Se cree que cuatro refugiados uzbekos, detenidos en Kirguistán desde junio del 2005, se encuentran en peligro inminente de ser devueltos a Uzbekistán. Amnistía Internacional teme que, de ocurrir esto, los hombres sufran graves violaciones de los Derechos Humanos, como reclusión en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos y un juicio descaradamente injusto tras el que podrían ser condenados a largas penas de prisión o incluso condenados a muerte.

Zhakhongir Maksudov, Odilzhon Rakhimov, Yakub Toshboev y Rasulzhon Pirmatov formaban parte de un grupo de más de quinientos solicitantes de asilo que huyeron de Andiyán, ciudad situada en el extremo oriental de Uzbekistán, el pasado 13 de mayo, fecha en la que las fuerzas de seguridad uzbekas abrieron fuego contra miles de manifestantes en su mayor parte desarmados.

Los solicitantes de asilo acudieron a la vecina Kirguistán en busca de seguridad y protección internacional, y fueron seguidamente reconocidos como refugiados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, eventualmente, por las autoridades kirguises.

Sin embargo, estos cuatro hombres han estado detenidos desde junio del 2005, cuando los trasladaron del campo de refugiados de Besh Kana, a la prisión de Osh.

Las Directrices Revisadas del ACNUR sobre los Criterios y Estándares Aplicables con Respecto a la Detención de Solicitantes de Asilo (las Directrices de Detención del ACNUR) disponen claramente que la detención de solicitantes de asilo es "inherentemente indeseable", y que ''como principio general, los solicitantes de asilo no deberían ser detenidos" (Directriz 2).

Las autoridades uzbekas alegan que uno de estos hombres ha sido declarado culpable de delitos relacionados con narcóticos, y que a los otros tres se los busca en relación con la muerte violenta del fiscal de Andiyán, ocurrida el 13 de mayo, acusación que los hombres han desmentido.

Los cuatro hombres apelaron contra la decisión del Tribunal Municipal de Bishkek de extraditarlos a Uzbekistán. El 9 de enero, el Tribunal Supremo de Kirguistán rechazó la apelación de dos de los hombres. Sin embargo, en una declaración hecha ese mismo día, el ACNUR afirmó que había reconocido recientemente a los cuatro hombres como refugiados según los términos de su mandato.

Existe el temor de que el Tribunal Supremo, al tomar su decisión, aceptara "garantías" del fiscal general de Uzbekistán de que los hombres no serían torturados si eran extraditados a Uzbekistán. El Derecho Internacional, no obstante, es bien claro: este tipo de garantías no exime a las autoridades de Kirguistán del cumplimiento de su obligación, en virtud del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y del Derecho de los refugiados, de respetar el principio de no devolución (non-refoulement), principio que prohíbe se devuelva contra su voluntad a cualquier persona a un país en el que quedaría expuesta a sufrir graves violaciones de Derechos Humanos, como tortura y otros malos tratos.

Amnistía Internacional considera que ninguna garantía de este tipo ofrecida por el fiscal general de Uzbekistán bastaría para invalidar los riesgos que incurrirían estos cuatro hombres. El uso sistemático de la tortura y los malos tratos en Uzbekistán, y las deficiencias sistémicas y fundamentales del sistema de justicia penal del país, producen violaciones generalizadas de las normas internacionales para la celebración de juicios justos, y dado el contexto y la naturaleza de los crímenes que se les imputan, estos cuatro hombres correrían un grave peligro si son devueltos a Uzbekistán.

Información complementaria

El 9 de junio del 2005, las autoridades de Kirguistán devolvieron a Uzbekistán a cuatro de los más de quinientos refugiados que habían huido de este país el 13 de mayo del 2005.

Pese a los esfuerzos concertados de la ONU, no fue posible establecer el paradero de los cuatro hombres. Se ha confirmado que por lo menos uno de ellos ha sido brutalmente torturado en Uzbekistán, y según otras informaciones, otro ha sido condenado a diecisiete años de prisión, tras ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, por su presunta participación en los sucesos de Andiyán.

El 29 de julio del 2005, el ACNUR consiguió evacuar a cuatrocientos treinta y nueve refugiados uzbekos, que fueron trasladados por puente aéreo desde Kirguistán a un centro temporal en Rumanía. Algunos de estos refugiados ya han sido reasentados en terceros países, y los demás están a la espera de su traslado a países que les han ofrecido una protección permanente.

Tras la evacuación, quedaron detenidos en Kirguistán quince solicitantes de asilo uzbekos. Las autoridades determinaron que once de ellos eran refugiados, y el 16 de septiembre del 2005 estos once fueron evacuados a Londres, Reino Unido. Posteriormente fueron reasentados en Bélgica, Finlandia y los Países Bajos.

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