El País, 3 - I - 2007
El Gobierno descarta prohibir en España
la producción de bombas de racimo
|
M. G. Madrid. El Gobierno "no considera conveniente" prohibir la fabricación de los dos modelos de bombas de racimo (cluster bombs) que se producen en España, según sendas respuestas parlamentarias a los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Joan Herrera, de Izquierda Unida-ICV, fechadas el pasado 28 de noviembre. Las bombas de racimo son proyectiles que dispersan una gran cantidad de bombetas, que convierten el área afectada en un campo de minas. Por su tamaño y forma pueden confundirse con piedras y en este momento constituyen el mayor riesgo para los "cascos azules" y la población civil en el sur de Líbano, donde Israel arrojó más de cien mil al final de la guerra. Al menos veintiocho libaneses han muerto por la explosión de estos artefactos desde el alto el fuego del 14 de agosto. El pasado día 29 resultaron afectados, por vez primera, dos miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL o UNIFIL), de la que forman parte mil cien soldados españoles. En concreto, dos "cascos azules" belgas sufrieron heridas por la explosión de bombas de racimo en la localidad de Majdel Selm, según fuentes de la ONU. En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno afirma que "en España se fabrican actualmente dos modelos de bombas dispensadoras de submuniciones", que "disponen de sistemas de seguridad que inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto período de tiempo". El Gobierno estima que "las municiones de ese tipo fabricadas por España y de dotación en sus Fuerzas Armadas cumplen con los requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización" y que "las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas", por lo que "no se considera conveniente la prohibición de su fabricación". Según un informe de Greenpeace ("Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para su prohibición"), las Fuerzas Armadas española disponen de tres bombas de este tipo: la CBU-100B (Rockeye), la antipista BME- 330 y la granada de mortero MAT-120. La primera es importada de EE UU y las dos últimas, de fabricación española. Las empresas fabricantes, según el mismo informe, serían Explosivos Alaveses, Instalaza, SA, Santa Bárbara e Internacional Tecnology, SA. "España es uno de los países que poseen y fabrican bombas de racimo. Varias empresas españolas las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a quiénes las vende", sostiene Greenpeace. En julio pasado, el Ejército de Tierra adquirió 500 granadas MAT-120 de Instalaza, cada una con 21 submuniciones, por 1,4 millones de euros. Además, Defensa admitió en junio de 2005 que las Fuerzas Armadas poseen "un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y antipista". Durante la conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra (Suiza) del 6 al 17 de noviembre, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se tomaran medidas para atajar los efectos de las bombas de racimo sobre la población civil. "Hechos recientes muestran la atrocidad y los efectos inhumanos de estas armas", dijo Annan, en alusión a Líbano. Por su parte, el coordinador de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, Jan Egeland, pidió que se congele el uso de las bombas de racimo. "Mientras no exista una prohibición efectiva, esas armas seguirán afectando de manera desproporcionada a los civiles, mutilando a mujeres, niños y otros grupos vulnerables", advirtió. En las respuestas parlamentarias ya citadas, el Gobierno se muestra favorable a establecer "un grupo de trabajo para tratar en profundidad el impacto humanitario de las municiones de racimo", así como a negociar un tratado "que regule los aspectos humanitarios suscitados por su utilización". Enlaces relacionados: |
Iniciativa per Catalunya - Verds, 3 - I - 2007
Joan Herrera pide al Gobierno central
que cambie de actitud en la ley sobre venta de armas
y acepte las enmiendas de ICV que recogen las peticiones de las ONGs
|
El diputado y portavoz de ICV al Congreso critica que el ejecutivo central haya consultado la ley sobre el control del comercio exterior de armas sólo con la industria armamentística y no haya hecho llegar el anteproyecto a las ONGs, que piden más transparencia en la venta de armas. El diputado y portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ha criticado hoy que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sólo haya consultado a la industria armamentística por el anteproyecto de ley sobre venta de armas y no haya hecho llegar el texto a las ONGs para conocer su opinión. En este sentido, Herrera, ha pedido al gobierno central que acepte las enmiendas de IU-ICV, que recogen las peticiones de las ONGs y siguen los criterios establecidos por el Código de Conducta para la exportación de armas de la UE. Herrera ha anunciado que presentará una batería de preguntas al Congreso para saber porqué no ha informado a las ONGs sobre el anteproyecto. El diputado de ICV considera que con esta actitud "el Gobierno está fallando a las bases sociales, no se puede sólo consultar a los fabricantes, porque evidentemente sus intereses no coinciden con las de las ONGs, ni con las demandas del conjunto de la sociedad". El diputado de ICV ha denunciado también que el Gobierno central "no haga leyes que contemplen el contenido del Código de Conducta de exportación de armas aprobado por el Parlamento Europeo de la UE ". Bombas de racimo Por otro lado, Herrera ha calificado de "lamentable" que el Gobierno central haya descartado prohibir la producción de bombas de racimo en España, según una respuesta a una pregunta de este diputado, y ha criticado que el ejecutivo no haya contestado sobre el volumen de exportaciones de este armamento. En la nueva batería de preguntas IU-ICV pide otra vez más datos sobre la exportación de este armamento y cuál es la opinión del gobierno sobre el informe de Greenpeace del 2006 "Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para su prohibición". El diputado de ICV ha destacado que este tipo de armamento "es el culpable de la muerte de casi una treintena de libaneses desde el alto el fuego del 14 de agosto", y según informaciones publicadas hoy, las bombas de racimo son uno de los mayores riesgos para los cascos azules desplazados al sur del Líbano y la población civil local. Herrera también ha explicado que España todavía no ha ratificado el Protocolo V sobre restos de explosivos de guerra de la Convención de 1980 sobre armas convencionales, que establece que las partes de un conflicto se tienen que encargar de sacar los restos de explosivos y que se tienen que adoptar medidas para proteger a los civiles de los efectos de armas como las bombas de racimo. En este sentido, IU-ICV había preguntado al gobierno si se preveía la aprobación de proyectos de ley como el que se está desarrollando en Bélgica, país que ha ratificado el Protocolo V, de cara a prohibir la producción, el almacenamiento, la posesión y la comercialización de bombas de fragmentación, pero el ejecutivo no ha respondido. |