Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación por la condena a muerte impuesta hoy a Wichai Somkhaoyai y Bualoi Posit por la violación y el asesinato de la ciudadana británica Katherine Horton, cometidos a principios de enero de 2005.

El juez del caso declaró que imponía la pena más severa debido a la inhumanidad del delito.

AI solicita que no se aplique la pena de muerte en este caso ni en ningún otro. La gravedad e inhumanidad de este delito merece castigo, pero no el castigo inhumano de la pena de muerte, ha declarado la organización.

AI se opone a la imposición de la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla una violación del derecho a la vida y la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia, y ha instado a las autoridades tailandesas a que decreten una suspensión de las ejecuciones con el fin de abolir esta práctica en la ley.

Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, no se ha realizado ninguna ejecución en Tailandia desde diciembre de 2003.

La organización ha pedido que las autoridades mantengan esta bienvenida suspensión de hecho y no reanuden las ejecuciones. La pena de muerte no es una solución a la delincuencia, y no tiene un efecto disuasorio excepcional.

Por ejemplo, para lograr un impacto real en los casos de violencia contra la mujer como este, las autoridades tailandesas deberían introducir un programa sistemático de iniciativas legislativas y medidas prácticas, incluida la investigación exhaustiva e imparcial de todos los casos con independencia de la nacionalidad de la víctima o del perfil del autor.

En Tailandia hay más de mil hombres y mujeres condenados a muerte. Están pendientes de confirmar las condenas impuestas a otras ciento veinticuatro personas, en su mayoría por delitos relacionados con las drogas.

La importancia de que todos los juicios cumplan las normas internacionales de imparcialidad queda especialmente de manifiesto en casos como éste, en los que se puede imponer la pena de muerte, definitiva e irreversible, ha declarado Amnistía Internacional.

En este caso de gran relieve, la rapidez del enjuiciamiento suscita preocupación por la posibilidad de que los encausados no hayan tenido tiempo para preparar una defensa adecuada.

Wichai Somkhaoyai y Bualoi Posit fueron juzgados, declarados culpables y condenados en poco más de una semana después de su detención. Además, las declaraciones realizadas, según informes, por el primer ministro antes del juicio, en las que pedía la imposición de la pena de muerte, han podido influir en la imparcialidad del juicio y en su resultado.

Según los informes, los condenados han confesado su culpabilidad. AI ha expresado en ocasiones anteriores su preocupación por la importancia que se da al uso de confesiones como prueba en los juicios de pena capital en Tailandia, sobre todo debido al riesgo de que se haya recurrido a la tortura para obtenerlas.

AI ha pedido que el Tribunal de Apelaciones, que revisará automáticamente esta condena, examine estas cuestiones. La organización también ha instado a las autoridades tailandesas a que actúen a fin de garantizar que se respeta el debido proceso en todos los juicios, y mientras no se produzca la abolición de la pena de muerte, especialmente en los casos de pena capital.

Información complementaria

Cuando el enjuiciado admite su culpabilidad en los casos de pena capital, se suele reducir la condena a la de cadena perpetua. Las personas declaradas culpables del delito también tienen derecho a recurrir ante un tribunal superior y a pedir el indulto real.

Muchos presos condenados a muerte están sujetos con grilletes de metal continuamente, lo que vulnera las normas internacionales.

AI viene expresando ante las autoridades tailandesas desde hace varios años su preocupación por la debilidad endémica del sistema de justicia penal. Entre los motivos de preocupación planteados figura la lentitud de las investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos y abusos, y los largos retrasos en los juicios. La tortura y los malos tratos se utilizan con frecuencia para obtener información o confesiones de los presuntos delincuentes.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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