Amnistía Internacional / Médicos del Mundo, 17 - V - 2007
AI, CEAR y Médicos del Mundo denuncian
el "limbo legal" en el que están las 23 personas del Marine I
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El 31 de enero el buque Marine I lanzó un S.O.S, al que respondió el servicio de salvamento marítimo español. Durante una semana se mantuvo fondeado al buque con 369 personas a bordo, mientras España negociaba con Mauritania un posible desembarco. Finalmente Mauritania accedió al desembarco en Nouadhibou, únicamente por cuatro horas y para su repatriación inmediata. Tres meses después las 23 personas que se negaron a firmar su repatriación voluntaria siguen allí, recluidas por las autoridades españolas en un hangar de pescado, durmiendo en el suelo y sin haber salido al exterior. Nadie les ha informado sobre sus derechos ni qué ley les ampara. Tampoco se les ha facilitado el acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías a pesar de que todos han mostrado temor por sus vidas en caso de volver a su país de origen. En estas duras condiciones y con la incertidumbre sobre el futuro, su salud mental se está viendo afectada, en algunos casos seriamente, según Médicos del Mundo, que les asiste desde el primer día. Amnistía Internacional (AI), Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han decidido emprender acciones de denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado y no descartan asimismo denuncias ante el Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Derechos Humanos. Todas ellas, en respuesta a la situación de las veintitrés personas que después de tres meses siguen detenidas en Nuadibú, Mauritania, por autoridades españolas que están actuando fuera de nuestro territorio nacional y, sin embargo, no están aplicando la legislación española. A estas veintitrés personas, que se han negado a regresar a su país por fundados temores de riesgo para sus vidas, se les siguen negando los derechos que recoge nuestra legislación. Ninguna autoridad judicial ha controlado el proceso, no han sido informados de los motivos de la detención ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de "limbo legal". Por otro lado, no han podido tener acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías. Además, las organizaciones expresan su preocupación ante el endurecimiento de las condiciones de acogida como medio de persuasión para que acepten el retorno a sus países. "Las tres organizaciones transmitimos al Gobierno español nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses. No se sabe en base a qué normativa se les ha internado ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan", explica Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI. "Desde CEAR hemos interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de las veintitrés personas ya que se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo, no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos", manifiesta Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de CEAR. Evaluación psiquiátrica Según la evaluación psiquiátrica que ha realizado Médicos del Mundo el periodo de detención les habría ocasionado un daño mental que podría agravarse de prolongarse su detención. De dicho análisis se concluye que, de perdurar la situación actual, podrían aparecer conductas agresivas para el entorno o para sí mismos. "Después de noventa y cuatro días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresiones, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida", afirma Pau Pérez, médico-psiquiatra de Médicos del Mundo. "En este sentido le hemos trasladado a las autoridades españolas en Nuadibú que, de persistir la situación actual, podrían poner en riesgo sus propias vidas". Amnistía Internacional, CEAR y Médicos del Mundo coinciden en señalar que se han producido graves deficiencias en el proceso de identificación de las veintitrés personas y solicitan al Gobierno que explique bajo qué ordenamiento jurídico están detenidas estas personas, si han recibido asistencia letrada e información sobre sus derechos y con qué garantías y en base a qué resolución judicial permanecen detenidas desde hace más de tres meses. Todo ello lleva a estas tres ONG a solicitar al Gobierno que:
Se puede enviar un mensaje al presidente del Gobierno español desde esta página de AI: "Tres meses sin ver el sol" |