Amnistía Internacional - 6 de noviembre de 2006
Argentina: campaña de intimidación
a defensores de los Derechos Humanos
Las personas citadas en el encabezamiento han sido amenazadas e intimidadas por individuos no identificados, aparentemente en relación con sus esfuerzos por lograr justicia para quienes murieron, "desaparecieron" o sufrieron abusos contra los Derechos Humanos mientras el país estuvo bajo el Gobierno militar, entre 1976 y 1983. Se han recibido informes de intimidación y acoso desde la aparente "desaparición" de Jorge Julio López, que testificó contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de Buenos Aires. Miguel Etchecolatz fue condenado recientemente a cadena perpetua por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante el Gobierno militar. A Jorge Julio López no se le ha vuelto a ver desde el 17 de septiembre. El 25 de septiembre se entregaron unos folletos en las instalaciones de la organización no gubernamental Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. En esas instalaciones tienen sus oficinas varias organizaciones no gubernamentales. Los folletos decían: "Terrorista Jorge Julio López, Desaparecido 30.001, ¿Quién será el 30.002?". Las organizaciones argentinas de Derechos Humanos afirman que treinta mil personas "desaparecieron" durante los años de Gobierno militar. El 28 de septiembre, un individuo no identificado telefoneó a la Universidad Nacional de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, advirtiendo de que se había colocado allí una bomba. Más tarde se comprobó que la amenaza era falsa. Se cree que está relacionada con la ex presa política y coordinadora regional del MEDH Milagros Demiryi, que trabaja en la universidad y que es testigo en el juicio contra individuos implicados en violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el Gobierno militar. Al día siguiente de la amenaza de bomba, Argentina Sabaj de Castro, suegra de Milagros Demiryi, de 77 años de edad y que vive sola en la ciudad de Santa Fe, recibió una serie de amenazas telefónicas anónimas que continuaron durante cuatro días. El autor de las llamadas, un hombre no identificado, le dijo que iba a tener "un accidente" y puso música fúnebre en el teléfono. Estas llamadas se han denunciado a las autoridades provinciales. El 11 de octubre, en dos incidentes distintos, Margarita Alegre de Papetti, de 80 años, y Graciela Margarita Zalasar recibieron amenazas de muerte telefónicas anónimas en sus casas de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Estas mujeres son, respectivamente, madre y hermana de personas que "desaparecieron" durante el periodo de Gobierno militar, y el día de las amenazas se habían hecho los análisis de sangre que se requieren para ayudar a las autoridades a identificar los restos de las víctimas de "desaparición". Han denunciado las amenazas de muerte a las autoridades. El 14 de octubre se pintaron mensajes amenazadores en la puerta de la casa de Carlos Razzeti, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Carlos Razzeti fue víctima de "desaparición" Su padre, Constantino Razzeti, dirigente político, fue asesinado en octubre de 1973, y Carlos Razzeti está tratando de que se reabra el proceso judicial sobre su muerte. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Se teme que la actual oleada de amenazas e intimidaciones contra las personas que buscan justicia por las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el periodo de Gobierno militar pueda poner en peligro las causas judiciales que se están iniciando contra los presuntos responsables de estas violaciones. Entre quienes han recibido amenazas se encuentran personas que han desempeñado un papel público en los procedimientos judiciales entablados contra ex miembros de las fuerzas de seguridad argentinas, y también personas que han participado en actos públicos para pedir justicia. Se han iniciado en todo el país varios juicios desde que, en junio de 2005, se declararon nulas la Ley de Punto Final de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987, que concedieron inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad. Desde la vuelta al Gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que "desaparecieron" mientras el país estuvo bajo el Gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas "desapariciones" han sufrido amenazas, acoso y agresiones. Miles de personas "desaparecieron" en Argentina durante los años de Gobierno militar. Enlaces relacionados:
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