Amnistía Internacional - 18 de mayo de 2006

Estados Unidos: ejecución inminente
de Percy Levar Walton

Está previsto que Percy Levar Walton, que sufre una grave enfermedad mental, sea ejecutado en Virginia el 8 de junio. Fue condenado a muerte en 1997 por el asesinato de una pareja de ancianos blancos, Elizabeth y Jesse Hendrick, de 81 y 80 años, y de un hombre negro de 33 años, Archie Moore, cometido en la localidad de Danville en noviembre de 1996.

En 1999, tres expertos en salud mental concluyeron que Percy Levar Walton sufre esquizofrenia grave, y probablemente sufría esa misma enfermedad mental en el momento del crimen.

Walton, que cuando se cometieron los asesinatos hacía un mes que había cumplido dieciocho años, había mostrado señales de estar desarrollando una enfermedad mental desde los dieciséis.

Tras su detención, durante la reclusión preventiva y durante el juicio manifestó creencias extrañas y un comportamiento inadecuado. En una declaración jurada de 1999, su abogado recordaba cómo Percy Levar Walton "no nos ayudó de forma significativa a preparar una defensa". El abogado recordaba que "no pudimos convencer al Sr. Walton de que no volvería a la vida" si era ejecutado.

Al principio, Walton dijo que quería declararse culpable. Luego, en septiembre de 1997, dijo a su abogado que quería declararse inocente y tener un juicio con jurado porque no era culpable. Días después, volvió a admitir su culpa. A finales de ese mes, cuando le preguntaron si se declaraba culpable o inocente, se negó a hablar, pero respondió escribiendo la palabra "silla" en un trozo de papel. Dijo a su abogado que quería ser ejecutado para "volver a la vida y así poder estar con sus cariñitos".

Ante el tribunal, en octubre de 1997, se declaró culpable de los asesinatos. El juez aceptó su declaración de culpabilidad y, tras una vista de determinación de la pena en la que no se presentó ninguna prueba relativa a la enfermedad mental del acusado, lo condenó a muerte.

Puesto que la enfermedad mental de Percy Levar Walton se ha agravado en prisión (en los historiales de la prisión se le describe como un recluso "cargadamente psicótico" al que aparentemente le importa poco su ejecución inminente), la cuestión principal que se ha planteado es si está legalmente demente y, por lo tanto, no "capacitado" para ser ejecutado.

La ejecución de un preso demente viola la Constitución estadounidense en virtud de la resolución tomada en 1986 por la Corte Suprema en la causa Ford vs. Wainwright. Sin embargo, las protecciones establecidas en la resolución Ford han resultado ser mínimas. Como mínimo absoluto, la resolución establece que el preso debe poder establecer la relación entre su crimen y su castigo.

Sin embargo, ¿qué sucede si esa conexión es sumamente tenue o tiene lugar en un mundo interior delirante y producto de una grave enfermedad mental?

Precisamente, el significado de la resolución Ford sigue causando discrepancia en los tribunales inferiores. Recientes decisiones judiciales sobre el caso de Percy Levar Walton han ilustrado este desacuerdo y han puesto de manifiesto la necesidad de la clemencia del ejecutivo para prevenir la injusticia de matar a un enfermo mental.

En mayo de 2003, un tribunal federal de primera instancia dictó una suspensión de la ejecución para evaluar si Percy Levar Walton estaba capacitado para ser ejecutado, de acuerdo con la resolución Ford. Tras celebrar unas vistas en las que escuchó opiniones profesionales contradictorias sobre la capacidad de Walton para ser ejecutado, el juez lo declaró capacitado según una limitada interpretación de la resolución Ford.

Los abogados de Walton apelaron ante un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, corte federal, alegando que la resolución Ford no sólo establece que el condenado debe comprender que va a ser ejecutado y por qué, sino que requiere que esa comprensión sea tal que el preso pueda prepararse para su muerte.

Dos de los jueces estuvieron de acuerdo. Señalando que la resolución Ford "presenta desafíos" porque no ha definido la demencia ni ha establecido procedimientos para determinar la capacidad de las personas que van a ser ejecutadas, la opinión del tribunal en 2005 manifestó que, como en el caso de Walton, "una persona que sólo puede reconocer, entre un aluvión de respuestas incoherentes, los hechos desnudos de que va a ser ejecutada y que su delito es el motivo de esa ejecución no cumple la norma de capacidad" establecida en virtud de la resolución Ford.

La acusación pidió con éxito una nueva vista delante de los trece jueces de la Corte del Cuarto Circuito. En marzo de 2006, una mayoría de siete jueces concluyó que el tribunal federal de primera instancia había aplicado la norma legal correcta. Los otros seis discreparon, señalando las "pruebas sustanciales que indican que Percy Levar Walton no comprende que su ejecución significará su muerte, definida como el fin de su vida física".

También señalaron que "no cabe duda de que, desde que fue condenado, Walton se ha sumido más y más en la enfermedad mental". La única disputa para la Corte era cómo determinar si Walton estaba capacitado para ser ejecutado en virtud de la resolución Ford.

Está claro que este grupo de jueces federales distó mucho de llegar a un acuerdo sobre cómo resolver esta cuestión. Tal como se decía en la opinión del tribunal del Cuarto Circuito, "no cabe duda de que determinar si una persona está incapacitada para ser ejecutada no es una ciencia exacta". En otras palabras, que se cometerán errores e incoherencias. No hay manera de alegar con confianza que en este caso se ha llegado a algún tipo de precisión.

También existen datos que indican que Percy Levar Walton bordea, como mínimo, el retraso mental, y tiene la edad mental de un niño pequeño. Si los delitos por los que fue condenado a muerte se hubieran cometido cinco semanas antes, Levar Walton habría tenido diecisiete años y su ejecución sería ilegal de acuerdo con el Derecho tanto estadounidense como internacional. Según todas las fuentes consultadas, Percy Levar Walton tiene un desarrollo intelectual inferior al de la mayoría de las personas de dieciocho años.

En 2002, en Atkins vs. Virginia, la Corte Suprema prohibió la pena de muerte para las personas con retraso mental. En esta resolución, la Corte concluyó que la incapacidad de los acusados con este tipo de retraso disminuye su culpabilidad personal y su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos, lo que hace injustificable la pena de muerte como represalia o disuasión.

Amnistía Internacional cree que existe una profunda contradicción en eximir a las personas con retraso mental de la pena de muerte y mantener expuestas a ella a las personas con enfermedad mental grave. A estas últimas se les puede aplicar el mismo argumento de culpabilidad disminuida, mayor vulnerabilidad y capacidad limitada.

Encontrarán más información (incluida información adicional sobre el caso de Percy Levar Walton) en el reciente informe de AI "USA: The execution of mentally ill offenders" (31 - I - 2006).

Virginia ha sido responsable de noventa y cinco de las mil veintitrés ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977.

En 1999, el entonces gobernador de este estado, James Gilmore, conmutó la condena de muerte de Calvin Swann por la esquizofrenia que éste sufría desde el final de su adolescencia. Swann fue juzgado por el mismo juez y el mismo fiscal, y con el mismo abogado defensor, que Percy Levar Walton.

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