El Mundo - Domingo, 15 de abril de 2007

Zapatero define como "caladeros marroquíes"
a las aguas del Sahara

Por dos veces utilizó esa expresión en un mitin en Tenerife para referirse al acuerdo pesquero que incluye el banco sahariano. Una persona fue expulsada por acusarle de "vender el Sahara" y 50 más protestaron junto al recinto.

MANUEL SANCHEZ (enviado especial). Tenerife.

El presidente del Gobierno calificó ayer genéricamente como marroquíes los caladeros donde van a pescar los barcos gaditanos y canarios, aunque una parte de ellos pertenece al Sahara Occidental. Esto provocó, entre otras cosas, que el gran anuncio que venía a publicitar a Canarias José Luis Rodríguez Zapatero, relativo a que 37 barcos de las islas podrán volver a faenar "en los caladeros marroquíes" -sin especificar, en dos ocasiones, que algunos están en aguas saharauis- se le volviese en su contra, al encontrarse una protesta, pequeña pero muy organizada, en favor de los derechos del pueblo de la ex colonia española.

El incidente se produjo durante su intervención en Santa Cruz de Tenerife, para clausurar la Convención Autonómica del PSOE, cuando el presidente relataba los compromisos cumplidos con Canarias.

En un momento de su intervención, Zapatero afirmó: "Y también se han conseguido cosas que no hemos comprometido, pero que ponen en evidencia nuestra política exterior. Esta semana hemos visto cómo salían barcos de pesca desde Cádiz y poner rumbo a los caladeros marroquíes...".

"¡Para vender el Sahara!", se oyó claro y nítido en la sala donde se celebraba el acto.

Entonces, todas las miradas se dirigieron a un señor corpulento, sentado en una de las escaleras centrales, donde había desplegado una bandera saharaui. Se trataba del vicepresidente de la Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui, Alberto Negrín.

A Zapatero se le vio apurado, pero siguió el discurso: "Sí, y 37 barcos canarios también van a poder salir a pescar lo que representan los caladeros de Marruecos", insistió, mientras que el autor de la protesta era sacado del recinto a pulso por cuatro miembros del equipo de seguridad, reclamando que las aguas a las que se había referido Zapatero eran saharauis y no marroquíes. Negrín fue trasladado a dependencias policiales.

Más relajado ya, Zapatero siguió con su discurso promarroquí: "Esto es fruto de haber pasado de una posición de enfrentamiento, a una posición de cooperación con nuestros vecinos. Y es una garantía para lo que representan los intereses de nuestro país, hacer una política exterior de cooperación con todos, con Marruecos y con Argelia".

A la salida, la protesta continuaba en la calle. Medio centenar de personas, con banderas del Sahara, no se cansaban de gritar: "¡Zapatero, el Sahara no se vende!".

Desde el Partido Popular, Gustavo de Arístegui criticó la "cesión constante" del Gobierno español respecto al apoyo concedido a Marruecos en relación a la propuesta de autonomía presentada por Rabat en relación al Sahara Occidental. "Estamos viendo cómo este Gobierno no sólo deja de defender los intereses de España, sino también cómo Zapatero ha debilitado la presencia internacional del país en un acto de aquiescencia", criticó De Arístegui en declaraciones a Europa Press.

En esta misma línea, aseguró no entender la posición del Gobierno español en materia de política exterior, caracterizada por su "falta de transparencia". "No cabe duda de que tenemos que llevarnos bien con nuestros amigos marroquíes, pero la defensa de los intereses de España no va a perjudicar nuestra relación, sino al contrario", aseguró.

En el resto de su intervención, Zapatero incidió en su idea de España y dio la vuelta, como si de un calcetín se tratara, al eterno debate entre PSOE y PP sobre el modelo territorial, al afirmar que sólo su partido tiene "un proyecto y una visión común de España, mientras que el PP, como se ha visto en los estatutos, dice una cosa en cada sitio; aquí sí, aquí no". Para Zapatero, esta concepción del modelo territorial es un motivo para votar al PSOE, pero dio más: "Lo más decisivo de las próximas elecciones es quién gestiona las leyes sociales. Y más importante de cuántas alcaldías va a tener un partido u otro, la clave está en que hay cuatro años para desarrollar estos proyectos, como la Ley de la Dependencia, y su gestión la desarrollará mejor un Gobierno socialista".

Luego habló de la reforma en RTVE, de la Ley de Publicidad, no olvidó recordar los buenos datos económicos y, en especial, aleccionó a sus candidatos sobre cómo hacer la campaña: "Sin insultar y sin descalificar". De hecho, él dio ejemplo al no decir una sola palabra del 11-M -pese a la ofensiva de su partido esta semana- y al pasar de puntillas por el escándalo de Melilla con la supuesta falsificación de votos: "Espero que las elecciones sean plenamente democráticas y limpias, y que nadie intente usar métodos fraudulentos", se limitó a decir.

Eso sí, ocupó una buena parte de su interminable discurso -de 45 minutos- en justificar su Gobierno y su forma de gobernar. Y, lógicamente, se deshizo en elogios hacia el candidato de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, de quien dijo que "va a barrer toda la corrupción y a todo aquel que use el cargo público en beneficio privado".

Un acuerdo de dudosa legalidad

FELIPE SAHAGÚN

Con su reconocimiento, como algo normal o ya sabido, de que las aguas marroquíes en las que desde este mes pueden faenar de nuevo setenta barcos españoles incluyen el banco de pesca sahariano, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, confirma lo que ya era oficial desde la firma, el 28 de julio de 2005, del nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

El acuerdo no fue ratificado hasta el 22 de mayo de 2006 y no ha entrado en vigor hasta que el rey Mohamed VI estampó su nombre en él en febrero de este año, por lo que los primeros barcos empezaron a faenar en aguas marroquíes la semana pasada a cambio de una compensación económica de la UE a Marruecos de 144,4 millones de euros durante cuatro años.

Al incluir las aguas del Sahara al sur del paralelo 27º40' como aguas marroquíes, la UE (y España con ella) dio por buena el año pasado la posición oficial de Marruecos como potencia administradora desde su ocupación militar del Sahara Occidental en 1975 sobre la explotación de sus recursos pesqueros, en contra de la política mantenida hasta 2005 por todos los Gobiernos de la España democrática.

La ONU, desde su resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962, defiende el principio de la "soberanía permanente sobre los recursos naturales", entendido como el derecho de los pueblos y de las naciones a usar sus recursos naturales en sus territorios y a disponer de ellos en interés de su desarrollo y bienestar nacionales.

La doctrina contra la política de hechos consumados en aguas saharauis viene avalada por los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, resoluciones posteriores de la Asamblea General, el artículo 73 de la Carta de la ONU sobre la administración de territorios no autónomos y, sobre todo, el dictamen del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell (2002), en el que se afirma que Marruecos no tiene soberanía ni es potencia administradora del Sahara, por lo que no puede explotar sus riquezas naturales ni otorgar licencias a terceros, como la UE, para que las exploten.

Con una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados y unas condiciones climáticas muy favorables, el banco saharaui, según el Frente Polisario, es uno de los más importantes de África, pudiendo producir más de diez toneladas por kilómetro cuadrado. Asegura el Polisario que, ya en 2002, estas aguas aportaban a Marruecos, que las viene explotando desde hace treinta años, unos dos mil millones de dólares anuales.

El problema con la doctrina dominante de la ONU sobre la explotación de los recursos saharauis es que algunas potencias, como Francia y Estados Unidos, dejaron de respetarla hace años y firmaron acuerdos para pesca y, sobre todo, prospecciones de petróleo y gas en la zona con concesiones ilegales en tanto en cuanto la ONU seguía considerando a Marruecos potencia ocupante y no potencia administradora.

Esta posición empezó a cambiar con un informe del secretario general Kofi Annan en el año 2000 y, posteriormente, con los planes del mediador James Baker; pero España, hasta la llegada del Gobierno de Zapatero a La Moncloa, había negado a Marruecos la condición de potencia administradora, la única que le faculta -siempre con condiciones- para firmar tratados o acuerdos internacionales que afecten al territorio.

Marruecos y sus amigos tradicionales han aprovechado desde el primer día un viejo conflicto entre internacionalistas sobre si el principio de "la soberanía permanente" prohíbe toda actividad relacionada con los recursos naturales que pueda emprender la potencia administradora en un territorio no autónomo o únicamente las actividades emprendidas sin tener en cuenta las necesidades, intereses y provecho del pueblo de ese territorio.

Obviamente, Marruecos entiende, además de que el Sahara le pertenece, que todo lo que hace favorece a los saharauis.

Según la resolución III del Convenio Internacional sobre Derecho del Mar de 1982, "en el caso de un territorio cuyo pueblo no haya alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonomía reconocido por las Naciones Unidas, o de un territorio bajo dominación colonial, las disposiciones concernientes a derechos e intereses (...) se aplicarán en beneficio del pueblo del territorio con miras a proveer a su bienestar y desarrollo". ¿En qué medida se beneficia la mayor parte de los saharauis, que malviven en Tinduf (Argelia), de acuerdos como el que avaló ayer Rodríguez Zapatero?

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