JOSÉ ELÍAS - Guatemala

Herencia de una guerra sucia que a lo largo de treinta y seis años ensangrentó el suelo guatemalteco, la violencia sigue campando por sus fueros en este país centroamericano. Esta dramática situación quedó al desnudo cuando Sergio Morales, el Procurador de los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo), ha presentado ante el Congreso (legislativo, unicameral) su informe anual sobre los Derechos Humanos.

Según Morales, sólo en enero de 2006 han sido asesinadas más de doscientas personas.

Cinco mil cuatrocientas murieron violentamente a lo largo de 2005; de ellas, trescientas veintisiete eran menores.

Y mil quinientas noventa y ocho mujeres han sido víctimas de crímenes entre enero de 2002 y octubre de 2005, último mes contabilizado.

"La situación de violencia sigue siendo muy grave. La Organización Mundial de la Salud afirma que una epidemia de violencia comienza cuando hay diez homicidios por cada cien mil habitantes. En Guatemala ya vamos por cuarenta", dijo Morales, quien añadió que el sesenta por ciento de los homicidios tiene como víctimas a menores de treinta años, mientras que los criminales suelen tener menos de esa edad.

El extremo tiene como explicación que la Constitución guatemalteca exime a los menores de responsabilidad penal. Ante ello, se han convertido en la infantería de las bandas del crimen organizado. "La mayor violación que se vive", afirma Morales, "es que nadie encuentra nunca a los culpables".

Una de las causas es la extrema debilidad del aparato de justicia. La corrupción corroe a la policía. Entre enero de 2004 y octubre del año pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido seiscientas cuarenta y dos denuncias contra agentes que extorsionan, violan o asaltan a peatones.

En el mejor de los casos, los culpables son separados del cuerpo. Pero "no basta con que causen baja. Es necesario procesarlos judicialmente", advierte Morales.

Los derechos económicos andan también por la calle de la amargura. En un país de doce millones de habitantes, 6,4 millones (56%) viven en la línea de la pobreza (dos euros al día) y 1,8 millones (16%) sobreviven en condiciones de miseria (un euro o menos al día).

Para Morales, las grandes masas campesinas han sido privadas sistemáticamente del acceso a mercados y servicios que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ello, "son víctimas de un proceso de pauperización que transforma a grandes segmentos de la población rural en pobres crónicos, quienes transmiten a la siguiente generación una cultura de miseria".

Con todo, Morales señala algunos avances en el terreno de las libertades políticas, palpables desde la firma de la paz, en diciembre de 1996.

Denuncia, eso sí, el incumplimiento de los acuerdos que permitieron acallar las armas, calificados como "una agenda consensuada" que permitiría superar las graves desigualdades políticas y sociales del país, por lo que insta al Gobierno para que "asuma con responsabilidad los compromisos adquiridos, para impulsar una nación incluyente, equitativa y justa, que permita el desarrollo humano integral".

El País

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