Amnistía Internacional - 30 de enero de 2006
Estados Unidos:
ejecución inminente de Vernon Evans
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Está previsto que Vernon Lee Evans Jr., de raza negra, sea ejecutado en Maryland durante la semana que empieza el 6 de febrero. Fue condenado a muerte en 1984 por los asesinatos con arma de fuego, cometidos en abril de 1983, de dos empleados de un motel, David Scott Piechowicz y Susan Kennedy, ambos de raza blanca. Evans fue condenado a muerte por los asesinatos junto con el traficante de drogas Anthony Grandison. Grandison fue declarado culpable además de contratar a Evans para que matara a Piechowicz y a su esposa, Cheryl, que debían testificar contra él en un caso federal de narcóticos. Susan Kennedy era la hermana de Cheryl Piechowicz, y trabajaba en el mismo motel en el que se cometieron los asesinatos: se cree que el asesino la confundió con su hermana. El jurado que condenó a Evans a muerte no tuvo conocimiento de las declaraciones de testigos clave, incluido el único testigo presencial, quien en la fase de apelación testificó que el autor de los disparos era más alto que Vernon Evans e iba vestido con ropas que no coincidían con las que Evans vestía en el momento de los crímenes. Según los informes, otros dos testigos han corroborado esta descripción. Otros testigos diferentes dijeron haber visto a Evans en el lugar de los hechos, y la fiscalía se basó en este testimonio para conseguir una declaración de culpabilidad. Evans aseguró que él no había sido el autor de los disparos. Los abogados actuales de Evans han apelado contra su condena de muerte basándose en una serie de razones, entre ellas el hecho de que Evans recibió una asistencia letrada ineficaz de su abogado, quien no investigó ni presentó testimonios atenuantes sustanciales sobre sus antecedentes, como por ejemplo que su infancia había estado caracterizada por la crueldad, el abandono y la desesperación. Evans sufrió palizas frecuentes y brutales a manos de su padre, fue agredido sexualmente por un desconocido cuando era niño, e intentó suicidarse por primera vez a los diez años de edad. Su familia no le buscó ningún tipo de tratamiento, y en sus primeros años de adolescencia Vernon Evans empezó a consumir alcohol y drogas. Existen pruebas de que en la acusación de Evans hubo un componente de discriminación racial. Durante la selección del jurado, la fiscalía utilizó ocho de sus diez "recusaciones sin causa" para excluir a candidatos de raza negra del jurado, pese a que entre todos los posibles candidatos sólo había un treinta y uno por ciento de negros. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA En los últimos años, el sistema de aplicación de la pena capital de Maryland ha sido objeto de examen y de preocupación. En 1996, el entonces gobernador, Parris Glendening, designó un grupo especial sobre la imposición justa de la pena capital encargado de examinar si realmente era justo el sistema de aplicación de la pena de muerte del Estado. Este grupo especial concluyó que en Maryland "el elevado porcentaje de presos de raza negra condenados a muerte y el bajo porcentaje de condenados a muerte cuya víctima era de raza negra siguen siendo motivo de preocupación". En el año 2000, el gobernador Glendening encargó al profesor Raymond Paternoster, de la Universidad de Maryland, que realizara un estudio sobre el sistema de aplicación de la pena capital en el Estado. El gobernador Glendening también dictó una suspensión de las ejecuciones en mayo de 2002. El informe del estudio de la Universidad de Maryland se hizo público en enero de 2003: el profesor Paternoster había examinado detenidamente todos los asesinatos de primer y segundo grado cometidos en el Estado desde septiembre de 1978 hasta diciembre de 1999: un total de aproximadamente seis mil casos. El estudio concluyó que, incluso cuando se tienen en cuenta otros factores, las personas que matan a víctimas blancas tienen unas probabilidades "notablemente" superiores de ser condenadas a muerte que las que matan a víctimas de otras razas. También concluyó que las fiscalías de los distintos condados del Estado "muestran variaciones considerables" en sus peticiones de pena de muerte. Por ejemplo, la probabilidad de que un fiscal pidiera la pena de muerte era notablemente superior en el condado de Baltimore, donde Evans fue procesado. En este condado se procesó a cuatro de las cinco personas ejecutadas en Maryland desde 1978, cuando entró en vigor la actual legislación sobre pena de muerte. Un estudio llevado a cabo por la Facultad de Derecho de Columbia en 2002 corrobora estos datos, y concluye que el condado de Baltimore es uno de los condados de todo Estados Unidos que más aplican la pena de muerte, y también uno de los que cuentan con un índice más elevado de errores en casos de pena capital. Al ocupar su cargo en 2003, el gobernador Robert Ehrlich levantó la suspensión de las ejecuciones en el Estado, diciendo que revisaría cada orden de ejecución caso por caso. El ex gobernador Glendening ha declarado recientemente que el Estado debería dictar de nuevo la suspensión y detener las ejecuciones hasta haber abordado las disparidades en el uso de la penal capital en el Estado, señaladas en el estudio de la Universidad de Maryland. Amnistía Internacional no pretende disculpar a quienes cometen delitos violentos. No obstante, considera que la pena de muerte es inadecuada en todos los casos:
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