Fue a raíz de una denuncia telefónica a la Procuración Penitenciaria. Entre ellos habría datos de detenidas de la ESMA que dieron a luz en esa cárcel.

Silvana Boschi

Primero fue una llamada anónima a la línea 0800 que tiene la Procuración Penitenciaria. En esa denuncia una persona mencionó que en un cuarto abandonado del hospital de la cárcel de Devoto había documentación sobre cientos de detenidos en los años de la dictadura, y la sospecha de que ese archivo contenía fichas de mujeres que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y dieron a luz en esos años. La denuncia hablaba también de la posible apropiación ilegal de algunos recién nacidos.

Luego de la llamada, la decisión del procurador penitenciario Francisco Mugnolo -una especie de ombudsman de los presos- fue realizar una auditoría al lugar mencionado en la denuncia, para verificar en primer lugar si ese cuarto abandonado existía.

Durante la inspección ocular encontró una pequeña habitación -de 1,50 por 3 metros- con numerosa documentación.

Luego Mugnolo se entrevistó con el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, quien tendría competencia sobre el caso por tratarse presumiblemente de personas que estuvieron detenidas en ese centro clandestino.

Torres ordenó entonces un allanamiento, que se realizó este lunes, y secuestró toda la documentación que encontró en el lugar, la que ahora deberá ser analizada pese al estado de deterioro en que se encuentra.

Entre los papeles secuestrados hay un conjunto de fichas y paquetes de documentación -algunos atados entre sí- con referencias a hombres y mujeres que fueron atendidos en ese hospital, en los años de la dictadura o poco antes del golpe de 1976.

En el operativo, que contó con la total colaboración del servicio penitenciario de la cárcel de Devoto, se pudieron observar, en una primera revisión, algunas referencias a nacimientos producidos en esos años.

Respecto de la denuncia anónima, no hay ningún dato que permita inferir si se trató de un ex miembro del servicio penitenciario, del hospital o de un ex detenido. Pero para la Procuración resulta alentador haber podido verificar la existencia de esos documentos.

Habitualmente, la Procuración Penitenciaria realiza auditorías sorpresivas a las unidades carcelarias, monitoreando las condiciones de detención, funcionamiento y cumplimiento de las normas. También habilitó un sistema telefónico de llamadas gratuitas (0-800-333-9736), que es el número donde se recibió la denuncia.

La primera estimación sobre el allanamiento del lunes habla de algunos centenares de documentos sobre personas que estuvieron detenidas en el penal de Devoto, durante la dictadura, privadas de su libertad en forma ilegítima, o trasladadas desde distintos puntos del país.

Pero también se estima que muchos de estos documentos pueden corresponder a presos que estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), es decir, que estaban "blanqueados" desde el momento de su detención, o que fueron ingresados al sistema penitenciario luego de estar detenidos en un centro clandestino.

Por la gran cantidad de mujeres que aparentemente estuvieron alojadas en ese penal, que es una cárcel de hombres, y por la existencia de muchas detenidas embarazadas, los investigadores consideran que podrían detectarse efectivamente algunos casos de nacimientos en cautiverio.

El juez deberá determinar ahora si hay casos de apropiación ilegal de menores y, de haberse producido ese delito, si la documentación encontrada este lunes sirve para constatar el destino de esos menores.

Otro archivo, en Córdoba

En abril del año pasado, la voz de un hombre en el teléfono le anunció a la abogada María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia, que tenía un material que podía interesarle. Se trataba de dos bolsas negras, con diez mil negativos fotográficos, clasificados con números y fechados en 1976 y 1977. Los negativos muestran miles de personas de frente y de perfil, con un número sobre sus cabezas.

Martínez entregó el material a la Jueza Cristina Garzón de Lascano. La abogada señaló que se trata de "negativos de plano medio de hombres y mujeres jóvenes, y muchas de las chicas estaban embarazadas".

Este hallazgo fue calificado "de gran importancia para continuar con las causas que se siguen contra los detenidos por genocidio y robo de bebés". También confirmaría la hipótesis de las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos, acerca de que los archivos de la Dictadura no fueron destruidos.

Se cree que esas fotos pueden haber sido tomadas en el Cabildo histórico de Córdoba, donde funcionó la temible D2, y desde donde se trasladaba a la gente detenida hasta el campo de concentración de La Perla.

Un represor, a juicio oral

El fiscal federal Federico Delgado dictaminó ayer que el militar retirado Jorge Olivera Rovere está en condiciones de ser juzgado por los crímenes ocurridos durante la última dictadura en jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. Entre los delitos que se le imputan se encuentra el homicidio del dirigente político uruguayo Zelmar Michelini.

De este modo, Delgado le pidió al juez Daniel Rafecas que eleve a juicio la investigación realizada en contra de Olivera Rovere, ex subjefe del Cuerpo I que comandó Guillermo Suárez Mason y jefe de la Subzona Capital Federal, por los delitos ocurridos en su jurisdicción durante la represión ilegal de la guerrilla.

Olivera Rovere está acusado por los homicidios de Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Alem Whitelaw y otros ciento veinte secuestros de personas que en su mayoría permanecen desaparecidas, entre ellas el escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman -hijo del poeta Juan Gelman-, cuyos restos fueron hallados en el cementerio de Virreyes.

Clarín

Enlaces sobre Direitos Humanos