Clarín, 20 - VI - 2006
ACUSADO DE SECUESTRO, TORTURAS Y PRESUMIBLE HOMICIDIO DE SEIS PERSONAS
Primer juicio a un represor
tras la anulación de las leyes del perdón
En el banquillo estará Miguel Etchecolatz, ex mano derecha del fallecido Ramón Camps
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Rodolfo Lara Hoy a las diez, en la Municipalidad de la ciudad de La Plata, comenzará el primer juicio oral contra un represor de la dictadura tras la anulación de las leyes del perdón. En el banquillo de los acusados estará el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Lo juzgarán por seis casos de desaparecidos. El juicio contra Etechecolatz es el primero de una larga lista. La semana próxima será el turno de Julio Simón, más conocido por su apodo de "Turco Julián", en los tribunales federales porteños de Comodoro Py. Tanto Etchecolatz como Simón son ex policías. Pero también en Comodoro Py ya comenzaron a ser elevadas a juicio varias causas que involucran a ex militares que actuaron en los centros clandestinos de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. De este modo, el tema estará en la agenda por varios meses. Se trata de los juicios que no se pudieron hacer a fines de los ochenta por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas en el Gobierno de Raúl Alfonsín. Los juicios llegan justo pocos días después de un polémico acto en memoria de las víctimas de la guerrilla y una dura respuesta del presidente Néstor Kirchner durante la celebración del Día del Ejército, el 29 de mayo. "No les tengo miedo", expresó el Presidente ante los soldados, en referencia a quienes en el acto de Plaza San Martín, cinco días antes, habían reivindicado la represión ilegal. Seis militares retirados fueron sumariados por las afirmaciones que se hicieron en el acto de Plaza San Martín. Etchecolatz, que fue la mano derecha del fallecido general Ramón Camps, jefe de la temible Policía Bonaerense durante el inicio de la dictadura, está acusado por el secuestro, torturas y presumible homicidio de seis personas que permanecen desaparecidas. Se trata de Diana Teruggi, Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado. Además se lo juzgará por el secuestro y torturas de dos ex detenidos-desaparecidos, Nilda Eloy y Jorge López. El juicio oral contra Etchecolatz se desarrollará en el Salón Dorado de la Municipalidad platense y se estima que durará unos tres meses. En ese lapso, al menos, está previsto que declaren ciento treinta y tres testigos, entre los que se destacan dos ex presidentes: Alfonsín y María Estela Martínez de Perón. También está citado el ex presidente provisional Italo Argentino Luder. Los jueces que deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Etchecolatz son los miembros del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo. Etchecolatz cumple todavía una pena por un caso de sustitución de la identidad de un hijo de desaparecidos. El ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense había llegado a ser condenado a veintitrés años de prisión en la causa Camps, pero fue beneficiado por las leyes del perdón. Etchecolatz será defendido por los abogados Adolfo Casabal Elía y Luis Boffi Carri Pérez. Casabal Elía ya lo había defendido en el juicio por la sustitución de la identidad de la hija de la desaparecida Carmen Sanz. El fiscal de este juicio será Carlos Dulau Dum, quien hará lectura de su acusación por la tarde. Luego habrá un cuarto intermedio hasta la noche, cuando está prevista la primera declaración testimonial. Esta será ofrecida por Nilda Eloy, una de las víctimas de la represión ilegal de la guerrilla en la zona de La Plata. Durante el largo juicio, el tribunal realizará inspecciones oculares a las casas de las que fueron secuestradas las víctimas de Etchecolatz, así como también a distintos predios en los que funcionaron los centros clandestinos de detención que estuvieron bajo su órbita en los setenta y ochenta. Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Bonaerense entre marzo de 1976 y fines de 1977. En ese período, la Conadep registró el mayor nivel de detenciones ilegales en la provincia de Buenos Aires. La ONU, contra la desaparición de personas La Argentina, junto con varios países sudamericanos y el apoyo de Francia, se pronunció ayer a favor de la rápida adopción de una convención internacional sobre desaparición forzada de personas. El ámbito fue la inauguración en Ginebra, Suiza, del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un órgano recientemente creado que consta de cuarenta y siete integrantes y del cual la Argentina es miembro pleno. El documento obliga a los países signatarios a prevenir y sancionar penalmente "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales" o grupos vinculados al Estado. Los signatarios se comprometen también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas. En su exposición ante el organismo, el canciller Jorge Taiana instó ayer a que la aprobación de la Convencion sea "el principal logro" de la primera sesión del Consejo. Al describir la experiencia argentina, Taiana recordó que la lucha contra la dictadura fue encabezada por familiares de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, y rindió un homenaje a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, "hoy sinónimo de la lucha contra la impunidad". Las intervenciones destacaron el cambio que se inicia con el Consejo, que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos establecida en 1956. Para Taiana, la Comisión hizo una gran contribución, pero también fue "politizada, ineficaz e inoperante". Enlaces relacionados: |