El 20 de marzo tuvo lugar un aparente atentado contra a vida de Claudia Jeannette Rivas Rosil, maestra y secretaria departamental del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) en el departamento de Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de esta mujer y de su familia, incluidos sus siete hijos.

Hacia las cinco de la tarde del 20 de marzo, cuando Claudia Rivas abandonó una reunión en la localidad de Jutiapa (capital del departamento del mismo nombre), un hombre se le acercó empuñando una pistola, con la aparente intención de disparar contra ella. Claudia Rivas consiguió entrar en el automóvil de un colega, que logró alejarse de allí rápidamente.

Claudia Rivas ha recibido numerosas amenazas de muerte relacionadas, según se cree, con su trabajo como secretaria departamental del STEG y con sus esfuerzos por conseguir que se haga justicia por la muerte de su hermano, Germán Adolfo Rivas Rosil, ex representante departamental del STEG que "desapareció" el 23 de agosto de 2005 y cuyo cadáver se encontró el 23 de enero de 2006.

En su trabajo para el STEG, Claudia Rivas ha denunciado la presunta corrupción en el seno del departamento regional del Ministerio de Educación en Jutiapa. Ha presentado varias denuncias ante las autoridades centrales de educación de la capital, la ciudad de Guatemala, en relación con esa presunta corrupción. Desde que empezó a presentar estas denuncias ha recibido numerosas amenazas de muerte.

El 19 de julio de 2005, Claudia Rivas fue secuestrada por tres hombres tras salir de las dependencias del Ministerio de Educación en la localidad de Jutiapa. La tuvieron retenida varias horas, y durante ese tiempo le advirtieron de que la matarían si no dejaba de trabajar para el STEG. Sus captores también le dijeron que la estaban vigilando.

El 23 de agosto de 2005, su hermano, Germán Adolfo Rivas Rosil, desapareció, al parecer tras haber acordado reunirse con un agente de policía local. Su madre denunció su "desaparición" ante la fiscalía local de la ciudad Jalapa, en el vecino departamento de Jalapa, al día siguiente.

El 24 de septiembre, Claudia Rivas presentó una denuncia ante la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), cuerpo interno de investigaciones de la Policía Nacional Civil, pidiendo que se investigara a los tres agentes a quienes se creía responsables de la "desaparición" de su hermano.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha llevado a cabo ninguna investigación de ese tipo.

Desde que se encontró el cadáver de Germán Rivas a cuatro kilómetros de la ciudad de Jalapa, el 23 de enero de 2006, la campaña emprendida por su familia para llevar ante la justicia a los responsables de su muerte se ha intensificado, y Claudia Rivas ha sido amenazada e intimidada en varias ocasiones.

Se ha visto varias veces a autos patrulla de la policía y a automóviles sin señales distintivas ni placas de matrícula, y con los cristales tintados, delante de su casa. Además, desde que apareció el cadáver de Germán Rivas, Claudia Rivas ha recibido numerosas llamadas telefónicas anónimas, cuyo autor la amenaza diciéndole que, si no deja de ir a Jalapa y preguntar sobre el caso de su hermano, correrá la misma suerte que él. El individuo en cuestión le ha dicho además que la están vigilando y que sabe dónde vive.

El departamento regional del Ministerio de Educación, según los informes, ha tratado de obstaculizar el trabajo de Claudia Rivas en el STEG.

En enero de 2006, Claudia Rivas fue reelegida para ocupar durante dos años uno de los dos puestos de delegado del STEG en el jurado de oposición (la junta local de educación), lo que le ha brindado una plataforma desde la que denunciar la presunta corrupción en el seno del Ministerio. Como miembro del jurado de oposición, Claudia Rivas debería quedar exenta de las tareas de enseñanza. Sin embargo, el Ministerio de Educación la ha obligado a impartir clases en el remoto poblado de Tunas, en el departamento de Jutiapa. Amnistía Internacional teme que Claudia Rivas corra un peligro aún mayor al tener que desplazarse todos los días hasta su lugar de trabajo en Tunas.

Claudia Rivas ha denunciado a la fiscalía de Jutiapa todas las amenazas e intimidaciones que ha sufrido, así como el aparente atentado reciente contra su vida. Sin embargo, que ella sepa, no se ha tomado ninguna medida para identificar a los responsables de las amenazas. El 23 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el Gobierno guatemalteco proporcionara medidas de protección a Claudia Rivas para garantizar su seguridad. No se tiene noticia de que se haya tomado ninguna de estas medidas por el momento.

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