Amnistía Internacional - 6 de julio de 2006
Estados Unidos:
ejecución inminente de Bobby Glen Wilcher
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Está previsto que Bobby Glen Wilcher sea ejecutado en Mississippi al atardecer del 11 de julio. Fue condenado a muerte en 1984 por el asesinato de Katie Belle Moore y Velma Odell Noblin, muertas a puñaladas en la Reserva Forestal Nacional de Bienville, en el centro de Mississippi, en marzo de 1982. Bobby Wilcher lleva más de dos decenios condenado a muerte. Tenía diecinueve años en el momento del delito. Ahora tiene cuarenta y cuatro. Ha renunciado a sus apelaciones. El abogado de Bobby Wilcher sigue tratando de que los tribunales suspendan la ejecución, alegando que a Wilcher debería realizársele una evaluación mental para determinar si está capacitado para renunciar a sus apelaciones. Bobby Wilcher sufre un trastorno bipolar, una grave enfermedad mental para la que toma medicación en el "corredor de la muerte". Además, tiene un largo historial de problemas psicológicos que incluyen intentos de suicidio. El 14 de junio de 2006, un juez federal concluyó que Wilcher estaba capacitado para renunciar a sus apelación, tras una vista celebrada sin apenas aviso previo y sin que se presentaran testimonios de expertos. A lo largo de los últimos años, las condiciones del "corredor de la muerte" de Mississippi han sido objeto de fuertes críticas, incluidas algunas relativas al impacto psicológico de estas condiciones y a la mala atención de salud mental que se proporciona. En mayo de 2003, un juez federal resolvió que las condiciones en la penitenciaría estatal constituían una ofensa a "los conceptos contemporáneos de moral y dignidad humana y los preceptos de civilización que afirmamos poseer". El juez Jerry Davis concluyó que los presos condenados a muerte eran sometidos a "un profundo aislamiento, un hedor y suciedad intolerables, una exposición constante a excrementos humanos, unas temperaturas y una humedad peligrosamente elevadas, infestaciones de insectos, privación de la asistencia básica de salud mental, y una exposición constante a reclusos gravemente psicóticos en las celdas adyacentes". Entre otras, el juez llegó a las siguientes conclusiones:
En 2004, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos reconoció que "las condiciones de inadecuada asistencia de salud mental [...] constituyen un riesgo de daño grave a la salud mental y física de los presos. Una vez más, la naturaleza evidente y dominante de estas condiciones respalda la [...] conclusión de que los funcionarios [del Departamento de Prisiones de Mississippi] mostraban una indiferencia deliberada hacia estas condiciones". Aunque las autoridades, tras una demanda presentada contra ellas, han mejorado recientemente las condiciones de vida en el "corredor de la muerte", continúa la lucha para conseguir una asistencia médica y de salud mental adecuada. Durante los últimos diez años, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado repetidas resoluciones en las que pide que se ponga fin a la pena de muerte contra personas que sufren alguna forma de trastorno mental. En Estados Unidos, desde 1977, se ha ejecutado a decenas de presos con historiales de enfermedad mental (véase el informe de Amnistía Internacional "USA: The execution of mentally ill offenders"). INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las leyes de pena capital del país tras concluir que la pena de muerte se estaba aplicando de manera arbitraria (Furman vs. Georgia). Cuatro años después, en la causa Gregg vs. Georgia, la Corte examinó las nuevas leyes elaboradas por las cámaras legislativas de los Estados y las aprobó. Las ejecuciones se reanudaron en enero de 1977 tras casi un decenio sin ellas. Desde 1977 se han cometido aproximadamente quinientos mil asesinatos en Estados Unidos. En ese mismo periodo, unas siete mil personas han sido condenado a muerte; de ellas, algo más de mil han sido ejecutadas y unas tres mil trescientas permanecen en el "corredor de la muerte". El sistema de justicia capital de Estados Unidos, cuya intención es seleccionar la ejecución a los "peores de los peores" crímenes y criminales, se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores". Tal como concluyó en 1998 el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, "la raza, el origen étnico y la posición económica parecen ser los principales elementos determinantes de la imposición de esa pena" en Estados Unidos. En junio de 2000 se hicieron públicas las conclusiones de un largo estudio, según el cual las condenas de muerte en Estados Unidos están "persistente y sistemáticamente plagadas de errores" que han requerido un remedio judicial en los tribunales de apelación. Aproximadamente una de cada diez personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 eran "voluntarios", condenados a muerte que renuncian a sus apelaciones y "consienten" en ser ejecutados. Hay diversos factores que pueden llevar a un preso a no seguir adelante con sus apelaciones contra su condena de muerte, como el trastorno mental, las enfermedades físicas, los remordimientos, la bravuconería, las creencias religiosas, la severidad de las condiciones de reclusión (incluidos el aislamiento prolongado y la ausencia de visitas con las que pueda mantener contacto físico), la sombría alternativa de una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo sobre las perspectivas de la apelación, la búsqueda de notoriedad, o simplemente el deseo de conseguir una sensación de control sobre una situación en la que, por lo demás, el preso no tiene ningún poder. Racional o irracional, una decisión tomada por alguien que está amenazado de muerte por otras personas no puede ser "consentida". Es más, no puede ocultar el hecho de que el Estado está llevando a cabo un homicidio premeditado, una violación de Derechos Humanos que es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. Independientemente de que un preso que "pide" ser ejecutado esté engañándose sobre el grado de control que tiene sobre su destino (al fin y al cabo, estos presos se están limitando a ayudar a su Gobierno a hacer lo que éste está decidido a hacer de todas formas), el Estado es culpable de un engaño mucho mayor. Está vendiendo su propia ilusión de control: la ilusión de que, al matar a algunos de los que condena por asesinato, puede ofrecer una contribución constructiva a los esfuerzos por vencer a la delincuencia violenta. En realidad, el Estado está llevando a alturas pulidas y calculadas el mismo acto que pretende condenar: el acto de arrebatar deliberadamente una vida humana. El fenómeno de los presos que se prestan "voluntariamente" a la ejecución es un factor más que contribuye a la lotería de la pena de muerte. Por decirlo de otra forma, dado el índice de error reversible que se da en los casos de pena capital, si los aproximadamente ciento veinte "voluntarios" ejecutados desde 1977 hubieran seguido adelante con sus apelaciones, existe una posibilidad significativa de que los tribunales de apelación hubieran anulado las condenas de muerte de algunos de ellos. Enlaces relacionados: |
Amnistía Internacional - 6 de julio de 2006
Estados Unidos:
ejecución inminente de William "Junior" Downs
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Está previsto que William "Junior" Downs sea ejecutado en Carolina del Sur el 14 de julio de 2006. Fue condenado a muerte en 2002 por la violación y asesinato de Keenan O'Mailia, un niño de seis años. William Downs ha renunciado a apelar contra su declaración de culpabilidad y su condena de muerte. William Downs, que al parecer intentó suicidarse mientras estaba en custodia preventiva, insistió en declararse culpable del asesinato del pequeño. Esto significa que renunció a su derecho a un juicio con jurado. También se negó a permitir que su abogado presentara ningún testimonio o prueba atenuante. Su abogado lo persuadió de que considerara la posibilidad de declararse "culpable pero enfermo mental", diciéndole que con ello podría ayudar a otras personas. Según la ley de Carolina del Sur, un acusado es culpable pero enfermo mental si, en el momento del crimen, podía distinguir el bien del mal pero no podía conformar su conducta a los requisitos establecidos por la ley "a causa de enfermedad o defecto mental". Por increíble que resulte, un acuerdo para declararse culpable de esta manera no excluye la posibilidad de la pena de muerte (véanse las páginas 30-35 del informe de Amnistía Internacional "USA: The execution of mentally ill offenders). El juez que presidió el juicio celebró una vista para determinar si podía aceptarse una declaración de "culpable pero enfermo mental". De los tres médicos que declararon en ella, sólo uno concluyó que William Downs era un enfermo mental según el estatuto aplicado a este respecto por Carolina del Sur. El 21 de junio de 2002, el juez señaló que correspondía al acusado demostrar su alegación de enfermedad mental con pruebas suficientes, pero que dichas pruebas no se habían presentado. El juez entonces aceptó una declaración de culpabilidad sin paliativos, y concluyó que existían una serie de factores atenuantes, como el hecho de que William Downs no tenía un historial significativo de conducta violenta y que su capacidad para apreciar el carácter delictivo de su acto o conformar su conducta a los requisitos establecidos por la ley estaba "seriamente limitada". Pese a ello, el 25 de junio de 2002 lo condenó a muerte. Justo antes de dictarse la sentencia, la madre de la víctima, según los informes, declaró que perdonaba a William Downs. La infancia de William Downs se caracterizó por la pobreza y por los abusos físicos y sexuales. Al parecer, su padre propinaba a los niños brutales palizas con objetos tales como una caña de pescar de fibra de vidrio, cables eléctricos o el mango de un látigo para ganado. Al menos en una ocasión los niños tuvieron que ser llevados al hospital para recibir atención de urgencia. William Downs intentó suicidarse cuando tenía diez años: aquel fue el primero de una serie de intentos. William Downs ha sido declarado capacitado para renunciar a sus apelaciones. Diversos expertos en salud mental han coincidido en que sufre depresión, y han señalado sus numerosos intentos de suicidio. En una vista celebrada para determinar si estaba capacitado para renunciar a sus apelaciones, uno de los médicos declaró que William Downs podría haber sufrido un episodio depresivo severo en el pasado y que había sido infeliz toda su vida. Una psiquiatra forense declaró que no disponía de pruebas suficientes para descartar un diagnóstico de depresión grave, y por lo tanto no podía dar una opinión sobre la capacidad mental de Downs. El juez concluyó que William Downs no tenía deseo de suicidarse, sino que prefería la ejecución a la cadena perpetua, y lo declaró capacitado para renunciar a sus apelaciones. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las leyes de pena capital del país tras concluir que la pena de muerte se estaba aplicando de manera arbitraria (Furman vs. Georgia). Cuatro años después, en la causa Gregg vs. Georgia, la Corte aprobó las nuevas leyes elaboradas por las cámaras legislativas de los estados. Las ejecuciones se reanudaron en enero de 1977 tras casi un decenio sin ellas. Desde 1977 se han cometido aproximadamente quinientos mil asesinatos en Estados Unidos. En ese mismo periodo, unas siete mil personas han sido condenadas a muerte; de ellas, algo más de mil han sido ejecutadas y unas tres mil trescientas permanecen en el "corredor de la muerte". El sistema de justicia capital de Estados Unidos, cuya intención es seleccionar para la ejecución a los "peores de los peores" crímenes y criminales, se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores. Tal como concluyó en 1998 el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, "la raza, el origen étnico y la posición económica parecen ser los principales elementos determinantes de la imposición de esa pena" en Estados Unidos. En el año 2000 se hicieron públicas las conclusiones de un largo estudio, según el cual las condenas de muerte en Estados Unidos están "persistente y sistemáticamente plagadas de errores" que han requerido un remedio judicial en los tribunales de apelación. Aproximadamente una de cada diez personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 eran "voluntarios", condenados a muerte que renuncian a sus apelaciones y "consienten" en ser ejecutados. Hay diversos factores que pueden llevar a un preso a no seguir adelante con sus apelaciones contra su condena de muerte, como el trastorno mental, las enfermedades físicas, los remordimientos, la bravuconería, las creencias religiosas, la severidad de las condiciones de reclusión (incluidos el aislamiento prolongado y la ausencia de visitas con las que pueda mantener contacto físico), la sombría alternativa de una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo sobre las perspectivas de la apelación, la búsqueda de notoriedad, o simplemente el deseo de conseguir una sensación de control sobre una situación en la que, por lo demás, el preso no tiene ningún poder. Racional o irracional, una decisión tomada por alguien que está amenazado de muerte por otras personas no puede ser "consentida". Es más, no puede ocultar el hecho de que el Estado está llevando a cabo un homicidio premeditado, algo que forma parte de la cultura de la violencia, no que es una solución a ella. Independientemente de que un preso que "pide" ser ejecutado esté engañándose sobre el grado de control que tiene sobre su destino (al fin y al cabo, estos presos se están limitando a ayudar a su Gobierno a hacer lo que éste está decidido a hacer de todas formas), el Estado es culpable de un engaño mucho mayor. Está vendiendo su propia ilusión de control: la ilusión de que, al matar a algunos de los que condena por asesinato, puede ofrecer una contribución constructiva a los esfuerzos por vencer a la delincuencia violenta. En realidad, el Estado está llevando a alturas pulidas y calculadas el mismo acto que pretende condenar: el acto de arrebatar deliberadamente una vida humana. Aunque en ocasiones se describen estas ejecuciones como "suicidio con ayuda del Estado", una descripción más exacta sería la de "homicidio con ayuda del preso", ya que, si un preso condenado a muerte trata realmente de suicidarse, el Estado hará todos los esfuerzos por impedirlo. El fenómeno de los presos que se prestan "voluntariamente" a la ejecución es un factor más que contribuye a la lotería de la pena de muerte. Por decirlo de otra forma, dado el índice de error reversible que se da en los casos de pena capital, si los aproximadamente ciento veinte "voluntarios" ejecutados desde 1977 hubieran seguido adelante con sus apelaciones, existe una posibilidad significativa de que los tribunales de apelación hubieran anulado las condenas de muerte de algunos de ellos. Enlaces relacionados: |
Amnistía Internacional - 6 de julio de 2006
Estados Unidos:
ejecución inminente de Rocky Barton
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Está previsto que Rocky Barton sea ejecutado en Ohio el 12 de julio de 2006. Fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa, Kimbirli Barton. Ha renunciado a sus apelaciones contra su declaración de culpabilidad y su condena. Rocky Barton disparó y mató a su esposa Kimbirli Barton el 16 de enero de 2003. Luego se disparó en la cabeza con su escopeta, pero sobrevivió. En su juicio por asesinato, su defensa fue que el homicidio no había sido premeditado. Un jurado rechazó este argumento, y el juicio entró en su fase de determinación de la pena. Rocky Barton se negó a que se presentaran al jurado pruebas o testimonios atenuantes. En lugar de eso, hizo al jurado la siguiente declaración: "Mis abogados me han aconsejado que, en este momento, suplique por mi vida. No puedo hacerlo. Creo firmemente en la pena de muerte. Y para el acto despiadado, a sangre fría, que cometí, si estuviera sentado donde están ustedes defendería la pena de muerte [...] La cadena perpetua sería una carga para todos los ciudadanos de Ohio. Me mantendrían a su costa. No tendría nada de lo que preocuparme. Me alimentarían todos los días, me darían un techo, asistencia médica gratuita, y ustedes lo pagarían todo, yo tendría una vida sin ningún estrés. Eso no es un gran castigo. Castigo sería despertarme cada día y tener una cita con la muerte. Ése es el único castigo para este crimen. Es todo lo que tengo que decir". Al confirmar la condena de muerte en la vista obligatoria de apelación en 2006, la Corte Suprema de Ohio rechazó el argumento de que el juez que presidió el juicio debería haber investigado si Rocky Barton estaba mentalmente capacitado para renunciar a su derecho a presentar testimonios atenuantes. Llegó a esta conclusión al decidir que la declaración de Barton al jurado pidiendo la pena de muerte era un testimonio atenuante. Dos de los jueces de la Corte discreparon. El juez Pfeifer escribió: "Los escritores de ficción más creativos de nuestro país tendrían muchas dificultades para presentar la declaración de Barton como un testimonio que pretende ser atenuante. Sin embargo, la mayoría de este tribunal acepta sin dudar que lo fue". También escribió: "No creo que los hechos de este caso justifiquen la imposición de una condena de muerte. El asesinato que cometió Barton fue atroz, y su culpabilidad es innegable, pero el crimen de Barton no merece la pena de muerte [...] Este caso es un homicidio doméstico cometido en un momento de acaloramiento". El presidente de la Corte, el juez Moyer, escribió: "Resulta difícil imaginar indicios más abrumadores de incapacidad" que el hecho de que un acusado pida ser ejecutado, y acusó a la mayoría de aplicar una "lógica inversa" al interpretar la declaración como atenuante. Añadió: "No sé si Barton estaba capacitado para renunciar a presentar testimonios atenuantes durante la fase procesal de imposición de la pena. No sé si comprende las ramificaciones de su declaración al jurado en la que sugería ser merecedor de la pena de muerte. En las actas que tenemos ante nosotros, nadie puede asegurar que Barton estuviera capacitado cuando instó al jurado a condenarlo a muerte". En una entrevista realizada recientemente, en contraste con su afirmación ante el jurado de que se había tratado de un asesinato "despiadado, a sangre fría", Rocky Barton recordó que los disparos los había realizado sin pensarlo, y que no habían sido "planeados, calculados, diseñados". Según dice, había planeado matarse delante de Kimbirli, pero luego volvió el arma hacia ella: "No sé por qué lo hice. No podría decir qué fue lo que me pasó por la cabeza en aquel momento". Según los informes, a Rocky Barton se le han diagnosticado en el "corredor de la muerte" depresión severa y un trastorno esquizoafectivo, y ha recibido medicación. El 5 de julio de 2006, un juez lo declaró capacitado para renunciar a sus apelaciones, pese a no haber permitido una evaluación psiquiátrica para determinar dicha capacidad. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las leyes de pena capital del país tras concluir que la pena de muerte se estaba aplicando de manera arbitraria (Furman vs. Georgia). Cuatro años después, en la causa Gregg vs. Georgia, la Corte aprobó las nuevas leyes elaboradas por las cámaras legislativas de los Estados. Las ejecuciones se reanudaron en enero de 1977 tras casi un decenio sin ellas. Desde 1977 se han cometido aproximadamente quinientos mil asesinatos en Estados Unidos. En ese mismo periodo, unas siete mil personas han sido condenadas a muerte; de ellas, algo más de mil han sido ejecutadas y unas tres mil trescientas permanecen en el "corredor de la muerte". El sistema de justicia capital de Estados Unidos, cuya intención es seleccionar para la ejecución a los "peores de los peores" crímenes y criminales, se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores. Tal como concluyó en 1998 el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, "la raza, el origen étnico y la posición económica parecen ser los principales elementos determinantes de la imposición de esa pena" en Estados Unidos. En junio de 2000 se hicieron públicas las conclusiones de un largo estudio, según el cual las condenas de muerte en Estados Unidos están "persistente y sistemáticamente plagadas de errores" que han requerido un remedio judicial en los tribunales de apelación. Aproximadamente una de cada diez personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 eran "voluntarios", condenados a muerte que renuncian a sus apelaciones y "consienten" en ser ejecutados. Hay diversos factores que pueden llevar a un preso a no seguir adelante con sus apelaciones contra su condena de muerte, como el trastorno mental, las enfermedades físicas, los remordimientos, la bravuconería, las creencias religiosas, la severidad de las condiciones de reclusión (incluidos el aislamiento prolongado y la ausencia de visitas con las que pueda mantener contacto físico), la sombría alternativa de una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo sobre las perspectivas de la apelación, la búsqueda de notoriedad, o simplemente el deseo de conseguir una sensación de control sobre una situación en la que, por lo demás, el preso no tiene ningún poder. Racional o irracional, una decisión tomada por alguien que está amenazado de muerte por otras personas no puede ser "consentida". Es más, no puede ocultar el hecho de que el Estado está llevando a cabo un homicidio premeditado, algo que forma parte de la cultura de la violencia, no que es una solución a ella. Independientemente de que un preso que "pide" ser ejecutado esté engañándose sobre el grado de control que tiene sobre su destino (al fin y al cabo, estos presos se están limitando a ayudar a su gobierno a hacer lo que éste está decidido a hacer de todas formas), el Estado es culpable de un engaño mucho mayor. Está vendiendo su propia ilusión de control: la ilusión de que, al matar a algunos de los que condena por asesinato, puede ofrecer una contribución constructiva a los esfuerzos por vencer a la delincuencia violenta. En realidad, el Estado está llevando a alturas pulidas y calculadas el mismo acto que pretende condenar: el acto de arrebatar deliberadamente una vida humana. Aunque en ocasiones se describen estas ejecuciones como "suicidio con ayuda del Estado", una descripción más exacta sería la de "homicidio con ayuda del preso", ya que, si un preso condenado a muerte trata realmente de suicidarse, el Estado hará todos los esfuerzos por impedirlo. El fenómeno de los presos que se prestan "voluntariamente" a la ejecución es un factor más que contribuye a la lotería de la pena de muerte. Por decirlo de otra forma, dado el índice de error reversible que se da en los casos de pena capital, si los aproximadamente ciento veinte "voluntarios" ejecutados desde 1977 hubieran seguido adelante con sus apelaciones, existe una posibilidad significativa de que los tribunales de apelación hubieran anulado las condenas de muerte de algunos de ellos. (Véanse también "USA: Blind faith" y "La ilusión de control"). Enlaces relacionados: |