Amnistía Internacional - 26 de enero de 2006

Maria Aparecida Denadai, abogada que trabaja en el Estado de Espírito Santo, cerca de Río de Janeiro, ha recibido amenazas de muerte. Se teme que esas amenazas estén relacionadas con el homicidio de su hermano, el abogado Marcelo Denadai, muerto en 2002 cuando se disponía a revelar pruebas de la corrupción política en Espírito Santo. Maria Aparecida Denadai puede correr grave peligro.

Desde el homicidio de Marcelo Denadai el 15 de abril de 2002, cinco testigos del caso han sido asesinados. Maria Aparecida Denadai, una de los que aún continúan vivos, recibió amenazas de muerte en 2002, tras realizarse denuncias públicas sobre la investigación llevada a cabo por la policía en torno al homicidio (véanse la acción urgente del 12 - VI - 2002, y su actualización del 26 - VII - 2002).

La protección proporcionada por la policía federal en aquellas fechas se retiró en diciembre de 2004 y, desde entonces, Maria Aparecida Denadai afirma haber sufrido repetidas amenazas e intimidaciones. Según asegura, ha recibido varios mensajes amenazadores de un hombre sospechoso de ordenar el homicidio de su hermano. Según los informes, dos hombres que decían ser agentes de la policía militar trataron de entrar en su casa alegando que tenían información sobre la muerte de su hermano. Más tarde fueron identificados como ex agentes de la policía militar que habían sido acusados de homicidio.

En diciembre de 2005, Maria Aparecida evitó un aparente atentado contra su vida cuando, según los informes, un hombre armado llegó a entrar en la oficina en la que trabaja antes de ser escoltado fuera del edificio.

En enero de 2006, Maria Aparecida Denadai denunció que dos hombres en una motocicleta habían seguido su automóvil, y que sólo se marcharon cuando ella se detuvo ante una comisaría. Todos estos incidentes se han puesto en conocimiento de la policía federal.

Varias investigaciones estatales y nacionales han vinculado las violaciones de Derechos Humanos, las actividades de los "escuadrones de la muerte", la corrupción, la delincuencia organizada y los ataques contra el colectivo de defensores de los Derechos Humanos en el Estado con la organización policial "Scuderie Detetive le Coq" (SDLC), que, según los informes, actuaba junto con poderosos grupos políticos y económicos en el Estado.

Aunque una resolución judicial federal proscribió la SDLC en noviembre de 2004, se cree que muchos de sus ex miembros siguen activos en la policía del Estado y en cargos políticos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tras su visita a Brasil en septiembre y octubre de 2003, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias escribió en su informe final: "La situación en [...] Espírito Santo es un ejemplo especialmente llamativo de la penetración de las actividades de los escuadrones de la muerte en las esferas más altas de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de un Estado".

En 2002, una comisión nacional de Derechos Humanos encabezada por el ministro de Justicia recomendó que el Gobierno federal interviniera en Espírito Santo. La recomendación fue rechazada por la Fiscalía Federal tras debatir con Fernando Henrique Cardoso cuando éste era presidente de Brasil.

En su lugar, se abrió una investigación conjunta de las autoridades federales y estatales sobre las violaciones sistémicas de Derechos Humanos, la delincuencia organizada y la impunidad. Esta investigación condujo a la detención de varias figuras destacadas implicadas en la delincuencia organizada, entre las que había políticos, altos cargos de la policía e incluso jueces.

En 2003, el recién elegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió continuar la lucha contra la delincuencia organizada y contra las violaciones de Derechos Humanos en el Estado.

Sin embargo, el hecho reiterado de que no se concluyeran investigaciones importantes sobre homicidios y de que no se protegiera a los testigos, unido a la reciente información sobre las escuchas ilegales a un importante medio de comunicación del Estado, ha intensificado la preocupación por la posibilidad de que estén disminuyendo los esfuerzos estatales y federales para combatir la delincuencia organizada. Se considera también que la reciente sustitución de personas que dirigían equipos de investigación estatales y federales ha socavado este proceso.

En marzo de 2003, el juez Alexandre Martins de Castro Filho fue asesinado tras haber estado investigando las denuncias de que se estaba poniendo en libertad temporalmente a detenidos bajo custodia del sistema penitenciario para que cometieran asesinatos.

No se ha procesado aún a nadie por el homicidio del juez, ni por el de Marcelo Denadai, lo que perpetúa el largo historial de impunidad que rodea las muertes de quienes luchan contra las violaciones de Derechos Humanos y la corrupción en Espírito Santo.

Pueden consultar también la versión completa de esta página.