ABC - Martes, 21 de marzo de 2006
Decenas de investigadores del CSIC
abren un frente judicial contra Educación y Ciencia
Se trata de investigadores de prestigio internacional, contratados mediante el plan "Ramón y Cajal", a los que se vinculó al CSIC por un contrato de prácticas
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JORGE SÁINZ MADRID. Decenas de investigadores que desempeñan su labor profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han anunciado a ABC que van a presentar "en los próximos días sendas demandas contra el propio CSIC, por fraude de ley en nuestra contratación, y contra el secretario general de Investigación y Universidades, Salvador Ordóñez, por no velar por el cumplimiento de la normativa laboral". Se trata de científicos de primera línea internacional que forman parte del programa "Ramón y Cajal": un plan puesto en marcha en 2001 que, tras la presentación y evaluación de un proyecto, ofrecía contratos de cinco años de duración costeados por el Estado con el objetivo de reactivar la carrera española en I+D. Tras analizar las características del trabajo, cada investigador iba siendo desviado a diferentes centros e instituciones. No se estaban formando El despacho de abogados que está estudiando el asunto considera, tal y como argumentaron estas fuentes, que la figura "inventada" por la administración -bautizada como "Reincorporación de los doctores al Sistema de la Ciencia"- "no respetó la legalidad" en el caso de un grupo de científicos incorporados a la plantilla del CSIC mediante un "contrato en prácticas, cuyo objetivo es la formación del trabajador". Una formación sin sentido, argumentan los demandantes, ya que, de un lado, el bagaje laboral de este grupo de investigadores era más que extenso y, de otro, su relación contractual, tal y como estipulaba la oferta pública de empleo, estaba "sujeta a una vigilancia continua por parte de un comité nacional evaluador". Aunque hay más de dos mil cuatrocientos científicos "Ramón y Cajal", sólo decenas de ellos toman parte en la batalla legal, ya que a la gran mayoría se les vinculó a sus respectivos centros a través de un contrato por obra y servicio. Expertos en Derecho laboral consultados por ABC explicaron que, de quedar probado el fraude de ley, la consecuencia más normal sería que los contratos de estos investigadores "pasaran automáticamente a ser indefinidos", y la empresa, en este caso el Consejo de Investigaciones Científicas, se vería obligada a "elegir entre readmitirlos o despedirlos". En este último caso, "se trataría de un despido improcedente con una indemnización económica" equivalente a cuarenta y cinco días por año trabajado para cada científico. Además, señalaron estas mismas fuentes, el contrato en prácticas "sólo se puede hacer durante los cuatro años inmediatamente posteriores a la obtención de una titulación" superior y su duración "no puede exceder los dos años". Esta fórmula implica una serie de beneficios y exenciones económicas para las empresas que emplean a los jóvenes titulados que, de prosperar la demanda, "deberían devolver". Inspección de trabajo Además de estas medidas, se procedería a una inspección de trabajo, y la única salida para el Ministerio, aseguraron, sería que "esta inspección determinara que los contratos de estas personas estaban sujetos a temporalidad", aunque la "vía prácticas" no fuera correcta. De hecho, esa falta de estabilidad es la que está detrás de la demanda y de otras protestas, mucho más amplias y que involucran a todo el colectivo, que se están preparando. Los científicos coinciden en que en las bases de la convocatoria "Ramón y Cajal" nunca se aseguró que los contratos fueran prorrogables por otros cinco años, ni que los puestos se convirtieran en indefinidos. Sin embargo, el texto sí pedía a los centros receptores que "articulasen las medidas necesarias para incorporarles como científicos titulares fijos". Por ejemplo, ya se sabe que treinta y tres investigadores del CSIC y hasta doscientos adscritos a otros organismos se pueden ir al paro este año. Y el problema, dicen, "se va a repetir cíclicamente". Tras varias reuniones fallidas con los actuales dirigentes del MEC, los científicos han decidido tomar medidas, y no sólo legales. Mañana miércoles, día en el que se conmemora el centenario de la concesión del Nobel a Ramón y Cajal, protestarán en el Senado. Además, el 31 de marzo tienen previsto manifestarse por las calles de Madrid. Enlaces relacionados: |