Clarín, 1 - VI - 2006
UN FALLO QUE SERVIRÁ DE PRECEDENTE PARA OTROS EX PRESOS POLÍTICOS
Amplían una indemnización para un hermano del "Che"
El ministro Iribarne le reconoció el pago por los cuatro años que estuvo preso por orden judicial
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El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, resolvió que el Estado amplíe una indemnización al hermano menor del guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, por haber estado preso durante ocho años por motivos políticos. En la resolución 739 del 10 de mayo último, el ministro dio por probado que Juan Martín Guevara pasó 2 928 días privado de su libertad, desde el 3 de marzo de 1975, cuando fue detenido en Rosario y militaba en la agrupación política Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS). El más chico de los cinco hermanos Guevara Lynch -actualmente de sesenta y tres años- estuvo encerrado en los penales de Villa Devoto, la unidad 9 de La Plata, Sierra Chica, Rawson, hasta el 10 de marzo de 1983, fecha en la que salió libre, nueve meses antes de la restauración de la democracia. "Los oficiales de Ejército me sometían a simulacros de fusilamiento. Me ponían la pistola en la cabeza y decían: ¡así que vos sos el hermano del Che!, martillaban y la bala no salía", recordó en diálogo con la agencia DyN. En 1994 ya había cobrado una indemnización por los 1 462 días que estuvo disposición del Ejecutivo, desde el 5 de marzo de 1975 -cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón- hasta el 5 de marzo de 1979. Pero reclamó que ese beneficio se ampliara a los 1 466 días de 1979 a 1983. En esa segunda etapa de reclusión, el hermano del "Che" ya no estuvo encerrado a disposición del PEN sino cumpliendo la condena a doce años de prisión que le había impuesto el juez de Rosario Pedro Cáceres, en aplicación de la ley antisubversiva 20.840 del Gobierno de "Isabel". Por eso, ahora el ministro Iribarne consideró que la ley 24.043 establece el resarcimiento económico a todo civil que durante el autodenominado Proceso haya estado privado de su libertad "por acto emanado de autoridad militar". En ámbitos judiciales y de los Derechos Humanos consideran que se trata de un "caso testigo", pues sienta precedentes y permitirá a miles de ex presos políticos de la dictadura militar ampliar sus reclamos indemnizatorios. |