Amnistía Internacional - 8 de septiembre de 2006

India: ejecución inminente

Amnistía Internacional (AI) ha recibido informes según los cuales un hombre, del que sólo se conoce el nombre de Sanjay, será ejecutado en la horca el 11 o el 12 de septiembre en el estado Uttar Pradesh. El hombre está actualmente en la Cárcel Central de Agra y fue condenado a muerte por violar y asesinar a una niña de cuatro años llamada Babita.

Según informan los medios de comunicación, Sanjay, del poblado de Jalol, en Uttar Pradesh, fue condenado a muerte el 21 de septiembre de 2004 por un tribunal de primera instancia de Bulandshahar, en Uttar Pradesh. Los informes también indican que su condena puede haber sido confirmada por el Tribunal Supremo, pero a AI no le consta que el Supremo haya tomado esta decisión ni que Sanjay haya pedido el indulto al gobernador de Uttar Pradesh ni al presidente de la India.

Según fuentes de AI, Sanjay asistía al matrimonio entre Babita y su tío, Raj Kumari, en febrero de 2004, cuando informó a este último de que se llevaría a Babita al domicilio de la niña, en Jalol. Babita nunca llegó a casa y, según los informes, cuando su familia lo interrogó, Sanjay confesó que la había violado y asesinado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las más altas instancias judiciales de la India han decidido que la pena de muerte sólo puede aplicarse en casos "extremadamente excepcionales". Como esta expresión no se ha definido con más detalle ni hay directrices claras al respecto, queda en gran medida a discreción de cada juez interpretarla a la hora de decidir si imponer la pena capital.

AI se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La pena de muerte es un castigo intrínsecamente injusto y arbitrario, no importa lo atroz que sea el crimen por el que se impone. Estudios realizados en todo el mundo han demostrado que es más probable que se imponga a las personas con menos dinero y formación y a los integrantes de los segmentos marginales de la sociedad.

A pesar de tratarse de un castigo irrevocable, no puede evitarse el riesgo de error en su aplicación.

AI reconoce la necesidad de combatir los delitos violentos, pero no hay ninguna prueba convincente de que la pena de muerte sea más eficaz que otros castigos para disuadir del delito.


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