Los recientes asesinatos y amenazas contra representantes de víctimas en el proceso de desmovilización paramilitar afectan la credibilidad de ese proceso, ha dicho hoy Human Rights Watch (HRW). Fiscalía y Gobierno deben proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.

Ayer, tras recibir varias amenazas, fue asesinada Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda en el departamento de Córdoba, y representante de centenares de víctimas de ese departamento en las audiencias de confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En días anteriores, también fue asesinado Freddy Abel Espitia, otro representante de poblaciones desplazadas de Córdoba. Y hace dos semanas, fue incendiada la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco, del departamento de Bolívar.

"Estos asesinatos son hechos criminales de la mayor gravedad, que además tienen un impacto intimidatorio muy fuerte en quienes han confiado en los procedimientos establecidos por el Gobierno para su participación en el proceso de desmovilización", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Estas muertes claramente están dirigidas a silenciar a las víctimas y testigos y evitar que se conozca la verdad".

HRW señaló que es de la mayor urgencia que el Dr. Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación, destine recursos adecuados a la pronta y plena investigación de estos casos y a la protección efectiva de víctimas y testigos.

La organización internacional también hizo un llamado al Presidente Uribe a comprometerse ante la opinión pública nacional e internacional a retirar cualquier tipo de beneficios a grupos y líderes paramilitares que puedan tener algún grado de responsabilidad por estos hechos atroces.

"Estas muertes ponen en tela de juicio la credibilidad de todo el proceso de desmovilización paramilitar", dijo Vivanco. "Es por lo tanto fundamental que se establezcan responsabilidades y se haga justicia pronto".

Human Rights Watch

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