Clarín, 2 - VIII - 2006
UN BENEFICIO QUE HABIA OTORGADO CARLOS MENEM
La Justicia anuló los indultos a cuatro represores uruguayos
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Son tres militares retirados y un ex policía. Actuaban en Automotores Orletti. Lucio Fernández Moores El juez federal, Daniel Rafecas, declaró la inconstitucionalidad del indulto otorgado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem a cuatro represores uruguayos acusados de crímenes en la Argentina durante la última dictadura militar. Se trata de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Hugo Campos Hermida y Manuel Cordero. Los represores, tres de ellos militares retirados y el otro ex policía, habían sido procesados en la década del ochenta pero fueron beneficiados luego con los indultos. Los cuatro están acusados de haber actuado en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Por ese centro clandestino de detención -que funcionó en un garaje del barrio de Floresta, en Venancio Flores 3519- pasaron unas setenta víctimas de la dictadura, gran parte de ellos uruguayos secuestrados en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. Varias de las personas que estuvieron allí secuestradas permanecen desaparecidas, entre ellas el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo. Bajo el mando de la SIDE -que alquiló el local- y del fallecido represor Aníbal Gordon, miembro de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), en Automotores Orletti se colgaba de ganchos a los secuestrados, se les descargaba corriente eléctrica y se les tiraba agua. Gordon exhibía un retrato de Adolf Hitler. La declaración de inconstitucionalidad de este indulto es el paso previo para la imputación de estos represores. Por eso, se espera que, en los próximos días, el juez Rafecas pida la extradición de los cuatro acusados. Dos de ellos, Nino Gavazzo y Silveira ya cuentan con una solicitud de extradición en la causa por el Plan Cóndor, instruida por el juez federal Guillermo Montenegro. Rafecas investiga los crímenes ocurridos en jurisdicción del Cuerpo I de Ejército. En su fallo, al que Clarín tuvo acceso, el magistrado hizo un largo análisis del terrorismo de Estado y de los pasos que llevaron a los indultos, incluidos los alzamientos militares y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El juez llamó a eso "la neutralización de la actividad del Poder Judicial". "Los partidarios del terrorismo de Estado procuraron -no sólo durante los últimos años de poder dictatorial, sino también hasta bien avanzada la restauración democrática que le sobrevino- cancelar toda posibilidad de revisar judicialmente los crímenes cometidos desde el Estado", dijo el juez en su fallo. Y agregó: "A la destrucción de documentos, pactos de silencio, declaraciones negacionistas oficiales y autoamnistías se sumaron actos abiertamente golpistas, de rebeldía contra el orden constitucional y levantamiento armado frente a la Justicia y al poder político de la democracia que condujeron -directamente- al dictado de las leyes de obediencia debida y punto final e -indirectamente- a los indultos firmados los años siguientes". Enlaces relacionados:
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