Amnistía Internacional - 2 de marzo de 2006
Estados Unidos:
inminente ejecución de Patrick Moody
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Está previsto que Patrick Moody sea ejecutado el 17 de marzo. Fue condenado a muerte en 1995 por el asesinato de Donnie Robbins, cometido en septiembre de 1994. El 16 de septiembre de 1994, Moody fue a la casa de Donnie y Wanda Robbins, donde dijo que estaba interesado en comprar el automóvil de Donnie Robbins. Mientras le mostraban el auto en un prado cercano, Moody disparó a Donnie Robbins en la parte trasera de la cabeza. A la mañana siguiente, según los informes, confesó el asesinato y condujo a la policía hasta el arma del crimen. En el juicio, la fiscalía afirmó que Moody y Wanda Robbins, la esposa de Donnie Robbins, con la que Moody mantenía una aventura amorosa, habían planeado juntos matar a Donnie Robbins para reclamar el dinero de su seguro de vida. En el juicio, Moody admitió haber cometido el asesinato, pero negó que lo hubiera hecho por dinero, y dijo que Wanda Robbins lo había coaccionado para que lo cometiera, amenazándolo con entregarlo a la policía en relación con otros delitos diferentes. Wanda Robbins fue condenada a cadena perpetua por su papel en el asesinato. La infancia y adolescencia de Moody se caracterizaron por los abusos y la falta de cuidados. Desde los cuatro o cinco años, lo criaron su padre y su madrastra. En el juicio, su hermanastro declaró que el padre de Moody golpeaba a éste con una tabla cuando era niño, le rompía platos en la cabeza y lo mantenía encerrado en su habitación durante hasta dieciocho horas sin darle de comer. También declaró que Moody se había mudado temporalmente con él a los diecisiete años para escapar de los abusos. Según los informes, Moody también sufrió agresiones físicas y verbales a manos de sus compañeros de escuela. También en el juicio, el doctor Jerry Wayne Noble, psicólogo clínico, testificó para la defensa que Moody le había dicho que de niño lo habían sometido a abusos físicos, y declaró que Moody sufría un "trastorno hiperactivo de déficit de atención, funcionamiento intelectual límite (con unos cocientes intelectuales de entre 74 y 82), dependencia del alcohol, un trastorno de personalidad mixta, síndrome de abuso infantil y problemas físicos derivados de dificultades psicológicas" (actas del tribunal, 12 de mayo de 2005). Los abogados que se encargan actualmente de la defensa de Moody han presentado al gobernador Easley una petición de indulto que incluye los motivos de preocupación antes expuestos y la preocupación por el hecho de que Moody recibió una asistencia letrada ineficaz por parte del abogado que lo defendió en el juicio, del que afirman, entre otras cosas, que no investigó adecuadamente las pruebas y testimonios atenuantes. El 2 de julio de 2004, el gobernador de Indiana, Joseph Kernan, conmutó la condena de muerte de Darnell Williams, cuyo cociente intelectual era similar al de Moody, poco antes del momento previsto para la ejecución (véase la acción urgente del 24 - VI - 2004). El gobernador Kernan señaló la decisión tomada en 2002 por la Corte Suprema de Estados Unidos en "Atkins vs. Virginia", en la que se proscribía el uso de la pena de muerte para las personas con discapacidad intelectual. El gobernador escribió: "A Williams se le ha medido un cociente intelectual de entre 78 y 81, y asistió a clases de educación especial durante toda su escolarización. El 'corte' normal para la discapacidad intelectual es un cociente intelectual de 70-75, y Williams queda por encima de ese nivel. [...] Los tribunales han establecido una norma legal clara, pero sigue siendo problemático situar con seguridad la solemne decisión de la vida o la muerte en unos pocos puntos porcentuales a cada lado de una línea. El estado mental de Williams es un factor a tener en cuenta en el proceso de indulto". INFORMACIÓN GENERAL En Carolina del Norte existe un fuerte movimiento en favor de una suspensión de la pena de muerte, impulsado por la preocupación en torno a la imparcialidad y la fiabilidad de la aplicación de esta pena. Se han aprobado casi mil cien resoluciones que piden una suspensión de las ejecuciones. Estas resoluciones han sido aprobadas por ayuntamientos, empresas privadas, congregaciones eclesiásticas y organizaciones religiosas, partidos políticos y grupos de estudiantes y comunitarios. Muchos periódicos del Estado han publicado editoriales en favor de una suspensión de las ejecuciones. Desde 1977, fecha en que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales, la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido algunas salvaguardias constitucionales para proteger a las personas con deficiencia mental que se enfrenten a la pena de muerte. En 1986, en "Ford vs. Wainwright", la Corte resolvió que la ejecución de personas dementes viola la prohibición, establecida por la Constitución estadounidense, de las "penas crueles e insólitas". Una decisión emitida por la Corte Suprema en 2002 ("Atkins vs. Virginia") prohibía la pena de muerte para personas que sufrieran discapacidad intelectual, considerando que esta discapacidad reduce la culpabilidad personal y hace que resulte difícil justificar la pena de muerte alegando como razones la disuasión y el justo castigo. El 1 de marzo de 2005, citando el "abrumador peso de la opinión internacional" y las "normas morales emergentes", la Corte Suprema, en "Roper vs. Simmons", proscribió finalmente la pena de muerte para delincuentes que fueran menores de dieciocho años en el momento del delito. La opinión mayoritaria de "Roper" citaba la resolución "Atkins": "La pena capital debe limitarse a los delincuentes que cometen una reducida categoría de los delitos más graves y cuya extrema culpabilidad los convierte en los más merecedores de ejecución". Amnistía Internacional no pretende disculpar a los autores de delitos violentos. Sin embargo, se opone a la pena de muerte en todos los casos. Amnistía Internacional cree que existe una profunda incongruencia en eximir de la pena capital a las personas con deficiencia intelectual y mantener expuestas a ella a las personas con enfermedad mental grave. De igual modo, el eximir de la pena de muerte a los menores a causa de su culpabilidad disminuida es incongruente respecto a ejecutar a quienes sufren enfermedad o deficiencia mental grave distinta de la discapacidad. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha pedido reiteradamente a los países que aún mantienen la pena de muerte que no la usen contra personas que sufran un trastorno mental. Enlaces relacionados: |