin cargos ni juicio durante hasta treinta días y se concedía inmunidad jurídica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En virtud de este decreto, el estado de excepción en las tres provincias más meridionales se prorrogó tres meses, hasta el 19 de enero de 2006.