Clarín, 12 - IX - 2006
CASOS QUE FUERON EXCLUIDOS DE LA LEY DE AMNISTÍA
Por primera vez procesan a militares en Uruguay
por delitos aberrantes
|
Son ocho oficiales del Ejército y de la Policía. Un noveno implicado se suicidó el domingo al ser detenido. Los acusaron por la desaparición de un militante político. Podrían darles 18 años de prisión. Guillermo Pellegrino. MONTEVIDEO. El coronel retirado José Antonio Rodríguez Buratti, uno de los principales acusados por la desaparición y posterior asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, se suicidó el domingo por la noche en Montevideo, luego de que efectivos de Interpol llegaran a su domicilio para detenerlo con el objetivo de asegurarse su presentación -junto a otros ocho oficiales retirados del ejército y la policía- ante el juez penal Luis Charles. Fue a raíz del pedido de procesamiento de la fiscal Mirtha Guianze por los "delitos de privación ilegítima de la libertad agravada" cometidos durante la última dictadura uruguaya (1973-1984). Todo ocurrió horas antes de que ayer, por primera vez en la Historia, la justicia uruguaya procesara a ocho militares y policías por violaciones a los Derechos Humanos. El procesamiento de los militares se debe a la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PV) Adalberto Soba. Su caso, y el otros tres simpatizantes de esa agrupación, también desaparecidos, fueron excluidos por el Gobierno de la Ley de Amnistía, que evitó juzgar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura. Esa legislación, sin embargo, no incluye las desapariciones en el exterior -como es el caso de la muerte de la nuera del poeta Juan Gelman- ni los delitos cometidos con móviles económicos. En Uruguay, la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado estableció en 1986 la imposibilidad jurídica de sancionar los delitos por violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares y policías durante la dictadura de 1973 a 1984. Esta ley fue sometida a plebiscito y confirmada por la mayoría de la ciudadanía en 1989, a menos de un lustro de la salida de la dictadura, corto lapso de tiempo para que, según algunos analistas, mucha gente optara por darle un voto a favor, ante el temor de que, en caso contrario, los militares, disgustados ante esa situación, pudieran pensar en la posibilidad de un nuevo golpe. Amparados entonces en esa ley que nació en el primer Gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), los altos mandos militares (y también los medios) pudieron moverse libremente por todo el territorio uruguayo y, con un sentimiento de impunidad muy "asimilado", viajaron varias veces al exterior sin temor alguno. Es más, a diferencia de la Argentina, estos militares evitaron la condena social (en la calle, en lugares públicos) porque sus rostros eran prácticamente desconocidos. Pero este estado de "tranquilidad" que reinaba en el ámbito castrense, comenzó a cambiar cuando el Gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, desde el inicio de su gestión en marzo de 2005, encaró una estrategia para abrir la investigación sobre las desapariciones en Uruguay, algo que en años anteriores habían intentando, sin suerte, el Frente Amplio y otros actores. De los nueve oficiales retirados a un paso del procesamiento, Rodríguez Buratti (de setenta y cuatro años) era el único que se encontraba en libertad, aunque sabía que era por poco tiempo, ya que también pesaba sobre él un reciente pedido de extradición por parte del magistrado argentino Daniel Rafecas. Los otros oficiales retirados, en tanto, se encuentran detenidos en Cárcel Central (José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Arab, Ricardo Medina y José Sande) y en el hospital Militar (Ernesto Ramas y Luis Maurente). El teniente coronel (r.) Manuel Cordero está en San Pablo (Brasil), ciudad a la que huyó en 2004. Los militares finalmente ayer declararon y se convirtieron en los primeros en ser procesados por violaciones a los Derechos Humanos y desapariciones en Argentina. La sentencia aún no está firme, por lo que resta saber cuántos años deberán pasar en la cárcel y dónde será su reclusión. Algunas versiones indicaban anoche que podrían recibir dieciocho años de prisión. En principio se había dicho que seguirían en cárcel central, aunque ahora parece que el destino podría ser una cárcel especial que está en plena construcción en un predio militar, lo que habla a las claras de una reclusión "más blanda" de la que podría tocarle en la Argentina. Algunos de los militares habían adoptado la estrategia de "admitir responsabilidades" con la intención -según analistas- de no ser extraditados a Argentina y apostar a ser juzgados por la justicia uruguaya, que estimaban sería mucho más "contemplativa", algo que finalmente lograron. Además, desde algunos ámbitos militares, y respecto a las varias solicitudes de extradición de militares y policías acusados de crímenes de lesa Humanidad, se había acusado en varias ocasiones a la justicia argentina porque, según dicen, "no daba a los oficiales uruguayos garantías suficientes para su juzgamiento". En tanto, el general retirado y considerado como unos de los principales referente de la línea dura del ejército uruguayo, Iván Paulós, dijo que la muerte de Rodríguez Buratti fue "la primera baja de combate de esta guerra psicopolítica de la cual fue víctima". "Espérenme aquí (en la puerta), que voy a comunicarme con mi abogado y vuelvo enseguida", le dijo el militar a los funcionarios de Interpol que concurrieron a detenerlo. Nunca regresó. Había ido, en realidad, al garaje de su casa en busca del revólver que siempre llevaba en su auto, con el que se disparó un tiro en la sien. Aún con vida, el coronel retirado José Rodríguez Buratti, fue llevado al hospital militar, donde murió cerca de las veintiuna del domingo. Estaba a punto de ser procesado. Según fuentes cercanas al militar, éste había advertido a su entorno de su intención. Y se dice también que llegó a avisarle a su abogado, quien intentó, desde el otro lado de la línea, que deponga su actitud. El hecho fue ampliamente cubierto por los principales medios uruguayos, aunque el título que más comentarios generó fue el del matutino La Diaria, que en su portada publicó una cita de Mario Benedetti: "Un torturador no se redime suicidándose. Pero algo es algo". Rodríguez Buratti había prestado declaración ante el juez Luis Charles y la fiscal Guianze el pasado martes 22 agosto por el caso de dos militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrados en Buenos Aires y llevados al centro clandestino de detención automotores Orletti, en Floresta. En esa oportunidad, el militar -que a comienzos de la dictadura era el Jefe del departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID)- negó toda responsabilidad en la desaparición de esos dirigentes y subrayó que, durante la dictadura, "su actividad se limitó exclusivamente a tareas administrativas". Sin embargo existen varios testimonios que lo señalan como uno de los oficiales importantes en "la banda de Orletti", que además de la lucha antisubversiva tenía como objetivo los varios millones de dólares que miembros del PVP habían logrado amasar como producto de varios secuestros extorsivos concretados durante los años duros. Y se dice, además, que fue este militar quien sacó a María Claudia García de Gelman (y a su hija) del edificio del SID, donde fue vista por última vez, para llevarla al lugar en el que luego la ejecutaron. El presidente del Centro Militar, Luis Pírez, dijo que el suicidio del coronel retirado fue "la consecuencia de un linchamiento público". Y el presidente Tabaré Vázquez le contestó: "En el programa del Frente Amplio se habla de Verdad y Justicia y no de Verdad y Venganza", en referencia al suicidio del militar retirado. Enlaces relacionados:
|
La Jornada - Martes 12 de septiembre de 2006
Cae el muro de impunidad: abogada de querellantes
Ocho ex represores uruguayos
enfrentarán proceso desde prisión
|
AFP Montevideo, 11 de septiembre. El juez uruguayo Luis Charles procesó hoy con prisión, por primera vez en la Historia del país, a ocho ex militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), informaron fuentes judiciales. Los históricos procesamientos para los ocho ex militares y policía fueron dictados por los delitos de "privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración" y por "asociación para delinquir", por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, dijo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. La fiscal Mirtha Guianze solicitó el 29 de agosto el procesamiento de los ex efectivos de la dictadura por las desapariciones de Soba y de los también militantes del PVP Alberto Mechoso, León Durarte y Gerardo Gatti; así como la del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención argentino Automotores Orletti. Estas desapariciones fueron excluidas por el Gobierno uruguayo de la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura, pero que no incluye las desapariciones en el exterior ni los delitos con móviles económicos. Charles "entendió que sus facultades estaban limitadas a ese caso en concreto, en virtud de la resolución del Poder Ejecutivo", señaló Oxandabarat, en referencia a que el juez consideró que sólo la desaparición de Soba estaba excluida de la Ley de Caducidad. Los procesados -que se retiraron esposados del juzgado y bajo una lluvia de huevazos lanzados por militantes de las organizaciones Plenaria Memoria y Justicia, e Hijos- son los ex militares José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande. Podrían enfrentar una pena de hasta dieciocho años de cárcel, y se espera que la defensa presente una apelación. El coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, que debía presentarse hoy con los ocho procesados ante Charles, se suicidó anoche de un tiro en la cabeza en el estacionamiento del edificio de apartamentos donde residía, momentos antes de ser detenido. Fue trasladado al Hospital Militar, donde murió poco después de las veintiuna horas. La abogada Hebe Martínez Burlé, que defiende a familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, dijo a la prensa en la puerta del juzgado, llorando, que "hoy sí empieza el derrumbe del muro de la impunidad en este país, de recuperación de la dignidad de la justicia". No obstante, dijo esperar "que también caigan los verdaderos responsables, porque en definitiva los que hoy fueron presos fueron los ejecutores" y "todavía quedan pendientes aquellos quienes dieron las órdenes". "Creo que es un día francamente emblemático, porque hace treinta y tres años se estaba muriendo (el ex presidente socialista chileno) Salvador Allende en manos de la dictadura", al recordar el aniversario del golpe de Estado en Chile. Gavazzo, Vázquez, Silveira, Arab, Ramas y Medina ya se encontraban en prisión preventiva en el contexto de un pedido de extradición de Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras de la región en los años setenta. El juez Juan Carlos Fernández Lecchini aún debe pronunciarse por los pedidos de extradición, pero en caso de darles lugar, habrá que esperar a que culmine el proceso y la eventual condena antes de enviarlos a Argentina. |