Amnistía Internacional acoge con beneplácito la receptividad de muchas autoridades de Georgia para abordar uno de los problemas más antiguos del país -la erradicación de la tortura y otros malos tratos-, su disposición al diálogo y algunos primeros pasos positivos que han dado.

"En medio de continuas denuncias de abusos, sin embargo, ahora es más importante que nunca que todas las autoridades pertinentes garanticen que las promesas de reforma pasan, firme e irrevocablemente, del papel a la práctica", ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

"Debe existir en las más altas esferas una clara voluntad política de garantizar que Georgia tiene un plan de acción completo y coherente contra la tortura, que abarque todas las regiones del país además de la capital, y que sea dotado de los recursos necesarios. El problema es antiguo y complejo; hace falta un enfoque a largo plazo, sostenido y visionario."

En los dos años transcurridos desde que la "revolución de la rosa" llevó al poder a un nuevo Gobierno en Georgia, Amnistía Internacional ha seguido de cerca el compromiso y la práctica de las autoridades al abordar cuestiones clave de Derechos Humanos.

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2006, una delegación de la organización mundial de Derechos Humanos se reunió con el fiscal general Zurab Adeishvili, el ministro del Interior Ivane Merabishvili, el defensor del pueblo Sozar Subari, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Elene Tevdoradze y el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Giga Bokeria, así como con el director de la oficina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Roy Reeve y con representantes de organizaciones no gubernamentales georgianas.

Los delegados de Amnistía Internacional les expusieron los motivos de preocupación y las recomendaciones detallados en su informe recientemente publicado y titulado Georgia: Torture and ill-treatment - still a concern after the "Rose Revolution".

El informe expone numerosos casos ocurridos después de la "revolución de la rosa" en los que los detenidos han declarado sobre diversos métodos de tortura y malos tratos, como la aplicación de descargas eléctricas, la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, la suspensión de una barra colocada entre dos mesas, quemaduras de cigarrillos y velas, la introducción del cañón de una pistola en la boca con amenaza de disparar, amenazas contra sus familias y patadas y palizas con porras y culatas de armas.

Muchos casos aún no han salido a la luz porque la policía encubre sus delitos y los detenidos suelen tener miedo de quejarse o de identificar a los autores por temor a las repercusiones.

También ha habido graves deficiencias en la aplicación de las salvaguardias jurídicas encaminadas a prevenir la tortura y los malos tratos. En muchos casos, los autores han eludido la acción de la justicia porque no se abrieron investigaciones de forma sistemática y rápida.

Amnistía Internacional ha observado avances en algunos aspectos, como una mayor vigilancia de los centros de detención del Ministerio del Interior, cambios en la ley que refuerzan las salvaguardias contra la tortura y los malos tratos y, según los datos de que dispone la organización, el encarcelamiento de doce agentes encargados de hacer cumplir la ley el año pasado por torturas y malos tratos.

Sin embargo, los delegados de Amnistía Internacional reiteraron la necesidad de garantizar ciertas medidas fundamentales contra la tortura y los malos tratos, que incluyen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos, y que los autores de éstos comparezcan ante la justicia y se les impongan condenas proporcionales a la gravedad de la infracción. Los delegados también expusieron otras recomendaciones clave para consolidar los avances realizados, que incluyen:

• La prohibición del uso de máscaras u otros medios de ocultar la identidad de los agentes. Sólo se harán excepciones si fuera necesario para la protección o la seguridad personal de los agentes en cuestión, o razones similares. En tal caso es sumamente importante que cada agente, incluidos los del cuerpo especial de policía, pueda ser identificado por medios tales como un único número de identificación que sea rastreable.
• La suspensión inmediata de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estén sometidos a investigación por violaciones graves de Derechos Humanos hasta que se conozca el resultado de las actuaciones disciplinarias y judiciales que se siguen contra ellos.
• La creación de un órgano independiente de la policía, la fiscalía y el sistema judicial para llevar a cabo una inspección meticulosa de las investigaciones realizadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre las denuncias de tortura y malos tratos, así como de los procedimientos judiciales seguidos en tales casos. Este órgano debería estar facultado para presentar sus conclusiones, formular recomendaciones a las autoridades pertinentes y emitir un informe público.
• Prestar especial atención al objetivo de acabar con la tortura y los malos tratos en otras zonas de Georgia distintas de la capital.

Las reuniones discurrieron en una atmósfera constructiva, y las autoridades se comprometieron a seguir estudiando recomendaciones específicas y a proseguir el diálogo. El ministro del Interior, por ejemplo, declaró que estudiaría con más detalle la posibilidad de suspender a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sean sometidos a una investigación formal, y no sólo cuando hayan sido acusados formalmente de una violación grave de Derechos Humanos, así como a la cuestión de que los agentes que ocultan su identidad tengan placas de identificación que sean rastreables.

Sin embargo, aunque las autoridades se comprometieron a continuar el plan nacional de acción contra la tortura, que finalizó a finales del 2005, ninguna pudo facilitar datos concretos sobre qué órgano sería responsable de coordinar el desarrollo de dicho plan para el 2006 y más adelante.

"Hay que relegar al pasado la impunidad por la tortura y los malos tratos. Las autoridades deben denunciar de forma inequívoca la tortura y los malos tratos, y tomar medidas contundentes para demostrar a la policía, así como a los ciudadanos en general, que no se van a tolerar estos abusos. La apertura, la transparencia y la rendición de cuentas totales sólo aumentarán la confianza de la ciudadanía en las autoridades para combatir los problemas que continúan existiendo en este área", declaró Nicola Duckworth.

Información complementaria

Cuando el Gobierno llegó al poder merced a la "revolución de la rosa" en noviembre de 2003, heredó un sistema en que la tortura y los malos tratos eran prácticas generalizadas y los autores quedaban sistemáticamente sin castigo.

En los meses que siguieron al cambio de Gobierno aparentemente la situación sufrió un deterioro. Sin embargo, en el segundo semestre de 2004, el Gobierno reconoció la necesidad de abordar el problema de la tortura y los malos tratos como una de las cuestiones clave de su programa en relación con los Derechos Humanos.

La trayectoria del Gobierno en materia de Derechos Humanos no ha sido uniforme. Aunque se han adoptado medidas positivas sobre algunos aspectos de la protección de los Derechos Humanos, la preocupación de Amnistía Internacional ha ido en aumento respecto a las presiones ejercidas sobre el poder judicial por parte de la fiscalía y otras autoridades del Gobierno, a las denuncias de injerencia del Gobierno en la libertad de los medios de comunicación, especialmente en relación con la televisión, y a las denuncias según las cuales los funcionarios de orden público seguían haciendo un uso excesivo de la fuerza.

También constituye motivo de preocupación para la organización el hecho de que varios centenares de personas que han perpetrado ataques violentos contra minorías religiosas en los últimos años disfruten de impunidad, aunque se haya procesado a varias de ellas.

Otro motivo de preocupación lo constituyen las personas en peligro constante de ser extraditadas o devueltas a países donde pueden sufrir violaciones graves de sus Derechos Humanos, como la tortura.

Quedan otras muchas cuestiones pendientes en relación con las áreas disidentes no reconocidas internacionalmente de Osetia del Sur y Abjasia.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

Enlaces sobre Direitos Humanos